La noche del 4 de agosto de 1789 la Assemblée Nationale votó la supresión de todos los privilegios que habían caracterizado al feudalismo, y fue un representante del orden aristocrático en el cuerpo, el duque de Aiguillon, que formuló la moción principal. Además, fueron los representantes de la nobleza quienes levantaron las manos, y las voces, con máximo entusiasmo, aparentemente exultantes por haber puesto fin a una vieja y odiosa desigualdad, que por siglos los había cubierto de ignominia
Lector: ¿cree usted que nuestra historia se apresta a incorporar a sus pergaminos el registro de una jornada revolucionaria similar? ¿Estima usted probable que los funcionarios públicos estén listos a renunciar jubilosamente a los privilegios de que son titulares? Cabría esperar algo en ese sentido, porque ante sus prebendas empalidecen aquéllas de que disfrutaban duques y marqueses, condes y vizcondes. Sin embargo, por el momento, no se discierne ninguna señal premonitoria de semejante acontecimiento. Más bien, diríase, lo contrario. Pero no nos apresuremos
Aclaremos que no sólo me refiero a la inamovilidad que les concede la Constitución. ¿Qué es la inamovilidad, y en qué consiste su histórica razón de ser? Es obvio que, en 1830, el constituyente quiso prevenir el despido en masa de los empleados de una tendencia política cuando sobreviniese un cambio de gobierno. Se estimó que tal cosa se evitaría exigiendo como condición del despido una causa de suficiente gravedad, aceptada por el Senado. Claramente no se pensó que, cuando la función dejase de existir, el empleado persistiría en un cargo superfluo. El funcionario es para la función, y no viceversa, como proclamaría una Carta posterior. De lo que se trataba era de que los funcionarios no fuesen remplazados por motivos subalternos. De hecho, sin embargo, los presupuestos siempre se han elaborado como si el número de funcionario fuera un dato y no una incógnita: decidir qué es lo que el Estado va a hacer, y con qué medios, pero nunca con menos de n empleados, donde n es el número de los que ya hay
Vista así la cuestión, esa postura actual se ve, o como una estupidez, o como el reconocimiento formal de un régimen de privilegios, como el que en Francia se abolió el 4/8/897. Hay indicios de que se trata de lo segundo. Por ejemplo, hay funcionarios asignados a cargos donde se supone que no tienen que trabajar. No, lector, no es una chanza. Le voy a probar lo que digo. El Sr. Ariel Lausarot, figura destacada de nuestra política (al punto de que actualmente desempeña la presidencia del BHU) envió una carta a "El Observador", relativa a un funcionario aduanero pasado en comisión a la secretaría de un diputado, por recomendación de él mismo, el cual parece hallarse involucrado en un acto ilícito perpetrado en el ámbito de sus orígenes funcionales. El Sr. Lausarot, que admite antes del juicio la responsabilidad del imputado, atribuyéndola a "un plano oculto e ilegal" de su personalidad, escribe lo siguiente: "No se trataba de un pase en comisión para que el funcionario simplemente cobrara y no trabajara." Obsérvese que la negativa implica que el conjunto "funcionarios que simplemente cobran y no trabajan" no está vacío, según el Sr. Lausarot; de lo contrario, no se explica la negativa de que su recomendado estaba dentro de él. Según expresa la carta, el apadrinado "pensaba realizar actividades de apoyo técnico y político, con algunos funcionarios aduaneros de su amistad." La verdad, no resulta muy convincente que eso fuese "trabajar", desde la secretaría de un diputado, según los que no estamos en el ambiente político entendemos el verbo. Y hasta sería difícil no pensar, si uno compartiese la convicción del Sr. Lausarot sobre el lado oculto e ilegal de la personalidad de su protegido, que habría sido mejor que, simplemente, no hiciera nada. Pero, en cualquier caso, la alternativa entre trabajar y holgar, para la mayoría de nosotros, simplemente, no existe. Dios dijo que nos ganaríamos el pan con el sudor de la frente, pero parece obvio que los políticos se las arreglaron para introducir algunas excepciones en la sentencia del Creador
Como decía más arriba, por el momento, las perspectivas de una jornada como la del 4 de agosto en el ámbito de los funcionarios públicos lucen como remotas, y hasta parece que van a orientarse en sentido contrario. Una nube, en efecto, enturbia el horizonte de algunos de su condición. Tal como viene la mano, probablemente va a haber un cierto número de empresas mixtas, donde los empleados estarán en un régimen de derecho privado. Quienes trabajaban para el Estado, tendrán opción entre pasar o no a las empresas mixtas. Por tanto, deberán decidir. Es una exigencia algo injusta, porque no están habituados a hacerlo. Al senador Francisco Gallinal se le ocurrió una solución salvadora, prohijada de inmediato en nombre del oficialismo por su colega Atchugarry: si aceptan pasar a la nueva empresa mixta, tendrán una reserva de su empleo, incluso escalafón, antigüedad y todo el resto, para cualquier momento en que lo deseen. Quince días después del cambio, o un mes, o un año, o veinte años después, las puertas del mismo ente público van a permanecer siempre abiertas para ellos. Si les va mal, al ser calificado ahora por su laboriosidad, puntualidad, iniciativa, creatividad, etc.; o si la cultura de la empresa semiprivada les molesta; o si sienten nostalgia; o lo que fuere. Pero, ¿habrá trabajo para ellos en el mismo lugar, en cualquier momento que opten por el regreso? Lector: la pregunta carece de sentido: el funcionario público gana su estipendio simplemente por serlo. El trabajo es un epifenómeno contingente, que no preocupa a nadie.
Esto habría hecho la envidia duques y marqueses, condes y barones, en el ancíen régime. ¿Por qué razón fueron ellos constreñidos a renunciar a sus privilegios, y hasta simular entusiasmo al hacerlo, y los funcionarios uruguayos permanecen muy orondos en el disfrute de los suyos, y hasta logran consolidarlos e intensificarlos? Sin embargo, no hay en ello nada misterioso. El quid radica en que son muchos, y en que votan. Cuantos más sean y de mayores privilegios disfruten, mayor tendencia tendrán a actuar corporativamente ante las urnas, o más se inclinarán los candidatos a presumir han de hacerlo. Lo que, comprensiblemente, los impulsa a competir por sus votos ofreciéndoles cada vez más prebendas. Cuán agradecidos luego resulten - v. gr. cuánto va a reflejarse su reacción ante la idea de Francisco Gallinal el día de los comicios- es una incógnita. Pero los políticos insisten de todos modos en esa tesitura. Comprensiblemente: por lo general, es lo que mejor saben hacer
Ello significa que las perspectivas del país son tétricas. Jorge Batlle, que en la ocasión del presupuesto quinquenal siguió la corriente de ceder y ceder a los privilegiados; posteriormente prometió una reforma radical del Estado y la empresa pública, incluso eliminar los monopolios legales el presente año. Pero en un par de meses el cronograma se ha vuelto irreconocible. Ahora sus colaboradores están hablando de cuatro, cinco o seis años para liberar a los uruguayos de la explotación que soportan. ¿Qué razón para semejante desplazamiento de su política? Todo indica que los legisladores de todos los sectores, los de gobierno inclusive, se niegan irreductiblemente a las medidas propuestas por el presidente, que podrían restaurar en el país la vitalidad que lo caracterizó en un lejano pasado. La ironía es doble: el presidente tendría que cumplir sus promesas años después de entregar el poder; y, muy probablemente, la liberalización insoslayable de la economía quedaría implícitamente reservada al próximo gobierno de los enemigos de todo lo que él quería hacer.