Fue una ocasión histórica. El 18 de abril de 2001 el presidente de ANCAP, Jorge Sanguinetti, resolvió decirle la verdad a los uruguayos sobre la empresa pública cuya máxima autoridad ejerce. Implícitamente dijo que, frente a su deber de cuidar de la imagen del ente que preside, debía privar el derecho de sus conciudadanos a conocer los hechos pertinentes, tal como esos hechos son. Por desfavorable que fuere su repercusión sobre la gestión de los diversos directorios que precedieron al suyo, incursos todos, por décadas, en el doble ilícito de dejar que sus propios intereses políticos inflaran la burocracia de la entidad, al punto de volver monstruosa su ineficiencia y, lo peor de todo, engañar a sus conciudadanos al respecto, diciéndoles que todo iba bien, y ocultándoles que estaban siendo víctimas de una expoliación incalificable.
Antes de seguir adelante, permítanme los lectores refrescarles la memoria sobre el contenido de la información transmitida al público por el presidente Jorge Sanguinetti. Dijo que Uruguay despilfarraba US$ 190 millones por año por su ineficiencia; que refinar un barril de petróleo le costaba US$ 11, por comparación a entre US$ 3,50 y 4 que insumía en la región, y el costo de US$ 2 a que se limitaban los países más desarrollados. Y aclaró que todo ello se debía a ineficiencia, no a transferencias de los consumidores de combustibles al sector público. Precisó que el personal de la refinería era del orden de 10 veces el que empleaban las empresas del ramo en la región, con lo cual el sobrecosto que el pueblo uruguayo lleva sobre sus espaldas poco necesitado está de explicaciones adicionales.
Los lectores recordarán, asimismo, las declaraciones del vicepresidente de ANCAP, Emilio Martino, publicadas en El Observador el 15 de febrero último, emitidas en ocasión de un artículo mío que comentaba el informe de Ceres sobre los monopolios estatales. Decía en aquella ocasión el vicepresidente, en lo que respecta a mis afirmaciones sobre la sobrecarga de personal, que yo lo ignoraba todo acerca de cómo trabajan las refinerías de petróleo, aun las más modernas. Una respuesta mía, publicada en el mismo medio, insistía en que, dadas las relaciones de productividad normales en empresas privadas de la región, La Teja tendría que funcionar con 215 trabajadores, en lugar de los 2.864 que aproximadamente ocupa en la actualidad. En otras palabras, sostenía que con el 7,5% de la plantilla actual se podría hacer funcionar la instalación. Las declaraciones del presidente Sanguinetti nos participaron que alcanzaría con un 10% del personal actual. O sea que mi afirmación ha quedado prácticamente confirmada, y el vicepresidente del ente patentemente desmentido.
También resultaron sustancialmente confirmados los cálculos de Ceres en cuanto al monto de los despilfarros en que ANCAP incurre. Ceres los estimó en US$ 270 millones al año, pero incluyendo la renta monopólica que cobra el ente, por encima de los impuestos que recauda, que situó en unos US$ 70 millones, con lo que resulta un sobrecosto derivado directamente de la ineficiencia, es decir, de los recursos que malgasta, de la riqueza que incinera, de US$ 200 millones; que es casi exactamente la cifra enunciada específicamente por el presidente de la entidad. Mientras que el vicepresidente Martino había dicho que los números de Ceres representan un error tan grosero que se descalifican por sí mismos. Aparte de aseverar que el sobrecosto de los combustibles refinados asciende a sólo US$ 24 millones anuales, enteramente imputables a cargas fiscales diferenciales, y que, en lo debido a ineficiencia, la magnitud del sobrecosto de la refinería es cero. En vez de los US$ 190 millones que ahora reconoció el presidente de la institución.
¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? El engaño público a la ciudadanía uruguaya, incontestablemente probado, ¿qué consecuencias va a tener? Quizá la dimisión del vicepresidente ya haya sido presentada, o esté a punto de serlo. Pero, si así no fuere, no queda sino recordar que la Constitución de la República autoriza al Poder Ejecutivo a destituir a los directores de los entes que incurran en actos que afecten el prestigio de la institución a que pertenezcan. Y, seguramente, no habrá nadie que ponga en cuestión que un director que enfrenta críticas usando datos falsos actúa en la manera que la Ley Fundamental condena, y que, más allá de ello, denigra el honor de la República en su totalidad
Pero eso, por más que debe ocurrir, porque la ley lo manda, y es justicia, no va a arreglar las cosas. El país está metido, con sus empresas públicas, en un gran berenjenal. Mientras ellas representan una carga económica insoportable, hay grupos políticos que se aferran a su preservación. Más aún, la izquierda, que representa la fuerza política mayor, no parece tener otra idea que la de mantener a toda costa ese patrimonio de empresas que, sin lugar a dudas, sólo sirven para sustentar los privilegios de unos pocos, al tiempo que aportan un nefasto factor de pobreza y frustración para la gran mayoría del pueblo, así como son la causa principal de la emigración y de la trágica despoblación de nuestro territorio.
Dentro de ese panorama desolador, tenemos que regresar a las palabras de Jorge Sanguinetti, con cuyo comentario este artículo comenzó. Palabras que emitieron un destello de sinceridad, capaz de iluminar una visión de futuro en la que Uruguay recuperaría la imagen de tierra de promisión que proyectaba al mundo hace 100 años; pero que, al mismo tiempo, contuvieron un tremendo contrapeso de pesimismo, que neutralizó el grueso de sus efectos. Luego de señalar el tremendo despilfarro de recursos que genera la operación de La Teja y de afirmar que lo óptimo sería cerrarla e importar los combustibles, afirmó que las circunstancias del país lo impedían. “Si Uruguay no tuviera refinería”, manifestó, “sin duda era el camino para seguir, pero tenemos la refinería, tenemos un sistema político, tenemos que hacer una reforma del Estado, hay resistencia hacia las reformas del Estado con sus consecuencias sociales...” Resultado: que debemos renunciar al óptimo y transar con una solución que se quede a mitad de aquel camino ideal. Presuntamente, para siempre. Lo mismo que con todas las demás empresas estatales. Y, ¿cuáles serán las consecuencias sociales de una solución truncada? ¿De una estructura económica inferior, instalada a perpetuidad? ¿No querrá decir que nos iremos quedando cada vez más a la zaga de la región y del mundo? ¿No significará que nuestro vetusto socialismo ha de persistir detrás de una muralla inexpugnable? No hecha de bloques, como la de Berlín, sino de intereses creados y de mitos, que por lo visto son mucho más resistentes. Pues yo, señores, me resisto a aceptarlo. Una vez que, desde dentro de la propia fortaleza, nos reconocen que ella debe caer, no creo que exista otra alternativa que la de empuñar nuestras piquetas y aprestarnos a la demolición.