La Argentina está sufriendo una de las crisis mayores que conoce el mundo. “Una declinación sin igual” titula “The Economist”, el reputado semanario londinense, en su nota al respecto del 2 de marzo. Las repercusiones sociales y políticas del episodio, el saqueo de comercios y las caceroleadas son conocidas, y por supuesto el famoso “corralito”. Tal vez convenga recordar que la contracción está en su cuarto año, que en él la caída acumulada del PBI está superando el 15%, (809% sólo en el 2002), que quebró una docena de bancos, que las perspectivas para el 2003, según el FMI, son malas también, y la tasa de desempleo desafía los cálculos.
¿Qué fue lo que causó la catástrofe? En la realidad, todos los factores interactúan entre sí y de una manera u otra contribuyen a los resultados. De modo que las divergencias al respecto dependen del área de causalidad que los opinantes consideren predominante. De modo general hay dos posiciones: una, que pone el grueso de la responsabilidad en la convertibilidad y otros aspectos de la política que con ella completan un panorama que sus detractores perciben como radicalmente ortodoxos y designan, según está de moda, con el adjetivo de “neoliberal”; la segunda, que pone el acento en el déficit fiscal y la consiguientemente desmesurada deuda pública, dentro de un panorama al cual la clase de ajuste por la que optó en su fase inicial el gobierno de la Rúa desempeñó el papel de un tiro de gracia.
Como la primera tesis tiende a englobar, junto con la paridad 1 a 1 del peso y el dólar, y a su aditamento de un banco central convertido en una caja de conversión, todas las medidas de tinte liberal, incluso las privatizaciones, conviene empezar destacando que todo ello carece de sentido. Las privatizaciones se hicieron durante la primera parte de la década pasada, cuando la performance económica argentina fue brillante. En el lapso 1991/98 se completó un crecimiento medio anual del 5,5%, pese a la contracción del 4% en el 95, atribuible a la crisis mexicana. Y en el cuatrienio 91-94 la media anual del crecimiento alcanzó 8,2%. De manera que culpar a las privatizaciones por el desbarajuste carece de toda base empírica, como tampoco la posee teórica. En cuanto a las finanzas públicas en la década, incluyendo la política de comercio exterior, ellas no tuvieron nada de ortodoxo ni de liberal.
El problema de la convertibilidad es diferente. Da para discutir. El cargo que se formula contra esa política es que causó una sobrevaluación del peso (“atraso cambiario”) durante la época de expansión, durante la cual Brasil también sobrevaluó el real, y restó a la economía argentina capacidad de reacción cuando Brasil devaluó y la sumió en una contracción real. Hay algo de verdad en ello, pero en conjunto la tesis no se tiene en pie.
En primer lugar, el establecimiento de una paridad fija, hasta consagrada en la ley, desempeñó un papel insustituible para derrotar a la devastadora inflación que por años, y con varios picos de hiperinflación, había sufrido el país. Con ello el sistema se prestigió, y habría sido muy difícil deshacerse de él en un tiempo de normalidad.
En segundo lugar, Argentina había funcionado muy bien en el pasado con una caja de conversión y un tipo de cambio fijo. Concretamente, desde que el régimen se instaló en 1880, Argentina tuvo un período de crecimiento espectacular, durante el cual dejó atrás lejos al Uruguay, que la superaba al principio, en PBI per capita, por más del 20%, transformándose en uno de los países más ricos del mundo. Naturalmente, los tiempos eran distintos, pero hay que tomar nota de que en su apogeo Argentina no necesitó ni de autonomía en su política monetaria ni de devaluaciones para lograr notable éxito.
En tercer lugar, si ahora el tipo de cambio fijo la privó de su competitividad, ello se debe a la tremenda rigidez del mercado laboral. “No se puede despedir a nadie, declaró Sebastián Edwards, profesor chileno de UCLA. “Si alguien despide, tiene que pagar indemnizaciones fabulosas.” De todos modos, no puede ignorarse que la rigidez nunca es absoluta. En el Uruguay, donde el mercado de trabajo también está fuertemente regulado, los salarios privados en dólares bajaron a una tasa anual del 5% en los tres años de recesión, y los precios al consumidor a un 4% también anual.
Finalmente, las exportaciones no parecen haber sentido las consecuencias de la sobrevaluación del peso, ya que entre 1997 y 2000 conservaron su registro de US$ 26 mil millones.
¿Qué dice la escuela contraria? Para ésta, a la que me adhiero, el talón de Aquiles de la economía argentina consistió en el gasto público. En realidad, en el lapso de gran crecimiento en la primera parte de la década pasada, las autoridades supusieron que el tremendo auge de la recaudación y el dinero que entraba por las privatizaciones estaban disponibles para gastarse. Ello no era así, ni es un principio de la economía liberal. Para ésta el déficit debe ser nulo a través del ciclo económico, lo que significa que se debe tolerar el déficit durante las contracciones, pero al mismo tiempo usar el superávit que espontáneamente generan las expansiones para retirar deuda. Nada de esto hizo el gobierno argentino. Apostó a que la prosperidad había llegado para quedarse, estimando en 6% el crecimiento real para 1997 y 98. Recién se fijaron en el nivel de la deuda cuando la caída de la recaudación a partir de 1998 hizo que el servicio de la deuda pareciese problemático, mientras el crecimiento y la nueva inversión se paralizaban.
La única posibilidad de evitar el cataclismo dependía de que se generase un shock de confianza, regresasen la inversión y el crecimiento y se recuperasen los niveles normales de recaudación. En lugar de todo ello en el 2000 asumió la presidencia un hombre irresoluto y desprovisto de toda experiencia en materia de economía, quien permitió que su primer ministro de Economía intentara el ajuste que les exigía el FMI a través de lo que se dio en llamar “el impuestazo”, cuyos resultados demostraron que la carga fiscal argentina era tal, que sus finanzas públicas estaban sobre el trecho de pendiente negativa de la curva de Laffer –más impuestos pones, menos recaudas– con lo que la suerte de la economía quedó sellada. Más adelante el presidente de la Rúa convocó a un economista de agallas, Ricardo López Murphy, que procuró capear el temporal reduciendo los salarios públicos, pero le retiró su confianza ante la grita general. Luego viene el episodio Cavallo, que es más para la tragicomedia que para la discusión académica.
Este artículo no ha sido más que un escorzo a grandes rasgos de una crisis que nos interesa por una multiplicidad de razones, en parte por las repercusiones de la depresión argentina sobre nuestra economía, pero sobre todo porque tal vez haya en todo ello una lección que nosotros de este lado del Plata podamos aprovechar.