En el oportuno debate sobre educación que suscitaron las declaraciones del presidente de la República hace un par de meses, llama la atención el papel insignificante que se ha asignado a la alternativa de otorgar a los padres libertad para elegir la escuela para sus hijos, una opción cuyo ejercicio no estuviese sujeto, como lo está ahora, a la disponibilidad de medios económicos de cierta entidad.
El ministro Mercader, en una reunión de la Comisión coordinadora de la enseñanza, sostuvo que somos todos “laicistas”, sólo que hay dos laicismos, uno revisionista –el de Batlle y el suyo– y otro conformista, que asoció con la consejera Tornaría. Es una clasificación incompleta de las posiciones. Están, además, los que no creen en la laicidad, por ejemplo -como es mi caso- por entenderla imposible, y proponen que el Estado limite básicamente su intervención al plano financiero, cobrando impuestos para apoyar la elección de los padres, en lugar de gastar lo recaudado en su propio sistema. Ello me parece sorprendente, luego de haber desempeñado esa controversia un papel protagónico durante la reciente campaña electoral de EEUU, Bush apoyando la libertad de elegir de las familias y Gore situado del lado opuesto. Aparte de tener vigencia dicho sistema en Chile, partes de Brasil y muchos otros lugares.
¿Qué argumentos se han opuesto a la alternativa de las escuelas libres? Dos, según creo: el igualitarismo –para evitar las diferencias sociales que se remontan a la escuela– y la protección a los niños, debida por el Estado en mérito a su desvalimiento, incluso frente a las decisiones de sus padres sobre su educación. En nuestro país hemos oído sostener la segunda tesis, notablemente por Carmen Tornaría. En otra etapa del debate, originado aquél en torno a la reforma de Rama, ya había sostenido que la libertad de los padres para elegir era incompatible con la libertad de sus hijos, quienes requerían por ello la protección del Estado. Recientemente –el 20 de abril, en un programa de TV– la educacionista sostuvo que quienes defienden “la libertad de elegir” de los padres afirman implícitamente que sus hijos “les pertenecen”. Y, por tanto, las escuelas libres, parece necesario colegir, cosificarían a los niños.
Durante la etapa presente se le unió una segunda voz. En El País del 22 de abril, Carlos Maggi se expresó así: “Observo una inconsecuencia en la argumentación católica: cuando del aborto se trata, la Iglesia hace valer la personalidad del niño desde el momento de su concepción: suprimir una vida embrionaria es un homicidio... Pero cuando se trata de la enseñanza, los voceros de la Iglesia Católica anteponen la libertad de los padres a la libertad de los hijos, no atienden a la personalidad de los menores...”
Me parece, la de ambos, una tesis insostenible. Por de pronto, si la elección de la educación implica propiedad sobre los niños (Tornaría), y no se permite por ello a los padres ejercerla, entonces tendrá que ejercerla el Estado. La pertenencia, el dominio, entonces incumbiría al Estado. No a los padres sobre sus hijos; sí al Estado sobre ...¿quiénes? ¿Sus siervos, tal vez? Si el derecho de los padres a elegir equivale a anteponer la libertad de los padres a la de sus hijos (Maggi), ¿cómo es que el Estado resulta legitimado para actuar igual?
Obsérvese además la inconsistencia de la argumentación. Si se trata de evitar la cosificación de los niños (Tornaría) o cercenar su libertad (Maggi), ¿cómo es que nuestra Constitución autoriza la enseñanza privada? ¿Cómo es que discrimina en tan exaltada materia contra los chicos de familias pudientes, que pueden ser cosificados, y sus libertades conculcadas, impunemente? ¿No dice la misma Carta que todas las personas son iguales ante la ley?
Por supuesto, hay mucho más. ¿Es que los distinguidos intelectuales de cuyas opiniones me hago cuestión tan poco frecuentan nuestra Ley Fundamental, que han olvidado lo que dice sobre la familia y la educación? El artículo 68, después de garantizar la libertad de enseñanza, limita la intervención del Estado en la materia apenas al mantenimiento de la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Por si esto fuera poco, agrega: “Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros e instituciones que desee.” Y, por si tampoco ello se juzgare suficiente, en el artículo 40, dispone: “La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.”
Salta a la vista que la relativa estimación que cada uno tenga de la familia y el Estado inclinará el fiel de la balanza a favor de la libre elección de los padres para la educación de sus hijos, o contra ella. Mi crítica basada en la Constitución a las opiniones que comento no es definitiva: en un país libre los ciudadanos tienen derecho a discrepar con la Constitución. Pero nadie que tenga en más al Estado que a la familia en la educación de los niños y jóvenes deja de aliarse con la tiranía contra la libertad. Nada es más característico de la filosofía totalitaria que esa inversión de la estimativa liberal. En Mein Kampf, Adolf Hitler, a propósito de la familia, decía: “El matrimonio no puede ser un fin en sí mismo, sino servir un único fin mayor: el aumento y preservación de la especie y la raza. Ese sólo es su significado y ésa su misión.” Por supuesto, de la formación intelectual, moral y espiritual de la prole se ocuparía el Reich alemán
Vale la pena recordar también lo que John Stuart Mill tenía que decir sobre la educación estatal. Este liberal paradigmático (autoproclamado “socialista” en su autobiografía) luego de reconocer el deber del Estado en cuanto a promover la educación, a propósito de que el propio Estado debiese ejercer el magisterio, en Sobre la libertad, afirmaba: “Una educación general a cargo del Estado no es más que una estratagema para moldear a la gente de modo que todos sean idénticos entre sí; y según el molde preferido por el poder dominante... lo cual, en tanto se haga eficientemente y con éxito, establece un despotismo sobre las mentes, conducente por natural disposición también al despotismo sobre los cuerpos.”
El país tiene que agradecer a su presidente por el acierto en dar el “puntapié inicial” de ese debate (para continuar con la terminología futbolística con que aquél efectuó su planteamiento). La gente tenía ganas de hablar y de escuchar sobre este asunto, que le toca de cerca, y ahora se las está sacando. Además ¿quién dice que no se nos irán aclarando las ideas a los uruguayos sobre este tema crucial, y podamos zafar de la ciénaga mental en que nuestro sistema docente ha caído?