Se acabó la convertibilidad. Argentina devaluó. ¿Cuánto? Nunca es fácil saberlo cuando el país que mueve la paridad de su moneda tiene un régimen de cambios múltiples, y ése es precisamente el caso argentino desde hace cosa de una semana. Yo diría que un 8%, lo que es el caso con el tipo de cambio aplicable a las transacciones de comercio exterior de mercancías, generalmente considerado la línea más representativa de la balanza de pagos. La paridad anterior se mantiene para todo lo demás, que incluye las transacciones sobre servicios, tanto externos como domésticos, y de capital. La convertibilidad duró unos diez años.
Es muy poco tiempo. A principios del siglo XIX Inglaterra, una vez concluidas las guerras napoleónicas, instituyó su propia “convertibilidad”, que se llamó “patrón oro”, y cuando un número creciente de países fueron incorporándose a ella, “patrón oro internacional”. La convertibilidad inglesa se parecía mucho a la de Menem-Cavallo de principios de la década pasada. La libra se ligaba por tiempo indeterminado, mediante una relación fija, a un cierto patrón de valor (en el caso inglés el oro, así como en el argentino lo era el dólar) y se establecía que el Banco de Inglaterra debería retirar de su emisión una libra cada vez que la cantidad equivalente de oro saliera de sus cofres, y viceversa: emitir una libra cada vez que su tesoro recibiese la cantidad respectiva del metal amarillo. Fuera de un margen rígidamente topeado que tenía el Banco de Inglaterra para emitir contra papel del gobierno, los dos sistemas eran iguales. El sistema inglés duró cosa de cien años. Esa proporción, de diez a uno, parece representativa de la que guardan en materia de estabilidad y solidez institucional los países maduros por una parte, y los países jóvenes, con cabecitas aún por sentar, en cuyo ámbito ha querido Dios que nos toque vivir
Las reglas que se dictaron para la convertibilidad argentina eran buenas; tan buenas o mejores que las del patrón oro. Pero incompletas. Todas las reglamentaciones lo son. Todas tienen que dar algunas cosas por sentadas, o serían interminables. Hay una Ley de los Estados –una normativa de derecho natural– que hay que presumir implícita en todo sistema monetario. Ella, entre otras cosas, proclama: “Por rico que seas, no te endeudarás ilimitadamente. Cuidarás, en cambio, que la cuenta de intereses que debas satisfacer no crezca más que tu PBI; porque si lo hace en un período, en el siguiente los intereses sobre los nuevos intereses te hundirán más en una ciénaga de la que no se sale sin una crisis. Sin contar con que los agentes económicos privados, según vayan percibiendo aquel peligro, invertirán cada vez menos en tu territorio, tu crecimiento económico declinará, y el fatal desenlace tenderá a precipitarse.” Menem violó esta regla prácticamente desde que introdujo, con gran éxito, la convertibilidad. Y ello mientras hacía otras cosas excelentes, que también están prescritas en la Ley de los Estados, como por ejemplo el mandato que dice: “No permitirás que la productividad de tus recursos sea inferior a su potencial, y por ello no tendrás empresas estatales, cuya consecuencia indefectible es una pérdida de eficiencia.” Pero, como decía, mientras en la Argentina se lograba la estabilidad monetaria y las privatizaciones allegaban incrementos portentosos de la productividad, los preceptos sobre el gasto, y consiguientemente sobre endeudamiento, se violaban abiertamente. En parte porque aquellos éxitos mejoraban el crédito y facilitaban el gasto fiscal deficitario
¿Inconsciencia? Probablemente sólo inmoderado optimismo. Si la tasa de crecimiento económico creciese indefinidamente, tal vez se habría absorbido durante mucho tiempo un endeudamiento como el que se venía contrayendo. Pero la experiencia y el sentido común aseguran que las tasas de crecimiento están fatalmente acotadas. Aparte de ello, pareció haberse descartado el posible impacto de shocks externos negativos, lo cual fue una grave imprudencia. En enero de 1999, en efecto, la inestabilidad brasileña vino a componer con la argentina una mezcla explosiva.
