La Constitución dispone que las cárceles deben perseguir la reeducación de los reclusos y su aptitud para el trabajo. Las declaraciones del Director de Cárceles ante una comisión parlamentaria publicadas días atrás me revelaron que dicho texto, pese a su augusto origen, ha caído en desuso. El inspector (R) Carlos de Ávila informó que el 47% de los presos nunca trabajó, y que los intentos que se hacen para que trabajen en la prisión resultan vanos. Dejó además la firme impresión de que para ellos la actividad laboral es una cuestión estrictamente optativa.
No es lo que la Constitución prescribe. No es lo que ordena la ley. Ésta –el Código Penal– decide que “el trabajo será obligatorio”, no opcional. La disposición se refiere a los presos que cumplen condena y no a los que sólo están sujetos a proceso penal, pero la Constitución se refiere a ambas clases y, como los procesados pueden estar recluidos en tal carácter años y años, y en no pequeño porcentaje salen en libertad antes de ser condenados, aun siendo loable el respeto del Código por la libertad de decisión de quienes deberían presumirse inocentes, ya que de todos modos se les priva largamente de la libertad de movimiento, bien podríamos al menos enseñarles un oficio y desarrollarles hábitos de trabajo. Para lo cual las autoridades tendrían consigo la norma constitucional, que se refiere expresamente a ambas clases de reclusos.
Podría aducirse que, respecto de los procesados, se cumple recurriendo a la persuasión, pero éste es el método que las autoridades están intentando respecto de todos los reclusos, con resultados visiblemente negativos. Se ofrecen a los presos, según el Director de Cárceles, cursos de carpintería, albañilería, sanitaria, informática y jardinería, pero ninguno los atrae a asistir con un grado significativo de asiduidad. El inspector de Ávila pone un ejemplo: “...para estudiar albañilería se anotan 50 para empezar el lunes, pero de esa cantidad sólo concurren 42 y van tres días, al mes quedan a lo sumo
uno o dos...” Y al parecer las autoridades no se sienten habilitadas para ir más allá de registrar su fracaso. La profundidad de éste se calibra mejor sabiendo que los reclusos, pese al hacinamiento en que viven, se desinteresan de ser trasladados al Centro Nº 2, el cual, aun teniendo más de chacra que de prisión, está medio vacío, por-que la permanencia allí supone trabajar en tareas rurales. Prefieren la lóbrega cárcel donde nadie les obliga a trabajar y pueden conseguir alcohol y droga.
¿Qué destino espera a la gran mayoría de los presos al ser liberados? Nadie debe dudar que continuar la carrera del crimen es su único futuro posible. ¿Qué pensar, entonces, de la pasividad de la sociedad uruguaya al respecto? Por de pronto, que es dañina para los presos, condenados a una existencia miserable a perpetuidad, y encima redunda en contra de la seguridad personal y patrimonial de la propia ciudadanía. ¿Por qué no la idea obvia de combinar la persuasión con la disciplina? ¿Por qué aun en los casos en que la ley dice expresamente que el trabajo es obligatorio las autoridades no van más allá de lamentarse de la mala disposición de los reclusos? Tal vez se pretenda que hoy en día reina un sentido de la solidaridad social excluyente de la adopción de la clase de sanciones que serían precisas para doblegar la resistencia de los detenidos a beneficiarse a sí mismos, aparte de beneficiar a la sociedad misma. Basta plantear así la pregunta, con la franqueza del caso, para advertir que la respuesta sería falsa.
En realidad, ello es parte de un mismo fenómeno que consiste en el desvanecimiento del principio de autoridad en el ámbito social. Los jefes de las cárceles no mandan en ellas por la misma razón que, en medida apreciable, las autoridades docentes no mandan en los centros de educación, los maestros no mandan en sus clases, los empresarios no mandan en sus empresas, los padres no mandan en sus familias, y los gobiernos no mandan en el país. Por “mandar” entiendo, por supuesto, ejercitar plenamente las prerrogativas que les incumben conforme a la ley positiva y a la natural, ésta manifestada a través de una inveterada tradición. El fenómeno se desdobla en una actitud de rebeldía de quienes, en la relación tradicional, se hallaban sujetos a jerarquía, y –principalmente– a una actitud de la sociedad, que no siente que aquellos a quienes la ley positiva y la ley natural otorgan autoridad posean la estatura moral requerida para ejercitarla, ni aquellos que están en una situación subordinada merezcan permanecer en ella, en contravención con el principio rival al de autoridad, que es el principio de igualdad. De igualdad absoluta, es claro que debe entenderse, que viene a ser la igualdad ante la ley, bastión del Estado de Derecho, sólo que salida de madre.
Tal vez piense el lector que una sociedad que ve diluirse el principio de autoridad debe hallarse en camino a la revolución social. Yo creo que no es tan así. Pienso que ello constituye una condición necesaria para la revolución, pero no suficiente. Significa la degradación de un orden, pero todavía falta quien quiera y sepa conquistar el poder con el ánimo de instalar otro. Es cierto que Dostoievski, en su libro profético –Los poseídos– pone en la boca de un revolucionario conceptos que muestran al decaecimiento de la autoridad apoyando su causa, en particular en lo que tiene que ver con la autoridad penal: “Los jurados que absuelven a todos los criminales son nuestros, los fiscales que tiemblan ante un proceso por miedo a no parecer suficientemente avanzados, nuestros, nuestros.” En Rusia el proceso efectivamente terminó con la revolución entrevista por Dostoievski, pero no es posible concluir que los dados estaban echados desde una o dos generaciones atrás, ni que si los alemanes no hubiesen infiltrado a Lenin en la escena política rusa todo habría ocurrido igual. Lo que sí parece claro es que una sociedad de la cual la autoridad ha desaparecido andará necesariamente a tumbos.
¿Será posible revertir un proceso como el que sufrimos y restaurar en el Uruguay las autoridades legítimas? ¿Se podrá eliminar la impunidad con que los estudiantes ocupan centros docentes? ¿Y hacer que los sindicatos funcionen bajo la ley, en lugar de operar por encima de ella, como frecuentemente ocurre ahora? Etcétera. Indudablemente, no sería fácil. Los fenómenos de cambio social poseen considerable inercia, y hay sólo un factor social capaz de torcer su dirección, el liderazgo político. Volviendo al caso de las cárceles, se necesitaría en el gobierno un verdadero líder que pusiese al frente de ellas a quien fuese capaz de complicarse la vida restituyen-do la disciplina en tales establecimientos, o imbuyese a quienes ya están en tal posición de la responsabilidad que pesa sobre ellos. Naturalmente que ello implicaría, para quienes pasarían ahora a mandar de veras, una vida complicada. No se impone la disciplina a quien está acostumbrado a hacer su voluntad a cada momento sin suscitar su rebeldía, ni a presos ni a hombres libres, ni a niños ni a jóvenes ni a adultos. Pero sin lucha no vamos a cambiar, y sin cambio vamos a seguir cuesta abajo. Para que un líder pueda obrar así, y salvar al país de la anomia, y eventualmente del desastre, se requiere que en su mayoría la gente comprenda esa necesidad y esté dispuesta a complicar sus propias vidas. Sólo bajo la consiguiente presión moral el líder potencial estará dispuesto a asumir un papel lleno de riesgos. Claro que si ese momento no llega, cuando estemos precipitándonos por la pendiente resbaladiza, ya será tarde para reaccionar.