Es posible que en un país coexista la anarquía con un Estado de grandes dimensiones? En principio diríase que no, que el principio de contradicción cierra el paso a tal posibilidad. Pero la realidad uruguaya parece decir lo contrario. Tenemos un sistema judicial que no funciona, registros imprescindibles para transmitir la propiedad inmueble, constituir hipotecas, cancelarlas y ejecutarlas, y análogamente con las prendas, que tampoco funcionan, un Registro Civil que funciona a tropezones, una universidad estatal cerrada por huelga, un sistema de salud oficial que carece de la continuidad que es la esencia de todos los servicios del Estado, y en conjunto del orden público… En una palabra, en estricto rigor, hoy en Uruguay no hay Estado. Sin embargo, los edificios públicos siguen ocupando sus conspicuas posiciones y una burocracia tan gigantesca como onerosa sigue gravitando sobre nuestra economía. Hay sólo un mundo en el cual los principios no cuentan y los términos contradictorios se pasean de la mano: el mundo de los sueños. Y, entre las manifestaciones oníricas, no cabe duda acerca de cuál sea la que padecemos: una pesadilla.
Lo que refuerza la sensación que tiene uno de estar viviendo un mal sueño es el absurdo que en él campea. Que viene por dos lados: por el de los funcionarios, que rehusan su cooperación para que el Estado no entre en crisis, y el de los gobernantes, que hacen como si nada anormal sucediese. Lo primero porque, si hay algo evidente bajo el sol, es que las reclamaciones que se formulan al gobierno son imposibles de conceder. La actitud de los huelguistas, con su talante irritado, parten de la base de que ellos son víctimas de una negativa recalcitrante de las autoridades a atender sus justas aspiraciones, sólo atribuible a su oscurantismo o perversidad. Por lo que la presión que ejercen tende en último término a realizar valores de justicia y eficiencia en el manejo de la cosa pública.
Cuando, de hecho, lo que el funcionario huelguista en el fondo está diciendo es: los recursos que pido, sáquenselos a quienquiera que fuere y démenlos a mí. Porque los recursos materiales son limitados, y no se pueden multiplicar por ley. Lo que ese funcionario está diciendo, si traducimos su discurso del lenguaje onírico al idioma de la realidad, es: Yo soy más merecedor que otros de disponer de los recursos que reclamo, quítenselos a ellos y démenlos a mí. Esos “otros”, que deberían ser postergados, no pueden ubicarse más que en dos grupos: el de los restantes funcionarios y el de los contribuyentes de impuestos. O bien se trata de cerrar algunas de las numerosas oficinas públicas cuya contribución al bienestar de la comunidad es nulo o negativo, o bien de crear o aumentar gravámenes. Noten que si el ministro de Economía hiciese la fácil y dijese a los descontentos: pónganse en fila y váyanme dictando el monto que desean para sus rubros, que los incluyo en seguida en el proyecto, estaría, o bien imposibilitándose para cumplir la ley presupuestal o bien resolviéndose a emitir dinero, con lo cual –siendo la inflación un impuesto– estaría apelando a uno de los expedientes ya enumerados.
¿No podría racionalizarse lo que ocurre diciendo que el derecho uruguayo, a través de su reconocimiento universal del derecho de huelga, está creando un sistema paralelo, y complementario, para arbitrar entre los distintos intereses, de funcionarios y contribuyentes, que entran en conflicto a propósito del Presupuesto? En definitiva resolverían el Ejecutivo y las Cámaras, pero recién después de una instancia en que los distintos sectores de la burocracia demostrasen cada uno su poder negociador y la firmeza de su militancia. Una especie de torneo medieval, de aquellos en que los caballeros cruzaban sus espadas por ver quién tenía razón. Sé que suena estúpido, pero algún ingrediente de estupidez hay que incluir en la situación, o el proceso no cierra.
No cierra, sobre todo, después de ver lo que ocurre del otro lado, del lado de las autoridades, cuya pasividad ante la paralización del Estado –lo que equivale a su caducidad– integra el absurdo de toda la cuestión. Pasividad absoluta, que abarca tanto el no hacer como el no decir. Mientras que el derecho no las deja totalmente huérfanas de medios para defender su baluarte, sitiado por los funcionarios rebeldes. La Constitución conmina a los gobernantes a que mantengan la continuidad de los servicios públicos, razón de ser del poder que se deposita en sus manos. Pues entonces, si los funcionarios se alzan contra el deber de aplicar sus fuerzas a cumplir servicios esenciales, la ley permite a aquéllos intimarles a que lo acaten, so pena de la ilegalidad de su huelga, y de la consiguiente pérdida de sus cargos, sin perjuicio de las otras “medidas necesarias para mantener esos servicios…”. Lo que el legislador no concibe es que, ante la paralización de los servicios esenciales, las autoridades miren en otra dirección. No concibe, en una palabra, aquello mismo que se ha convertido en la experiencia nuestra de cada día, hace de esto ya meses. Es como si lo insólito hubiese devenido cotidiano; lo impensable, trivial.
Con ser esto de la mayor gravedad, no es, para mí lo más asombroso. Lo que yo no acierto a explicarme, antes aun que la inacción, es el silencio de las autoridades. A las autoridades les piden aumentar tales y cuales rubros del Presupuesto, para lo cual carecen de recursos. Si accediesen, asistiríamos a una gran catástrofe, que paralizaría al país por razones más difíciles de obviar que las presentes, y de mayor amplitud de efectos aún. ¿Cómo los gobernantes no indagan de los revoltosos a qué fuentes de recursos su acción pretende dirigirlos? ¿Cómo no les preguntan qué impuestos proponen implantar, o aumentar? ¿Cómo no inquieren si el aumento del desempleo que una elevación de impuestos conllevaría sería un sacrificio que estiman aceptable para la satisfacción de sus demandas? Nada. De todos modos, presuntamente se dicen, un día el calvario de decenas o centenares de miles de víctimas va a cesar. Por lo menos hasta la siguiente instancia presupuestal.
En el fondo, tanto los reclamantes como los reclamados comparten una misma rebelión contra la lógica. Un mismo desconocimiento del principio básico de que la condición humana está signada por la escasez de los recursos. El de unos, al pedir que éstos sean aumentados por ley; el de otros, al no destacar que se pretende forzarles a superar una valla inherentemente impasable. Me viene a la mente la sentencia de Thomas Sowell: la primera lección de la economía consiste en tomar conciencia de que los recursos materiales son esencialmente limitados; la primera lección de la política consiste en olvidar la primera lección de la economía. Habiendo los funcionarios omitido asistir a la primera lección de la economía, y nuestros políticos aprendido tan consumadamente la primera lección de su asignatura, henos aquí en un berenjenal.