El título no intenta afirmar que la soberanía de la ley carezca, en los hechos, de excepciones. Apunta, en vez de ello, hacia un ideal. Al mismo tiempo, enuncia una condición que las sociedades deben cumplir para ser libres y prósperas: todos sus miembros deben hallarse sujetos a ese cuerpo de normas que llamamos derecho, o ley. Es decir, todos deben observar sus normas, so pena de sufrir las consecuencias, civiles o penales, de las infracciones en que incurran. La existencia de ilícitos impunes, así como de castigos impuestos a inocentes, no es incompatible con ese ideal, que se refiere a agregados humanos, de por sí imperfectos. El ideal es frontalmente negado, en cambio, si existen individuos, grupos, o instituciones, que se hallan por encima de ese cuerpo normativo, y –por principio– no pueden ser llevados ante la justicia a rendir cuenta de sus actos. Los estados donde se encarna ese ideal se llaman “estados de derecho”. Su difusión sobre el planeta es menor de lo que suele creerse
Hace cuatro o cinco siglos, por ejemplo, constituían una rareza. Por entonces predominaban los regímenes políticos que conocemos como “monarquías absolutas”. En ellas los reyes eran, stricto sensu, soberanos. Su voluntad era ley, por tanto ésta no podía sujetarlos. A partir del siglo XIII, con la Magna Carta, Occidente inició un proceso de aproximación al ideal de que hablábamos. En 1603 la justicia inglesa anuló el monopolio de la importación de naipes que Isabel I había otorgado a su favorito Darcy, en sentencia que la reina acató. Su voluntad ya no era ley. Y así, a través de altibajos y conmociones, se llegó a una situación en que la expresión “estado de derecho” podía describir, aproximadamente, a muchos países. Cuando las repúblicas latinoamericanas conquistaron su independencia, aspiraron a ser estados de derecho. Nuestros constituyentes de 1830 revelaron esa intención cuando en el artículo 136 escribieron: “Los hombres son iguales ante la Ley...”, palabras que –con leves modificaciones– perduran hasta hoy en nuestra Carta. La vocación uruguaya en tal sentido es, pues, de larga data. Ello no significa que se halle cercana a materializarse.
De hecho, la actualidad nos lanza a la cara lo lejos que aún nos hallamos de esa meta. En efecto, hemos presenciado escenas increíbles, y oído declaraciones inverosímiles, de parte del sindicato bancario, AEBU, en el marco del conflicto que mantiene con un grupo de compañías de seguros. Ello no pudo dejar de recordarnos lo que ya sabíamos: que los sindicatos de trabajadores en el Uruguay no están sujetos a la ley. Lo sabíamos por innumerables episodios, entre los cuales se destaca en mi memoria la ocupación cuasi militar de la ciudad vieja de la capital por fuerzas del sindicato del transporte, impidiendo el tránsito vehicular, a y desde ella, y ejerciendo de facto la soberanía en esa parte de nuestro territorio, sin haber sufrido subsiguientemente ninguna sanción. Pero los últimos acontecimientos, sin alcanzar igual gravedad, revistieron características tan salientes, tan pintorescas -me siento tentado a decir- que no pueden menos que interrumpir la amnesia irresponsable que los uruguayos padecemos habitualmente al respecto.
Una compañía de seguros, adquirida por otra, en el consiguiente proceso de reorganización, despide a cinco empleados. Tres de ellos afiliados al sindicato, AEBU, que en un proceso espectacular de expansión, ha extendido sus tentáculos, desde sus orígenes bancarios, hasta los seguros. AEBU se pone en movimiento. Ha obtenido la inamovilidad para sus afiliados del sector bancario, y no vacila en extender el mismo objetivo hacia sus nuevos dominios. No atribuye al empleador móviles antisindicales, pero, sencillamente, a los afiliados a AEBU no se los despide. En EEUU la productividad del trabajo ha sido enormemente potenciada por una gran ola de adquisiciones y fusiones de empresas, mientras se creaban nuevos empleos a un ritmo fabuloso, y la desocupación caía sin cesar. Pero AEBU no opera allí. Su lealtad se restringe a los trabajadores actualmente empleados en sus dominios. Los trabajadores que podrían ser empleados por el crecimiento de sus sectores le tienen sin cuidado. El hecho de que, en su sector original, la rigidez laboral haya frustrado la vocación uruguaya por hacer de Montevideo una plaza financiera internacional, le deja igualmente indiferente.
