El momento actual no es igual que cualquier otro. Para adquirir plena conciencia de las urgencias que él plantea basta con echar un vistazo al testimonio argentino y comprender que, si bien muchos de los rasgos que contemplamos allende el Plata son el fruto de gruesos errores de política frente a la emergencia de su derrumbe financiero, las causas que provocaron éste las compartimos con ellos: (i) gran déficit (ii) sobreendeudamiento, (iii) crecientes tasas de interés, (iii) necesidad, por consiguiente, de endeudarse más, (iv) caída de la recaudación, acompañando descenso del nivel de actividad, (v) mayor déficit (v) eventual pérdida del crédito internacional, (vi) entonces, insuficiencia irremediable de los medios de financiamiento para el servicio de la deuda. El acto final es la quiebra, que en el ambiente financiero se nombra en inglés, con una palabra horrible: Default.
Desde el día que perdimos el “grado inversor”, y las tasas de interés comenzaron su ascenso fatal, nadie tiene derecho a ignorar la semejanza de las situaciones. Nosotros no recorrimos toda su “via crucis”, pero de que es la ruta que tenemos trazada, no cabe dudar. Hoy en día no sirve aumentar impuestos, porque cae más el nivel de actividad y la recaudación sigue bajando. Lo único que puede salvarnos es un shock de confianza. Necesitamos que la gente diga: “Este país ya no es el de antes, ahora tal vez se pueda trabajar allí, quizás hasta invertir”. Cuando escribo sobre bajar el gasto, no es sólo para reducir el déficit; además, y fundamentalmente, es para provocar el shock de confianza. Por eso los recortes marginales de gastos, semiocultos, no nos sirven. Tienen que ser espectaculares. Difíciles, es cierto, pero necesarios.
La proximidad de una crisis altera las escalas temporales. Los meses se ven como años, los años como lustros, las décadas como eternidades. Cuando las autoridades hablan de medidas que darán fruto en 2004, o 2006, parecen personajes de ciencia ficción. Hay un episodio que leí en la tapa de Búsqueda del 4 de abril que lo dice todo. Jorge Batlle está instando a su gente a hacer campaña para lograr consenso sobre la necesidad de importar combustibles si antes del 2004 ANCAP no equipara sus precios con los de la región. Y uno de su audiencia, el diputado José Amorín Batlle, le pregunta: “¿Por qué esperar a 2004? ¿Por qué no los bajamos ya mismo?” Que es lo que todos queremos saber. A la certera interrogante el presidente contestó: “Eso no te lo puedo responder ahora.” Sin aclarar por qué. Sin precisar cuándo lo haría. Uno no puede dejar de preguntarse si Batlle no estará trabajando con una cronología desubicada. Yo lo veo, en su esforzada marcha, cargando un envoltorio que hace “tic tac, tic tac”. Su aparente confianza en que llegará a destino antes de que el paquete le explote en las manos resulta muy inquietante.
El Observador del 5 de abril, cubriendo el mismo tema, expresa que, bajo ciertas circunstancias, “Batlle está decidido a cerrar la planta (de ANCAP), pagarle el sueldo a los empleados…e importar combustible.” Bien, pero ¿cuándo? En la actual coyuntura todo anuncio de política económico debe llevar, como imprescindible aditamento, un complemento de tiempo: mañana, el mes que viene, antes de la primavera, etc. Las referencias al 2003 y años sucesivos están fuera de lugar. Keynes una vez dijo que en el largo plazo estaremos todos muertos; bueno, aquí y ahora, el largo plazo está a la vuelta de la esquina.
Hay otro aspecto de nuestro ámbito gubernamental que es urgente cambiar, por la misma razón: es decir, generar confianza en cuanto que el país no será ya el mismo. Me refiero a la responsabilidad de los gobernantes, incluyendo por supuesto los directores de las empresas estatales. “Responsabilidad” es la mejor palabra que encuentro en castellano para lo que quiero decir, pero eso se expresaría mejor con el vocablo inglés “accountability”. Éste significa algo así como estar sujeto a rendir cuentas, y a soportar las consecuencias si las cuentas son insatisfactorias.
La contratapa de la Búsqueda ya aludida trae una interesante nota sobre el BHU. Valiosa por lo mucho que tiene de sinceramiento, pero escalofriante por cosas que dice y cosas que calla. El título es “Gobierno lanza profunda reforma del BHU…” ¿El gobierno? Y, ¿qué hacen los directores? A fin de año se habrán quedado sin capital. ¿Quién responde por eso? ¿Los mismos que están haciendo el plan de reestructuración? Y si no, si pese a la Constitución el gobierno se ha metido dentro de la institución, y la está gerenciando, los directores, ¿qué hacen? La Constitución ¿no autoriza al Ejecutivo a formular observaciones a los directorios, y eventualmente plantear su destitución frente al Senado? ¿Por qué esos métodos, que conllevan transparencia, se dejan de lado y se abre paso a cómplices silencios? ¿Será porque el mismo presidente y sus ministros de hecho no son responsables ante nadie?
La misma fuente informa que el Ejecutivo en su memoria anual al Parlamento, expresa que el desequilibrio financiero del BHU es consecuencia de “actuar durante tres décadas como órgano central del sistema de ahorro y crédito para vivienda, atendiendo sectores de bajos y medianos ingresos, con un subsidio generalizado en la tasa del interés”. Yo querría saber quién le dio mandato a los directorios para transferir ingresos a sectores menos favorecidos. Uno había supuesto que los subsidios, como los impuestos, tenía que votarlos el Parlamento, pero, por lo visto, no es así. Si el Ejecutivo pretende cohonestar la conducta de los directorios, hay que preguntarle a él, a sus integrantes actuales y anteriores, quién les dio mandato para practicar una política redistributiva sin base legal, y usando un banco como instrumento arbitrario, ilegal e inconstitucional, de esas transferencias, que le han costado y seguirán costando a los contribuyente centenares y centenares de millones de dólares.
Esto es esencial, porque, de pasarse la responsabilidad por alto, como parece ser el hábito nacional, no hay ningún plan, ni ninguna supervisión de la OPP, ni ninguna otra precaución legal, que pueda servir; no en un país donde la Constitución y la Ley se toman a la chacota. Está bien haber iniciado el sinceramiento, pero hay que ir más allá. Hay que aclarar que los depósitos del BHU no son depósitos bancarios, sino deuda pública, porque no tienen por contrapartida activos bancarios de proporción irrisoria, sino la soberanía tributaria del estado, cuyo ejercicio, ya tremendo, va a tener que potenciarse sobremanera. Y hay que mostrar que cuando directores y gobernantes violan la Constitución y la Ley las consecuencias no quedan ocultas bajo un perenne manto de olvido.