Tengo un par de historias para narrarles, sucedidas en el Uruguay hace muchos años. Van a ver la diferencia entre el carácter, la fibra, de aquel país y del que ahora lleva su mismo nombre.
Entonces en el Uruguay se sucedían con frecuencia motines y asonadas, a veces con visos de guerras civiles. No es eso mi tema de hoy, pero ocurre que viene a cuento. En 1863 Venancio Flores se había levantado en armas contra el Presidente Bernardo Berro. Había a la sazón dos bancos en la capital, el de Mauá y el Comercial. Las operaciones militares siempre son caras, y Mauá se mostró dispuesto a aliviar las consiguientes estrecheces financieras del gobierno. Ello le obligó a emitir más de la cuenta, atendiendo a que, desde su origen en la década anterior, los bancos debían redimir sus billetes en oro contra simple presentación. En 1865 su insuficiencia de encaje se volvió crítica, y el gobierno, en el cual Atanasio Aguirre había sucedido a Berro, invocando potestades de emergencia, el 7 de enero (pocos días después de la caída de Paysandú) decretó a la vez: (a) la inconvertibilidad de los billetes de ambas instituciones, con la garantía del Estado respecto de la conversión a oro del circulante dentro de los seis meses de concluidas las hostilidades; y (b) un préstamo forzoso de $ 500.000 (algo así como US$ 8 millones de la actualidad), a cargo por mitades de ambos bancos por mitades, el cual, según expresa el decreto, el gobierno “se ve en la imprescindible necesidad de levantar”. Aquel 7 de enero muchos uruguayos deben haber sido presa del miedo de verse invadidos por el dinero de papel que tanto aborrecían.
Ocurría, sin embargo, que sólo el Mauá había comprometido su solidez patrimonial. Ello posibilitó una derivación inesperada, y a mi modo de ver ejemplar, de este acontecimiento: el Banco Comercial, desconociendo el decreto -cuya inconstitucionalidad, dicho sea de paso, era flagrante- se rehúsa a otorgar el préstamo que imperiosamente se le reclama, a la vez que renuncia al beneficio de la inconvertibilidad de sus billetes, que como contrapartida se le concedía. Sigue convirtiendo como siempre y, al negarse a conceder crédito a un gobierno que conforme a los estándares bancarios no lo merecía, proclama que sus deberes frente a los tenedores de sus billetes y a sus depositantes se hallan por encima de cualquier presión política, incluso del autoritarismo de un gobierno inspirado por un trance angustioso.
Tan sorprendente, y ejemplar, es la gallarda actitud del banco como el respeto con que el gobierno la recibe, testimonio de un notable apego a la ley de una sociedad que al mismo tiempo insistía en exhibir un perfil salvaje. De hecho, el único efecto que surtió el decreto fue la depreciación de los billetes del Mauá frente al oro y al papel convertible del Comercial, hasta que, restablecida la paz, la convertibilidad volvió a regir con plenitud.
La segunda narración nos transporta a fines de 1873, cuando el país comienza a experimentar diversas dificultades económicas. Sobreviene una gran mortandad de ganado, pérdida de cosechas, caída de valores inmobiliarios, así como de la recaudación, con las consiguientes penurias del fisco. A mediados de enero de 1975 hubo un motín militar que desplazó del poder a José Ellauri e instaló a Pedro Varela, quien reprimió con mano de hierro toda oposición. Frente a la situación crítica de la tesorería, éste hizo aprobar la ley de 25-1-75, que autorizaba a la Junta de Crédito Público a emitir hasta $ 3mm en billetes convertibles en oro. Es la primera vez que un organismo estatal emitiría papel moneda. La convertibilidad de éste fue fugaz, ya que la ley de 27-3-75 implantó la inconvertibilidad y el curso forzoso. El 23 de junio se dictó otra ley ampliando la capacidad de emisión del Estado y ratificando el curso forzoso. La ya tradicional salud monetaria uruguaya entraba en crisis.
Pero en aquel tiempo el sector privado era menos maleable de lo que eventualmente llegó a ser. Los empresarios, banqueros y comerciantes, celebraron un pacto, que dieron a publicidad, por el cual se comprometían: “1º A no ampararse a ninguna ley de curso forzoso ... y a satisfacer en oro sellado todos los compromisos que no hayan sido contraídos expresamente en papel moneda de curso forzoso; 2º a suspender toda clase de transacción comercial y retirar el crédito a todos los que faltasen a lo establecido en el artículo anterior...”. Firmaban los bancos Comercial, de Londres, Herrera y Eastman, Alemán Belga y Mercantil, así como cerca de 500 firmas comerciales que incluían a la flor y nata de la plaza. Esta drástica medida, al decir de Eduardo Acevedo, “consumó rápidamente la desmonetización del billete inconvertible.” Pese a que el gobierno prohibió a la prensa ocuparse de asuntos económicos y declaró “acto de sedición” cotizar en bolsa al billete inconvertible, la caída de éste fue incontenible, llegando a registrar una depreciación del 90% antes de que el gobierno de Varela cayese a su vez y la cotización de los billetes comenzase su ascenso ante la asunción de Latorre. La campaña para sanear la emisión progresó con firmeza, culminando a fines de 1877, según el método clásico de procurar superávit fiscales e incinerar los billetes resultantes. La crisis financiera duró tres años y sus consecuencias, en resumen, significaron un decisivo respaldo a la salud del peso oro uruguayo.
Era otro país. Me pregunto porqué no producimos ya seres humanos de aquel temple, capaces de plantarse frente al poder y torcer su voluntad gracias a la resolución que extraían de una clase de convicción en lo que es justo y bueno que ya no crece más en nuestra tierra. Ahora los politólogos suelen afirmar que los partidos deben tener cada uno su “proyecto de país”, y muchos políticos protestan que ellos y sus partidos ya los tienen. Nada equivalente en el Uruguay decimonónico por el que fugazmente transitamos. El proyecto de país de Atanasio Aguirre y Pedro Varela parece haber incluido un país en el que el crédito fuese ampliamente accesible a los prestatarios públicos y privados, y la capitalización dejase de basarse como hasta entonces en el ahorro de los orientales, así como de los extranjeros dispuestos a comprometer el suyo en nuestro territorio. El proyecto de país de la comunidad, espontáneamente acordado, era el de un país que siguiese priorizando una moneda sana, apoyada sobre el oro, y pusiese su esperanza de progreso en el trabajo, la austeridad, el ahorro, y la libre inmigración, que habían aportado prosperidad en una medida que nadie habría creído posible en sus aun recientes albores, la misma que llevó a Juan Bautista Alberdi a ver en el Uruguay a “la California del sur”. Y, cuando desde el poder alguien se sentía dispuesto a desafiar ese proyecto, ya hemos visto cómo le iba.
Todo eso cambió radicalmente. Nuevos proyectos de país lograron más tarde imponerse. Proyectos que harían del Estado el propulsor y rector de la economía; que confundieron la insuficiencia de capital con escasez de crédito; que no vacilarían en envilecer la moneda para promover una inversión que nunca se concretó. Lo más elocuente de todo, que transformaron a la tierra de promisión que atraía prodigiosos contingentes humanos en un país de emigración. Todo esto, ¿por qué razones? Me parece obvio que éste es el enigma que debería concentrar la atención de nuestra gente. La respuesta no es fácil, pero tal vez algún día me atreva a sugerir alguna.