El ente nació en 1931, de un acuerdo de partidos tradicionales (del que quedó fuera el Herrerismo), que la historia recuerda con el nombre, elocuente en su vulgaridad, de Pacto del Chinchulín. Se lo dotaba del monopolio nada menos que de la importación, elaboración y venta del petróleo crudo y sus derivados, aparte del monopolio del alcohol, con el mal disimulado fin de crear empleo para repartírselo entre los acuerdistas. Aparte de los legisladores del sector nacionalista excluido, votó en contra el diputado socialista Emilio Frugoni, sosteniendo que los monopolios que se instituían encarecerían la vida del pueblo. Y eso es, básicamente, lo que ha pasado hasta ahora.
Últimamente, a raíz de la disolución de una sociedad que había creado con una pequeña petrolera argentina, en su afán de encontrar mercado para la producción de la refinería de La Teja, el presidente del ente, Eduardo Ache, fue invitado a comparecer ante una comisión del Senado y entrevistado por la prensa. Un periodista de El Observador (17 de julio, p.10) le preguntó: “¿Por qué se descarta importar combustibles refinados de las refinerías regionales?”, y en apoyo de su interrogante consignó algunos hechos: “Existen por lo menos tres (refinerías) en la Argentina”, manifestó, “que producen combustibles más baratos y de mejor calidad.” El entrevistador afirmó al jerarca que el precio en planta de ANCAP para la nafta eco era de US$ 0,54 contra US$ 0,27 en Argentina (100% más cara) y de 0,34 para el gasoil, frente a 0,22 en Argentina (55% más caro). ¿Cómo se puede justificar la producción local?, vino en definitiva a preguntarle.
El presidente comentó: “Buena pregunta”; pero en realidad nunca la contestó. Sin discutir las cifras, ni la inferioridad de la calidad de ANCAP, declaró haber estado entre los uruguayos “que dudaban de la posibilidad genuina de seguir refinando en el Uruguay.” ¿En qué sentido habrán cambiado las cosas desde que él preside el ente? Yo he leído y releído la entrevista sin desentrañar el misterio. El increíble diferencial de costos lo imputa a los gravámenes implícitos en el sistema público, pero no saca la conclusión obvia, de que sólo saliendo de ese sistema puede concebirse que la destilación local deje de gravitar cruelmente sobre las espaldas del pueblo uruguayo. Al contrario, cuando se le habla de desregular el mercado, aduce que eso es resorte del Poder Ejecutivo, no suyo. Resorte suyo resulta ser, eso sí, invertir más en la refinería para volverla viable.
¿De qué inversión estamos hablando? Hasta el presente la refinería, entre su erección y ampliación, se ha tragado ya centenares de millones de dólares. Ahora –según fuentes confiables– se trata de invertir otros US$ 140 millones como mínimo, en una reforma que vuelva la calidad de su producción aceptable en los mercados libres. Argentina, que tenía su propia ANCAP, llamada YPF, ha privatizado ésta y desregulado totalmente su mercado. La importación de crudo, su refinación, su distribución, la importación de derivados, la apertura y el cierre de bocas de expendio, todo eso, cruzando el Plata, es libre, totalmente libre. Los productos de ANCAP contienen impurezas que un mercado libre, por tanto sofisticado, no tolera. ANCAP puede vender a pérdida en Argentina, pero lo que no puede hacer es imponer a un público que está en condiciones de elegir los combustibles que consume.
¿Qué ocurrirá si la inversión no se lleva a cabo? Los problemas que ya ha experimentado ANCAP, pese a su condición de monopolista, por problemas de escala, los que le llevaron a llevar su actividad más allá de nuestras fronteras, se multiplicarán el día que, Mercosur mediante, tenga que aceptar la competencia de otros petroleros también en nuestro país. Es sabido que hoy en día los aparentes competidores –Esso, Shell y Texaco– no pueden hacer otra cosa que distribuir los productos que les entrega ANCAP, a precios oficiales, apenas por una comisión. El día en que el monopolio se levante, cuando ellos y nuevos entrantes al mercado puedan abastecerse de destilados de otras fuentes, a ANCAP sólo le restarán sus propias estaciones de servicio, con la consiguiente pérdida de capacidad utilizada y pérdidas paralizantes.
Claro que ANCAP tendría la alternativa de importar ella misma derivados y cerrar la refinería. Todo indica que ésa sería la solución empresarialmente indicada. Pero, para ANCAP, significaría al mismo tiempo dar el brazo a torcer. Y la torsión de los brazos estatales, cuando para evitarlo se puede ordeñar al contribuyente, es sumamente problemática.
Desde el punto de vista de ANCAP, por tanto, la inversión que proyecta tiene un solo sentido: mantener la refinería en funcionamiento. Uno de los funcionarios que acompañaron a Ache a la Comisión senatorial atribuyó a esa instalación “un valor estratégico”. Para el país, este articulista no lo percibe; al contrario, sería estratégicamente imperioso mejorar la competitividad del país asignando eficientemente sus recursos y evitando encarecimientos artificiales en sectores clave como el de la energía. Para ANCAP, a fin de preservar su poder y sus privilegios, es posible que sí, que el valor estratégico exista.
Queda un argumento posible a enfrentar. Cerrar la refinería, ¿no implicaría perder la inversión de cientos de millones de dólares ya efectuada? Económicamente, se trata de un razonamiento equivocado. Si operar la refinería nos da un retorno negativo, mejor no operarla, sin que importe las inversiones del pasado. De eso no cabe duda. Hay una salida, con todo. Desregulemos el mercado y subastemos la instalación. Si es posible hacerla rentable invirtiendo, ciertamente no faltarán operadores que oferten. Es decir, que estén dispuestos a respaldar su convicción de que el negocio es bueno con su propio dinero. ANCAP quiere respaldar con el nuestro la suya, una enorme diferencia.
Entiendo que el Banco Mundial se negó a financiar esta nueva etapa de un proceso de expansión destiladora, que había apoyado desde el principio. Quizás haya pesado en ello la sobreinversión en refinado que existe en nuestra región, lo que rodea el proyecto de tremendos riesgos. Pero ANCAP aparece dispuesta a endeudarse con banqueros privados, los cuales, ante la garantía del Estado uruguayo, con el investment grade que actualmente se reconoce a su deuda, probablemente estén dispuestos a aportar los fondos. Mientras tanto, la opinión pública uruguaya, como siempre mal informada sobre lo que hacen las empresas supuestamente suyas, y dominada como suele estarlo por un atroz fatalismo, parece destinada a contemplar imperturbable esta nueva aventura. Cuando al contribuyente le llegue el día de ponerse para tapar el agujero, por favor, que no diga que no se le advirtió.