El presidente de la República ha formulado importantes declaraciones sobre el tratamiento de las empresas públicas en la Constitución. Dijo que, si tuviera fuerzas para ello, “sacaría el capítulo entero de los entes autónomos de la Constitución de la República”. Esa opinión no ha recibido la atención que merece. En realidad ella, aparte de carecer de precedentes en nuestro discurso político, pone el dedo en la llaga económica que el país viene padeciendo desde 1917. En aquel año se reformó la Constitución, fundamentalmente para modificar la estructura del Poder Ejecutivo, pero de paso para zanjar una cuestión teórica sobre si el Estado podía o no llevar a cabo operaciones comerciales, industriales o bancarias. Ello era innecesario porque por el mundo los Estados llevaban siglos haciéndolo –si bien en el siglo XIX mucho menos que antes y después– sin pensar que sus constituciones tuviesen que ver con tal asunto. Aquí el punto se planteó de otra manera, desde el ángulo legalista que ya comenzaba a distinguir al Uruguay. Y los liberales de la época, por adoptar ese enfoque, fueron responsables por que en la República las cosas se consolidasen con tanta firmeza contra el liberalismo
Cuando a fines del siglo XIX se propuso la fundación del Banco de la República, lo mismo que quince años después, cuando el gobierno quiso crear al Banco de Seguros del Estado, y darle el monopolio de los seguros, los adversarios de esta nueva corriente adujeron su ilegalidad, porque la Constitución no contemplaba la posibilidad de que el Estado estableciese empresas y se dedicase mediante ellas al comercio, la industria y las finanzas. No argumentaron que sería contrario al interés público que lo hiciese, tesis típicamente liberal, sino que con ello se violaba la Constitución; lo que significaba invocar, no la naturaleza de las cosas, o sea un argumento definitivo, o perenne, sino aducir que la Ley Fundamental no lo permitía, o sea un argumento apoyado sobre una estructura jurídica determinada, esencialmente modificable. Con lo cual a su debido tiempo pasó lo que tenía que pasar, vista la fuerza que cobraba la filosofía estatista en la ciudadanía uruguaya: que si la Constitución era el obstáculo –algo así como un nudo gordiano que ligaba indisolublemente al Estado a un paradigma liberal– las mayorías recurrirían al expediente alejandrino de desatar el nudo con un simple golpe de espada. Y así efectivamente aconteció cuando en la reforma constitucional de 1917 se adicionó el artículo 100, que preveía expresamente el establecimiento de empresas públicas, las que por lo tanto ya no serían, por más que el giro verbal se mantuviese, empresas “del Estado”, sino empresas que rigurosamente integraban el mismísimo Estado; ya que la Ley Fundamental regulaba su existencia y funciones al igual que lo hacía con la de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Y el artículo 100 de 1917 no fue más que el principio. En 1934, cuando ya la URSS había engarzado la totalidad de sus empresas en su estructura estatal, y Mussolini había proclamado “Todo por el Estado; nada fuera del Estado; nada contra el Estado”, el artículo singular se multiplicó por dieciséis, sin contar algunos más que se fueron agregando en sucesivas reformas, al tiempo que se acuñaba el nombre de “entes autónomos”, que la historia nunca dejará de recordar mientras se ocupe de la fase indiscutiblemente regresiva de nuestra economía con la que están consubstanciados.
Se observará, pues, que la consagración de la empresa estatal por la Constitución excedió en mucho el propósito original de legitimarla, y llegó hasta marcar la economía uruguaya con algunos de sus rasgos más típicos. Así llegamos a la situación actual en que:
· Todas las empresas grandes del país son estatales.
· Estas empresas están sujetas a todas las reglas que rigen el funcionamiento del Estado, con lo que el personal es inamovible, deben comprar los bienes y servicios no laborales que requieran por licitación pública (un método que la empresa privada raramente usa) y un complicado legalismo burocrático entorpece la toma de decisiones.
· Las gobiernan órganos colegiados, sus “directorios”, que no tienen nada que ver con los órganos del mismo nombre en el sector privado, que desempeñan funciones de planificación y control, sin contar que en el ámbito privado el gobierno de la empresa (“management”) es invariablemente unipersonal.
· Por si esto fuera poco, los directores se renuevan junto con las autoridades nacionales electivas, de entre la clase política, con frecuencia sirviendo de premio consuelo a candidatos a escaños legislativos postergados por la decisión popular. Por tanto, ignorantes, no sólo del negocio en sí que les tocará administrar, sino - lo principal- igualmente ajenos al arte de dirigir una empresa.
No menos importante, los directores institucionalmente no tienen el menor interés en los resultados que las empresas que rigen puedan obtener, y en cambio de hecho tienen un interés fuertemente vinculado a su condición de políticos, en cuanto a cultivar su electorado merced a favores procurados al personal de sus respectivas empresas, ya sea por nombramiento o promoción. Con la consiguiente inflación de las plantillas de personal y de la nómina de salarios
En suma, los entes autónomos nos han conducido a una situación de verdadera catástrofe económica. ¿Cómo es, sin embargo –objetarán algunos– que hay entes rentables, cuyas ganancias nutren generosamente las arcas fiscales? Se trata de un error. En este país ninguna empresa estatal obtiene beneficios propiamente dichos. Generan rentas monopólicas, las que contablemente se confunden con los beneficios, pero que son dos especies económicas totalmente distintas: el beneficio, premio al empresario por su eficiencia y capacidad de innovación; la renta monopólica, botín extraído de los consumidores expoliados por el simple ejercicio de la fuerza. Es por eso que la empresa pública va unida al monopolio como el cuerpo a su sombra. Y por eso también que los monopolios nunca se suprimen de veras, aunque se simule hacerlo, como en el caso de los seguros, un flagrante fraude legislativo si jamás hubo uno.
Desde este punto de vista, no parece difícil interpretar las declaraciones del presidente Batlle. Para mí nos está diciendo que la empresa estatal puede ser buena o mala, conveniente o inconveniente, según las circunstancias, pero que la empresa estatal que ha sido nuestra desgracia pergeñar, esa empresa estatal embutida en un corsé burocrático, regida por gente en general inepta para esa función, sujeta a reglas que aseguran su ineficiencia, dependiente de la expoliación de los consumidores para sobrevivir, es un disparate histórico del que debemos imperativamente liberarnos, so pena de completar nuestra ruina. Y, en cuanto a si tiene el presidente la fuerza necesaria para sacar el capítulo de entes autónomos de la Constitución, sobre lo que parece dudar, querría decirle que tiene tras de sí la fuerza suprema de la razón, que Dios le ha dado la aptitud para ejercitarla óptimamente, y que no habría tarea más patriótica, ni más salvadora, ni más digna de sus dotes naturales y adquiridas, que la de convencer a sus connacionales de esa verdad que tan certeramente nos expuso días atrás.