Menudean las críticas contra los ajustes fiscales en situaciones económicas recesivas, como la nuestra actualmente. A la política encarada en esa dirección no se la objeta combatir el déficit de la tesorería, porque él es imprescindible cuando la fuente de financiamiento del crédito voluntario se ha secado, sino porque faltan en ella medidas orientadas hacia la reactivación de la economía. En sí misma la objeción es fundada, sólo que quienes la formulan, o bien frecuentemente no dicen de que se trata, o bien insinúan políticas que contrarían la meta imperativa de abatir el gasto excedente.
Porque, en sí mismo, el objetivo de reactivar la economía no puede tener contradictores. Si se lo alcanza, no sólo se mejora el nivel de riqueza de la sociedad, y por tanto su nivel medio de vida, sino que además se atenúa la calamidad del desempleo y la tragedia social de la pobreza, y, al mejorar la recaudación fiscal, la meta de reducir el déficit se promueve igualmente. De un programa de gobierno en un país en recesión, con alto desempleo, lo único que importa es la reactivación, y quienes proponen un ajuste fiscal tienen que hacerlo porque creen que con ello favorecen la reactivación, o –al menos– que una reducción en desequilibrio de las cuentas públicas es una condición necesaria para que la sociedad recupere el nivel de actividad perdido. De modo que, si un gobierno en tales circunstancias presenta un programa de ajuste del déficit –de aumento de los impuestos y reducción del gasto– dejando de lado toda medida dirigida hacia la reactivación, no puede ser porque la meta le sea indiferente, sino, necesariamente, porque, o bien no sabe cómo promoverla, o bien porque no la juzga ejecutable –digamos, por falta de dinero en las arcas públicas– o, todavía, porque considera que lo que habría que hacer no es políticamente factible.
Veamos, antes de seguir más adelante, qué métodos posibles de reactivación pueden considerarse. Al respecto, nos encontramos con tres clases de políticas que podrían favorecer aquella meta. En primer lugar, tenemos las que se basan en la expansión de la demanda; en segundo lugar, las que procuran un fortalecimiento de la oferta; y, finalmente, las que actúan sobre los precios, manejando con tal fin aranceles y subsidios.
La estrategia de fortalecer la demanda mediante una política monetaria expansiva e incremento del gasto público ha ingresado a la historia con el sello indeleble de Keynes. Pocos economistas han ejercido un liderazgo tan universal como el que el inglés John Maynard Keynes ejerció desde mediados de la década de los años 1930 hasta fines de la década de los 1960. El meollo de su tesis era que, en el sistema capitalista, el sector privado es inestable. Para mantener un equilibrio con pleno empleo se requiere un volumen de gasto (o “demanda efectiva” como él solía decir) suficiente para compensar el ahorro voluntario. Por regla general, sostenía, los incentivos naturales para invertir son insuficientes para conseguir aquel resultado. El equilibrio macroeconómico exige igualdad del ahorro y la inversión. Si la inversión es insuficiente para compensar la abstención de gasto, que es el ahorro, el equilibrio al que consecuentemente gravita el sistema se logra mediante una reducción del ahorro, y éste a su vez con una caída del ingreso, que arrastra tras de sí el del ahorro. Sin la intervención gubernamental, el equilibrio del sistema conlleva un reducto apreciable de paro forzoso, no como fases transitorias, sino como regla general.
En la era pre-keynesiana esos resultados se presumían solubles gracias a los mecanismos naturales de los mercados. El exceso de ahorro voluntario por sobre las decisiones de inversión traería una caída de la tasa de interés, que a su vez fomentaría el gasto, tanto de inversión como de consumo. Gran parte de la obra de Keynes consistió en una teoría acerca de las razones por las cuales esos mecanismos son insuficientes. Se requieren entonces políticas activas del gobierno, destinadas a fortalecer esas tendencias mediante la política monetaria, cuya expansión, a través de la compra de bonos por el gobierno, promovería una mayor caída de la tasa de interés y consiguientemente un ascenso del gasto. Y, más directa y efectivamente, mediante el gasto gubernamental, verbigracia en obras públicas, que tendría un efecto multiplicador de la demanda efectiva a través de la expansión inducida del consumo, al reducirse el desempleo.
Tanto por la política monetaria de expansión del crédito como por la política de gasto fiscal deficitario –si no era deficitario no servía, porque los impuestos ejercerían un efecto contractivo que anularía el expansivo del gasto– la estrategia keynesiana implicaba emitir mucho dinero. Para evitar la consiguiente presión inflacionaria, Keynes ponía su confianza en la mesura de los gobernantes. Fue defraudado, por más que póstumamente: murió en 1946, y 20 años después comenzó a insinuarse una ola inflacionaria mundial, que en la década de los 1970 se volvió arrolladora, arrastrando el sistema monetario cuyo diseño se debía a él fundamentalmente, el patrón cambio-oro, o acuerdo de Bretton Woods. Desde entonces se inició el retroceso de las medidas de reactivación basadas en la expansión de la demanda.
El consiguiente vacío fue llenado con las teorías que se concentraban del lado de la oferta. No tuvieron un líder tan conspicuo como Keynes, pero sus economistas llenaron los puestos claves en la administración Reagan en los EEUU durante la década de los 1980 e influyeron asimismo en la Inglaterra de Thatcher. Ellos se concentraron en los factores que inciden sobre las decisiones y realizaciones del sector empresario. En lo que nos concierne, la estrategia keynesiana está completamente contraindicada. El propio Keynes así lo habría diagnosticado sin la menor hesitación. El déficit que él proponía ya lo tenemos de sobra y no nos ayuda nada a reactivarnos. Cualquier tentativa de expandirlo nos llevaría a la hiperinflación y al caos. Las políticas del lado de la demanda nos están terminantemente vedadas. Los inconvenientes fundamentales que enfrentamos son la desconfianza en una política gubernamental que amenaza, por un lado, aplastar toda iniciativa bajo un alud de impuestos, y por otra precipitarnos en la hiperinflación y crítico déficit de la balanza de pagos, todo lo cual inhibe la inversión. Se necesita reducir drásticamente el tamaño del Estado, y ver qué podemos hacer para recomponer el sistema financiero, porque sin crédito no habrá reactivación. La idea de hacer obra pública, salvo por concesión a privados, y pagar subsidios a los más necesitados sólo podrían exacerbar el malestar social. Y, en cuanto a ayudar a sectores empresarios a través de los aranceles y subsidios, no hay más remedio que dejarlo para la semana próxima.