En efecto, la presente es la historia de una doble inestabilidad. De una doble ignorancia de la Ley de los Estados, de una mutua falta de solidez de carácter. En 1994 los brasileños salieron de la catastrófica secuencia de grandes inflaciones que frustraba su enorme potencial casi por arte de magia. Fernando Henrique se había retirado del ministerio de Hacienda para ser candidato a presidente de la República dejando el Plan Real encarpetado para entrar en vigor en determinada fecha. Hay que atribuir a la fuerte credibilidad de plan y de quien sería en breve presidente el hecho de que la inflación cayera verticalmente al ponerse aquél en vigencia. La caída de la inflación trajo consigo la de la tasa de interés del mercado de crédito doméstico, y ésta a su vez la del déficit fiscal, en el cual el papel de los intereses de la deuda interna era el protagonista. Pero luego del éxito inicial la observancia de las normas básicas, en cuanto al gasto y en cuanto a reformas de estructura, la omisión del gobierno fue prácticamente total. La crisis de enero de 1999 no debió sorprender a nadie
Sin duda la depreciación monetaria en Brasil en alguna medida fue obligada consecuencia de la crisis, pero las autoridades brasileñas no parecen haberse preocupado demasiado por este quiebre de la estabilidad. Más aún, ellas transmiten la impresión de que se hallan más cómodas en el viejo entorno inflacionario. El problema, con todo, radica en que el mantenimiento de la inflación dentro de límites tolerables –comparando con la depreciación del real– como ahora lo están haciendo, no va de ser fácil. La experiencia mundial dice que si el instrumento de ajuste de todos los desequilibrios es la devaluación, como hoy es el caso en Brasil, la dinámica del proceso lo conduce a una inflación galopante. Entonces se volverá imperioso empezar de nuevo a construir un edificio de confianza y expectativas estables, pero la próxima vez ese problema va a ser mucho más difícil de resolver. El gato escaldado del agua fría huye
Para concluir, ¿qué es lo que está intentando ahora el gobierno argentino (o Domingo Cavallo, que viene a ser igual)? En síntesis se trata de una devaluación parcial, en más de un sentido. Los exportadores de mercancías recibirán 8% más en pesos del flujo en dólares de sus operaciones. Los importadores pagarán también 8% más, pero el arancel de importación se rebajará en 8%, de modo que, en teoría, en lo que concierne a las importaciones, ambos efectos tenderían a compensarse recíprocamente. Los precios domésticos de los bienes exportables subirán en la misma proporción, pero se prevén medidas fiscales a favor de los consumidores destinadas a neutralizar el gravamen. La idea central parece ser que los exportadores reciban 8% en términos reales y que todos los demás agentes económicos queden como antes. ¿De dónde provendría el ingreso incremental de los exportadores? En la devaluación clásica lo que hay es una transferencia de ingresos de los agentes que negocian en bienes internacionalmente no transables hacia los que tratan en bienes transables. Hay algunos que están mejor pero a costa de los que están peor. En la devaluación a lo Cavallo, el ingreso adicional de los exportadores sale de la nada. Es un truco mágico, un pase de mosqueta. La práctica mostrará que se trata de un engaño. En realidad el subsidio a las exportaciones, al que el plan en último término se reduce, saldrá de donde suelen salir los subsidios: de las arcas públicas y, por lo tanto, en el caso, del déficit y el endeudamiento, camino de una crisis financiera cuando los efectos del reciente megacanje se agoten. La Argentina aprenderá así, a golpes, el error que cometieron sus hombres públicos al rechazar el plan que presentó López Murphy, que no era más que la aplicación de los principios clásicos a una determinada crisis. Desgraciadamente nosotros, sin comerla ni beberla, también lo aprenderemos.