Cumpliendo con la Constitución, el gobierno envió, dentro de los seis meses de iniciado su mandato, un proyecto de ley que llena los requisitos formales establecidos por el artículo 214, a cuyo contenido se lo llama entre nosotros “Presupuesto”. Lo que no quiere decir que lo sea.
Es decir, no lo es si por tal debemos entender lo que suele designarse con ese vocablo en los países más ilustrados, por estos fines de siglo y milenio. Por ejemplo, en Nueva Zelanda. La doctora Ruth Richardson, que acaba de visitarnos y fue ministra de Hacienda de ese país, explicó que allí empiezan la elaboración del Presupuesto definiendo con la debida precisión las cosas que el gobierno se propone realizar, y dejar de realizar. De allí, pasan a determinar los recursos que se necesitan para cumplir los consiguientes objetivos. Contó que, desde que empezaron con ese método, han reducido la carga presupuestal en un 50%.
En alguna medida, algo de eso se hace también aquí. El proyecto enviado al Legislativo dispone el cese del servicio de “mozos de cordel”, creado en la ley de Presupuesto de 1965 y ratificado en 1973. Ello implica que en 1965 se decidió brindar a los viajeros en puertos y aeropuertos el servicio de maleteros a costa del erario público y que ahora se propone que concluya el servicio estatal y, en lo sucesivo, sea “prestado en forma libre por personas físicas o jurídicas que deseen hacerlo por su cuenta y riesgo” según informó El Observador del sábado pasado. La disposición parece poco importante, aparte de hallarse redactada con la grandilocuencia consabida en nuestros documentos oficiales, pese a lo cual veremos que merece atención.
Hay allí varios aspectos a destacar. En primer lugar, que –por más que sea insólito– es posible en Uruguay hacer cesar un servicio previamente prestado por el Estado y transferirlo a la actividad privada. Se tratará sólo de una microprivatización, pero el principio es lo que interesa. También sirve la modesta innovación para demostrar que por medio del Presupuesto se puede reducir la plantilla laboral del gobierno, a la que muchos erróneamente atribuyen intangibilidad constitucional. Por tanto, que es posible liquidar una actividad gubernamental sin transferir el personal a otras reparticiones. A los mozos de cordel cesados se les autoriza a cobrar su sueldo sin trabajar durante un año, y seis meses cuando sean jubilables, lo cual está muy bien, porque esta clase de medidas no debe causar más perturbaciones sociales que las inevitables. Como su razón de ser está en el largo plazo, no corre prisa poner en práctica la reducción del gasto.
Pero esta decisión es, aparte de menor, aislada. ¿Qué habría acontecido si el gobierno se hubiese planteado asimismo si seguiría prestando asistencia a los enfermos menesterosos en sus propios establecimientos, cuyos locales y equipamientos vendería en caso contrario, tercerizándose el servicio, seguramente con suculentas economías? ¿Y si hubiese considerado transferir las escuelas primarias y secundarias a los municipios, como se hizo en Chile, negociando la consiguiente prestación con las intendencias? Al mismo tiempo, tal vez, previendo una conversión de los rubros de enseñanza para permitir a los padres elegir la escuela privada a la cual enviarían a sus hijos, con dinero extraído de los impuestos. Todavía, inquiriendo si la injerencia del gobierno en el deporte no representa un paternalismo indefendible en una democracia liberal, y si las funciones de una secretaría de Turismo no incumben más bien a una cámara empresarial privada. Si se hubiesen dejado impulsar por esa onda, que es la onda del momento, probablemente se habrían preguntado también si no convendría tercerizar al mismo tiempo el servicio de cárceles, con reducción del costo, mejora de las condiciones de vida de los reclusos y de sus posibilidades de rehabilitación, a estar a una difundida experiencia internacional. ¿Y si asimismo se tercerizase la Policía Caminera, concertando con los agentes privados que la asumiesen un pago que tomase en cuenta la reducción de accidentes carreteros? ¿Qué tal, finalmente, hacer que hubiese en el país una sola Policía de los alimentos, en lugar de 20 servicios bromatológicos paralelos?
Todo ello –y conste que hay una miríada de otras actividades del Estado que se podrían eliminar o privatizar con enormes ventajas, por lo que lo que antecede es sólo a vía de ejemplo– todo ello, decía, abre perspectivas difíciles de imaginar. Ya mencioné que con medidas de este tipo los neozelandeses redujeron el costo del Estado a la mitad. Con que nosotros lo redujésemos en un 25%, el país se volvería irreconocible. Se abatiría el déficit, se cancelaría deuda pública, los servicios mejorarían, la productividad media del trabajo daría un gran salto adelante, la inversión crecería espectacularmente y el desempleo –sí, pese al cese de miles de funcionarios públicos– se abatiría, según el sector privado entrase a procurar recursos humanos para sustituir a los servicios estatales discontinuados y satisfacer una demanda de bienes y servicios en general potenciada por la reducción de los impuestos. La mayoría de esos beneficios se comenzaría a cosechar apenas aprobada la ley, porque el impacto psicológico –es decir, la conciencia de que el país habría cambiado, su gobierno habría optado por una estrategia dinámica y las vacas sagradas marcharían al matadero– se haría sentir sin tardanza.
Es lamentable, pero no ha sido así. En materia presupuestal la Constitución le entrega a cada gobierno un revólver con una sola bala en el tambor, y éste ya tuvo su oportunidad de disparar el suyo. Hay en el proyecto buenas iniciativas, pero están lejos de reunir la masa crítica requerida para que el país ponga en marcha la reacción en cadena del crecimiento. En esencia, el Presupuesto no ha diferido de los que se han vuelto tradicionales. Como las principales reacciones populares lo demuestran –los paros en la enseñanza, en los juzgados, en la salud, etcétera, convertidos ha largo tiempo en un ritual– básicamente el Presupuesto es un tire y afloje sobre las remuneraciones de la burocracia, tan hipertrofiada e ineficiente como de costumbre. Y nada más.
Con un presidente lúcido, informado, imaginativo, ¿por qué ha de ser así? Es una pregunta difícil. Yo me inclino a pensar que Jorge Batlle está apostando a unificar espiritual y moralmente al país antes de entrar en acción. De ahí su precoz afán por borrar las cicatrices de la dictadura y su actual énfasis en exaltar la figura de Artigas. Se trataría de buscar la unidad nacional en el pasado común. Me habría gustado que le diese una oportunidad, como argamasa, a un proyecto de desarrollo. En torno más a la imaginación que a la memoria. Ruth Richardson dijo que los uruguayos nos enamoramos de nuestro pasado, y que a ella le gustaría que nos enamorásemos también de nuestro futuro. Yo estoy de acuerdo.