La democracia es, como todos sabemos que dijo Churchill, el peor sistema de gobierno; con excepción de todos los demás. Pero, en los hechos, el juicio adverso que muchos compartimos con aquel gran estadista admite grados. Este artículo es sobre los riesgos que hay que sortear para que lo peor sea lo mejor posible.
En mi opinión, el peor peligro radica en el concepto de que el gobierno, si ha sido elegido popularmente, es inherentemente confiable. Todo aquello del habeas corpus y del debido proceso y de las garantías del derecho de propiedad frente a la rapacidad del Estado, son instituciones de otra época, cuando gobernaban reyes sedientos de poder u oligarquías insaciables de riquezas. Ahora que nos gobernamos nosotros mismos, se han vuelto obsoletas, y las conservamos en la Ley Fundamental sólo por inercia. Disposiciones de la era democrática son las que instruyen al Estado para que nos asegure a todos viviendas decorosas, procure nuestro perfeccionamiento físico y moral y proteja a la familia. El Estado es un dispensador de bienes. ¿El Estado democrático fuente de males, contra los cuales haya que prevenirse? Imposible.
Se trata de un grave error. Para probarlo voy a recabar el testimonio de un demócrata por encima de toda sospecha: Thomas Jefferson. En la 8ª de las Resoluciones de Kentucky de 1798, sostuvo que “el gobierno libre se basa en la suspicacia, no en la confianza” y, consiguientemente, el propósito de las constituciones es limitar al gobierno, “restringir a aquellos a quienes nos vemos obligados a confiar el poder.”
Esta noción abandonó hace mucho nuestro acervo cultural. Pivel Devoto, nuestro ilustre historiador, en su opúsculo Uruguay a fin del siglo XIX, luego de describir el liberalismo que había predominado durante aquella centuria, expresa que “…llegamos a fines del siglo dentro de una posición casi de desconfianza frente al Estado” (mi énfasis); para precisar en seguida que “(t)odo cambia completamente al llegar al siglo XX.” ¡Si podrá haber cambiado! Hoy en día gran número de las leyes políticamente importantes son inconstitucionales, y la renuencia de la Suprema Corte en declararlas tales no podría ser mayor. Sobre esa base democracia y libertad caminan por sendas divergentes.
El segundo peligro que acecha a la democracia es la confusión entre gobierno fuerte y gobierno autoritario. Estamos precisamente ahora viviendo uno de los intervalos quinquenales de la legalidad. Mientras se procesa el Presupuesto en el Legislativo, todo está permitido. Lo más visible en esta oportunidad ha sido la ocupación ilegal de los liceos por los alumnos, pero toda clase de servicios esenciales, como la Justicia, de esos que los libros dicen que no se pueden detener nunca porque es de la esencia del Estado mantener su continuidad, sufren largas interrupciones sin que las autoridades gubernamentales se inmuten y la rebeldía ciudadana salga de su letargo.
Eso no es democracia. Para probarlo recurro a otro testigo. Esta vez es el insigne sociólogo alemán Max Weber, socialdemócrata e insospechable de autoritarismo. Weber se encontró con el mariscal Ludendorff en la conferencia de Versalles, después de la primera guerra mundial, y mantuvo con él una larga conversación. Ludendorff, dando por sentado que Weber se identificaba con el régimen de Weimar le reprochó el desorden que imperaba en Alemania bajo tal democracia. Weber repuso: “No creerá usted que yo pienso que el repugnante régimen que tenemos actualmente es una democracia.” Ante la sorpresa de su interlocutor, Weber se explicó: “En una democracia el pueblo elige a un líder en quien confía, y éste les dice: ‘Ahora cállense y obedezcan.’ Después pueden juzgarlo, y si no ha cumplido, al patíbulo con él”.
Hace poco recordaba que Tocqueville comentaba con aprobación el rigor con que las autoridades democráticas de EEUU aplicaban la ley. Esa es la única manera en que un régimen democrático puede ser estable. En la democracia permisiva, en la que cada cual puede hacer lo que se le antoja si es suficientemente fuerte, la libertad degenera en anarquía. En “La República” Platón se burla de la democracia ateniense haciéndole decir a Sócrates: “Nadie que no lo haya visto creería de cuánta libertad gozan los animales domésticos en una democracia… los caballos y los asnos adquieren la costumbre de andar por la calle con la dignidad de ciudadanos, llevándose por delante a quienquiera que se les cruce en el camino.” Un ansia de orden, aun a costa de despotismo, es lo único que cabe esperar en esa clase de situación.
Un tercer peligro consiste en presumir que la democracia se realiza en plenitud cuando la mayoría puede hacer su libertad sin cortapisas. Esa premisa conduce a los institutos del plebiscito y del referéndum, que suele entenderse caracterizan la “democracia directa”, y a facilitar al máximo, como nosotros hemos hecho, el recurso a ellos. El error fundamental al respecto consiste en suponer que en una democracia la razón no tiene ningún papel que cumplir, ya que la voluntad de la mayoría es omnipotente. ¿A santo de qué, entonces, haber estructurado uno de los poderes del Estado, nada menos que el Legislativo, como órgano deliberante? De ser el gobierno cuestión de voluntad pura, el mandato imperativo sería de orden, y la discusión parlamentaria ociosa.
En nuestro régimen un proyecto debe discutirse en dos cámaras antes de transformarse en ley, lo que conlleva el análisis en comisiones y, si la materia lo reclama, la consulta a expertos. Por descontado, en cada cámara el proceso culmina en el conteo de brazos levantados a favor y en contra de una moción. Pero, ¿es concebible que todo el proceso parlamentario del proyecto sea un mero ritual vacío de significación? ¿No es acaso imperativo pensar que los legisladores llegaron al momento de la votación con una mejor comprensión del contenido del proyecto y de sus presumibles consecuencias de la que tenían en un principio? ¿No es hasta la propia arquitectura del Palacio Legislativo un homenaje a la Razón que debe presumirse soberana en su ámbito? ¿Es concebible que la mera fuerza numérica de las balotas pueda reducir a polvo todo aquel trabajoso ejercicio del logos? ¿No es obvio que si la democracia directa prueba irrefutablemente la superfluidad del Parlamento representativo, éste estará condenado, más tarde o más temprano, a desaparecer? Con consecuencias difíciles de prever, pero sin duda inquietantes.
Sin que una democracia en la que la ciudadanía contemple con suspicacia al gobierno, que aplique la ley con firmeza y que reduzca al máximo las consultas directas al electorado se convierta en un régimen ideal, de todos modos, ¡cuánto mejor sería que lo que tenemos hoy!