Este año promete ser “divertido” –como le gusta decir a Jorge Batlle– en materia de política económica. Bienvenido contraste con el año pasado. Se ha hablado de poner fin al grueso de los monopolios estatales, lo que haría de él un año, aparte de divertido, histórico. Y, en cuanto al caso ANCAP, las cosas han comenzado a tomar forma, si bien aún amplias áreas del panorama permanecen veladas por, como quien dice, neblinas matinales. Han trascendido dos noticias que suenan claras: que la remodelación de la refinería se llevará a cabo y que la inversión no la realizará ANCAP. Para mí ambas son buenas noticias. Está bien que el Estado no pretenda desatarse del vínculo que contrajo con un contratista pagándole la multa pactada. El pago de daños y perjuicios es una consecuencia del incumplimiento del contrato, no una forma alternativa de cumplirlo. Y un país que quiera preservar su buen nombre, y su decoro, no debe incumplir contratos, aunque duela. Como va a doler en esta instancia, según veremos antes de concluir. También es buena noticia que ANCAP no haya de ser el inversor, si bien esto es parte de lo que está envuelto en brumas. Para que no fuese el inversor, ANCAP tendría que vender La Teja a quien fuese a poner el dinero para completar la ampliación de la planta. Sin embargo, la prensa dice que ANCAP está buscando un socio para que ponga la plata. Y, si ese eventual tercero se transforma en socio de ANCAP, ésta asimismo tendrá que invertir. Porque todavía nadie ha conocido una sociedad en que un solo socio haga toda la inversión. Supongamos que la refinería se desprende de ANCAP y pasa a pertenecer a una sociedad de ésta con una empresa extranjera, consistiendo la inversión de ANCAP en el aporte de la planta en su estado actual. Esto lo estropearía todo. Mientras ANCAP, o el Estado, estén interesados en el resultado de la refinería, no podremos tener un mercado libre de combustibles, a precios internacionales. Piénsese en la imposibilidad en que el país se encuentra de tener mercados razonablemente libres en materia de seguros y de correo, por el imperativo a que los gobiernos se someten de defender sus propias entidades. Y, si hay alguna empresa en el exterior dispuesta a asociarse con ANCAP pagando el precio de la remodelación de la refinería, tiene que ser porque sabe eso exactamente e invierte para ocupar un puesto de privilegio en el mercado. La otra razón posible para que una empresa petrolera compre aquello de que ANCAP, o el gobierno, quieren desprenderse, sabiendo que es un mal negocio, es por recibirlo a un precio suficientemente bajo como para volver su explotación competitiva pese a la inadecuada localización. ¿Por qué razón una empresa vendría a refinar crudo a Uruguay, que no produce crudo ni es un mercado importante de destilados, si no fuese porque se le promete una posición dominante en el mercado, al amparo de la competencia; o, alternativamente, porque podría hacerse de una planta refinadora por un valor muy inferior al precio internacional del equipo. Y al país la única de las dos soluciones que le serviría es la segunda. Le costaría dinero, pero esa pérdida no la estaría haciendo ahora: la ha estado haciendo, y la seguirá haciendo, desde que se embarcó en esa aventura insensata de la que ahora no sabe cómo salir: la de refinar crudo con una empresa gruesamente ineficiente, vuelta más ineficiente con cada nueva inversión, hecha supuestamente para superar el carácter antieconómico de la empresa, sin atacar las verdaderas razones de la ineficiencia, que básicamente son las mismas de todo el sector de empresas públicas: el sobreempleo, la falta de motivación del personal, la inamovilidad del personal, la baja calidad de la gerencia a todos los niveles, la autoridad central colegiada, confiada –por si la colegia- lidad no fuese suficientemente dañina– a políticos que en su mayor parte carecen de la capacitación mínima para dirigir cualquier empresa y, ni hablar, naturalmente, de las mayores del país; y que, en ciertos casos, además tienen ambiciones políticas que les llevan irresistiblemente hacia inversiones faraónicas. Permítaseme resumir lo que creo que debería hacerse. Lo primero es precisar el objetivo. Si elegimos una meta de corto plazo, como evitar el desembolso de US$ 120 millones, o lo que en realidad resultare, estaremos invitando al desastre a quedarse indefinidamente entre nosotros. El verdadero objetivo tiene que ser de largo plazo. Estratégico. Lo que queremos es comenzar a devolverle la competitividad internacional a Uruguay. Entre diversas otras cosas, ello implica que ANCAP no refine más crudo; que, si alguien refina en el país, sea una empresa que lo haga por su cuenta y riesgo, con lo que las pérdidas, si también las tiene, serán el problema de los accionistas, no de los uruguayos. De acuerdo con las cifras de CERES, dadas a publicidad en diciembre, y no controvertidas por nadie, que ANCAP destile sus productos le cuesta al país US$ 270 millones al año. Es decir que, si consideramos la operación a precios internacionales, sin tomar en cuenta impuestos, los insumos que ANCAP utiliza valen US$ 270 millones más que los productos que se obtienen. Es como si en la plaza Independencia se organizase la incineración de recursos ofrecidos como sacrificio ante el altar de un dios torvo e insaciable. ¿Puede el lector imaginarse lo que significa la quema de mercancías por valor de US$ 270 millones? Lo que es a mí, la imaginación no me da para lograrlo. La única salida, entonces, está en la venta de la instalación de La Teja. Hay que suministrar a algunas empresas petroleras la información del caso, incluso los planos y contratos relativos a la ampliación en proceso y solicitarles cotización. Y adjudicársela al mejor postor. Claro que van a ofertar menos que el costo amortizado más el monto de la inversión en trámite. No cabe duda de que, a quien vende un activo mal concebido, del que por ello mismo quiere deshacerse, nadie le va a pagar lo que le costó. Es de elemental sentido común. Y esa pérdida nos servirá al menos para evaluar los disparates cometidos. Es como si se quisiera vender la torre de ANTEL: la diferencia entre el precio de venta y el costo sería la cuantificación económica de la insanía que se cometió erigiendo esa estupenda estructura “en medio de la nada”, al decir de Ruth Richardson. La reacción positiva del presidente de la República, en cuanto a acabar con los monopolios estatales, abre una esperanza para un país que parecía hundirse en una ciénaga. Eliminar los monopolios legales no resolverá todo el problema, pero sí buena parte de él. La refinería de ANCAP nos sitúa ante la primera encrucijada de esa marcha hacia la restauración de la prosperidad uruguaya. No podemos errar el camino.