El presidente Jorge Batlle citó a su despacho a los presidentes de las empresas públicas y les conminó a aceptar que el tiempo del chiveo terminó, y la hora de mirar de frente a la realidad llegó para quedarse. Según la prensa, dando un fuerte golpe sobre la mesa, exclamó: “¡Hay que dejarse de jorobar y hacer lo que hay que hacer!” La posibilidad de que esta versión librada al público haya sido ligeramente expurgada no se descarta.
Claro que de esa reunión del 19 de junio no surgió el acta de defunción del régimen que data de un siglo y algo atrás (el BROU, pionero, es de 1896), pero sí fue ya un signo inequívoco de que él trastabilla. Por de pronto, los principios básicos fueron arrojados por la ventana. Esos principios, que están reflejados en la Constitución, dicen que las empresas públicas son dirigidas por hombres probos, seleccionados por su vocación al servicio de los intereses nacionales (en lugar de la codicia que reina en el sector privado) y, frente a ello, la posibilidad de que el presidente de la República pudiese convocarlos y pasarles un rezongo como para escolares resulta inimaginable. En realidad, esas empresas han sido constituidas como “entes autónomos” para evitar que los obliguen a contratar personal innecesario, de entre las clientelas políticas de los gobernantes, o para impedir que los fuercen a otorgar prebendas a los amigos de los gobernantes.
La teoría –la defenestrada teoría– presupone que, ante tal hipotética situación, los directores habrían rasgado sus togas en señal de indignación, y argüido que los gastos que ahora se les intima cortar drásticamente eran parte del presupuesto que el mismísimo intimante aprobó no ha mucho. Y, cuando el presidente de la República invocó el precedente del general chino Sun Tzu, que decapitó a uno de sus subordinados para convencer a los demás de que sus órdenes iban en serio, le habrían objetado el caso, sin ir más lejos, del BSE, que tozudamente omite publicar sus balances como la ley manda, y sus directores mantienen sus cabezas sólidamente unidas a sus respectivos troncos. Y ni hablar del directorio de ANTEL, durante la administración previa, que gastó más de cien millones de dólares en la construcción de una torre manifiestamente inútil, que una ilustre visitante describió como “un monumento a la estupidez”, y tampoco entonces rodaron cabezas. Hay que presumir que Sun Tzu, para que se tomasen en serio sus órdenes, tenía una credibilidad que nuestros gobernantes por ahora no han hecho nada por cultivar.
¿Quién, pues, de hecho manda en las empresas públicas? No los directorios, acabamos de verlo, sí el presidente de la República. Entonces, no puede uno menos que inquirir, cuando a Batlle se le ocurren ideas sobre las empresas públicas –y se le ocurren muchas y muy buenas– ¿por qué diantres no las pone en práctica? Hace ya algún tiempo –diría que el año pasado– dijo que si se cerrase la refinería de La Teja y se pudiesen importar libremente productos terminados de la destilación petrolera, podríamos bajar 20% el costo de los combustibles. ¿Por qué, entonces, no lo hace? Ahora –pocos días atrás– se quejó de que ANCAP produce el cemento más caro del mundo. ¿Por qué no viste la armadura de Sun Tzu y cierra las fábricas del ente dilapidador? ¿Puede él imaginarse el apoyo popular que tendrían sus medidas? ¿El prodigioso cambio de expectativas? ¿La reactivación en toda la industria y el agro? ¿En la industria de la construcción? ¡Qué tristeza que el primer mandatario tenga ideas nítidas sobre lo que el país necesita y que existan barreras intangibles para obstaculizarle ponerlas en práctica! No puedo contarles cuánto me gustaría verlo probar.
Y, esas barreras, intangibles pero inexpugnables, ¿en qué consisten? Consisten en las prebendas y privilegios de los funcionarios de los entes autónomos, así como, en menor medida, de la Administración Central. Los funcionarios públicos en el Uruguay son el equivalente de los duques, condes y marqueses del ancien régime. El 4 de agosto de 1789 –poco después, por tanto, del 14 de julio– los representantes de la nobleza en los Estados Generales –a la sazón ya convertidos en Asamblea Nacional– llevaron a la sesión los pergaminos donde constaban sus privilegios y prebendas, y los quemaron ante el entusiasmo de todos los que presenciaron aquella memorable jornada. ¡Qué felicidad la de los propios aristócratas! ¡Qué paz en sus conciencias! Nuestros propios privilegiados, que saben que hay diez trabajadores en la refinería de ANCAP por cada uno que se necesita, manteniendo con ello de rodillas a un pueblo sufriente, ¿no arrojarían alegres ellos mismos a las llamas los pergaminos que mantienen a sus propios compatriotas en una servidumbre atroz? No me consta que sí, pero tampoco lo descarto.
En todo caso, vuelvo a lo del comienzo: el sistema se cae a pedazos. El sistema, un entretejido de absurdos e injusticias, no ha de durar. El punto exacto en el tiempo es un enigma, nadie puede saber el día ni la hora. Si el 12 de julio de 1789 Camille Desmoulins hubiese estado afónico, y no hubiese podido arengar a las masas, la Revolución se habría demorado, pero no habría dejado de ser inminente. Y lo mismo ahora: nos podemos equivocar sobre la fecha, pero no acerca de la inevitabilidad de la cosa. El momento actual, como suele suceder en tiempos de cambio, es propenso a las confusiones. El plan de ajuste fiscal es un ejemplo. Había que reducir drásticamente el tamaño del Estado, en vez de lo cual el plan lo agrandó, concretamente en la dimensión fiscal. Hoy en día un mayor peso del Estado gravita sobre cada ciudadano. Y la iniciativa de elevar el IRIC, del 30 al 35% –cuando al empresario que declare y pague IRIC en estos tiempos habría que otorgarle un premio– probablemente sea conservado en un museo de curiosidades históricas; pero, un poco más tarde, un poco más temprano, como decíamos, el sistema caerá. La gente seguirá pasándolo mal en ocasiones, cuando causas reales y tangibles graviten poderosamente en ese sentido, pero no más vacas sagradas seguirán obstaculizando el tránsito del país hacia la solución racional de sus problemas.
El socialismo –sobre eso a esta altura la historia no admite discusiones– no es propenso al progreso material. Pero antes del socialismo el Uruguay fue un pequeño gran país. Y volverá a serlo. Simplemente, nuestro crecimiento económico se habrá salteado el siglo XX. Pero no importa. Si entramos nuevamente en contacto con la realidad, las perspectivas del país volverán a ser estupendas.