Pero regresemos al caso de actualidad. El nos muestra a AEBU en acción. Vemos un destacamento partir de su sede y dirigirse a ocupar la empresa que ha osado despedir a tres de sus afiliados. Lo encabeza Juan José Ramos, uno de sus mayores dirigentes, dueño de una imponente masa muscular y una recia cabeza sobre un cuello hercúleo. Me imagino cuán intimidante debe haber lucido al penetrar al local golpeando las manos y vociferando consignas, con su séquito haciéndole coro, y otro tanto los afiliados que habían estado trabajando dentro. Yo me lo imagino, pero muchos uruguayos lo vieron, porque Ramos se llevó a la TV y a la prensa para testimoniar la operación. Sólo que esta vez sobreviene un acontecimiento inesperado: dos empleados se resisten a retirarse. Uno –Sebastián Cadenas, a quien hay que individualizar, porque estaba haciendo historia– proclama ante todos, incluso las cámaras de TV, que él no se va antes de terminar su jornada, salvo indicación de sus superiores. Furioso, Ramos se aproxima a él amenazadoramente. “Fuera, carnero”, le grita en la cara, mientras sigue batiendo palmas y abiertamente lo desafía a pelear. ¿No temió Ramos aparecer ante la teleaudiencia y ante los lectores de las notas de la prensa, profusamente ilustradas gráficamente, como un vulgar patotero? Sí, no es posible dudarlo; pero, al mismo tiempo, había que optar entre esa consecuencia negativa y la destrucción del mito de la omnipotencia de su organización, la joya de su corona. Y ya se ve qué elección hizo.
De todos modos, Cadenas, que con todo se quedó hasta completar su jornada, hizo trizas de otro mito: el de la “ocupación pacífica” de los locales de trabajo, en base al cual una vieja jurisprudencia niega calidad delictual a una conducta violenta, que flagrantemente atenta a la vez contra el derecho de propiedad de los dueños de las empresas y la libertad de los trabajadores que no aprueban la medida. Es la misma falacia con que los nazis sostuvieron que la ocupación de Checoslovaquia fue pacífica.
En descargo de AEBU, puede alegarse que la debilidad de los gobiernos y la complicidad de jueces y fiscales no puede menos que haber inducido en la plana mayor del sindicato una firme sensación de impunidad, y con ella la soberbia que inevitablemente hace presa de quienes son colocados por encima de la ley. Dicho sea de paso, en este mismo episodio esa soberbia tuvo otra notable manifestación. Subsiguientemente al episodio relatado, AEBU declaró a la prensa que adoptaría “medidas de fuerza” capaces de “afectar” a las compañías de seguros con que se siente en conflicto. O sea que amenazó a las empresas con agresiones que no tienen ni la sombra de una relación con el instituto de la huelga, bajo el paraguas de cuya protección constitucional los infractores sindicales suelen guarecerse. Pero si el carácter delictual de esa tentativa de intimidación (delito de violencia privada, de amenazas, de extorsión –dejo a los penalistas elegir–) no provoca dudas, resta aún lo más asombroso, y criminoso, de todo: junto con las empresas en conflicto, AEBU hizo destinatario de la misma amenaza al estudio jurídico que las asesora. Sin duda para intentar inhibir la eficacia de su defensa. Lo que, como acto vandálico, sería difícil de empardar
Supongo que la pasividad del gobierno se explica por el convencimiento de que el Uruguay ha perdido ya de larga data la condición de “estado de derecho” a que en 1830 aspiraba, y a la que tal vez, otrora, llegó a aproximarse. Pero si así no fuese, si el ideal de volver a ser un país libre y próspero alentase aún en el espíritu de los gobernantes, entonces, tendrían que hacer algo al respecto. ¿No les parece?