El tema de la competitividad suele identificarse con el del tipo de cambio, pero eso no es toda la historia. También importa, y sobre todo, una adecuada asignación de los recursos productivos, o, mejor dicho, la eficiencia de la economía.
Tener un tipo de cambio adecuado es apenas una cuestión de unidad de cuenta. Cuando un país tiene su moneda sobrevaluada, o, como suele decirse, hay “atraso cambiario”, lo que ocurre es que los bienes que no son objeto de comercio internacional (bienes “no transables”) son caros en relación a los bienes que sí lo son (bienes “transables”). O sea que un dólar compra una cesta más pequeña de bienes no transables que la de transables, de modo tal que una devaluación, que aumenta el poder de compra de un dólar respecto de los primeros, pondría las cosas en su lugar. La significación de esto en relación con la competitividad se ve más claro si reparamos que el bien no transable por excelencia es la mano de obra. Y la carestía de la mano de obra repercute sobre los costos y precios de los demás bienes no transables en cuyo costo los salarios son importantes, particularmente en los servicios. En realidad, la devaluación favorece la competitividad (así como desfavorece muchas otras cosas) porque con ella el dólar del exportador puede comprar más mano de obra, directa e indirectamente (a través de los insumos), y lo mismo ocurre con el productor local que compite con importaciones.
Sin embargo, la devaluación produce efectos sólo transitorios, porque el encarecimiento de los bienes transables en términos de salarios (o de pesos, que es todavía la moneda de los salarios) hará que los trabajadores presionen por la recomposición de sus salarios reales. La eficiencia, por su parte, tiene que ver con la relación entre los recursos aplicados a la producción y la corriente de bienes y servicios resultante. Cuanto más caudalosa la corriente, más eficiente la economía, y viceversa. Al respecto juegan dos factores. El primero es que haya recursos escasos inactivos, o sólo semiactivos, o mal organizados. El segundo es que haya recursos mal asignados, trabajando en una industria cuando debían estar trabajando en otra.
El primer factor opera en alta proporción en el sector público. En él hay empleados que no contribuyen prácticamente nada a la producción, a veces por falta de laboriosidad y otras por total incapacidad para desempeñar las funciones para las que han sido designados. Y ello normalmente por clientelismo político, lo que al mismo tiempo los pone a cubierto de la destitución, por flagrante que sea la falta. Además nuestra sociedad mira tal cosa con resignación o indiferencia. Aparte de esa clase de despilfarro está el que resulta del hecho de que son muy pocos los jerarcas que cuidan de mejorar la productividad del capital y la mano de obra allí ocupados, todo lo que inevitablemente repercute sobre la economía del sector privado en forma de impuestos suprimibles y precios monopólicos exorbitantes, todo lo cual traba nuestra competitividad internacional.
Esto es obvio, y nadie puede dudar de que las cosas son así, pero también es significativo el efecto de la clausura de la economía. Al elevar el precio interno de los bienes no transables, el arancel aduanero y otros obstáculos al comercio atraen recursos productivos hacia la elaboración de bienes en los cuales nuestra eficiencia es menor que en otros, por lo cual deberíamos importar éstos, transfiriendo consiguientemente recursos hacia áreas donde son más productivos. Y no es una verdadera barrera para hacerlo el que, con los números actuales, parezca difícil que compitamos en bienes y servicios distintos de los que exportamos actualmente. Ello ocurre por no tener presente que una fuerte reducción del arancel operaría una reducción mayor aún de nuestro nivel de precios. Hoy el Uruguay es un país caro. Y es caro en razón de que es ineficiente. Por simples razones de escala, su producción de todos los bienes “no transables” –no transables dada la altura del arancel– es ineficiente, por lo cual sus costos son altos, y la competitividad internacional del país es baja; doblemente, porque el innecesariamente alto costo de la vida exige salarios nominales mayores. La reducción de la barrera arancelaria y equivalente opera decisivamente en el sentido de la especialización, eliminando la ineficiencia derivada del reducido tamaño del mercado interno. Es imperativo que reduzcamos progresivamente nuestro arancel con una meta final de cero o poco más. Naturalmente que la transición tendrá sus costos, pero quedarnos con una economía semicerrada nos condena a un permanente estancamiento y a ver cómo los uruguayos dotados de iniciativa y ganas de trabajar son irremisiblemente impulsados hacia la emigración como solución de sus problemas económicos.
El ideal sería que, con escasas excepciones, los bienes ofrecidos en el mercado local, de consumo y de capital, fuesen todos importados, y todo lo producido en el país se exportase. Cuando visité Hong-Kong y Singapur, en los comercios no encontré artículos que denunciasen su fabricación local. Y su enorme apertura (cero arancel en general, exportación superior al 100% del PBI) coexiste con un progreso y nivel de vida notables. Hay quienes dicen que su éxito se debe a salarios reales miserables, pero eso fue cierto sólo cuando hace muchos años empezaron su gran desarrollo, siendo los salarios reales actuales varias veces mayores que los nuestros, sin que haya, en ninguna de esas economías, ambas del mismo orden de magnitud que la nuestra, el menor signo de pobreza.
Lo más alarmante es que, frente a la presente crisis, hay industrias en dificultades que piden más protección arancelaria y equivalente. No piden, en cambio, que bajen el arancel de importación, lo que podría resolver su problema mucho mejor. Y ello es así por una sencilla razón: los que compiten con importaciones disfrutan el beneficio que la protección arancelaria les depara de manera directa, mientras que su costo, que equivale a un impuesto a las exportaciones, se genera de modo indirecto y difícil de percibir a simple vista. Mientras que, por su parte, la reducción del arancel reclama una amplia reasignación de recursos, que despierta toda clase de temores en la sociedad entera. La diferencia de dificultad política entre una y otra estrategia genera el peligro que se prefiera el cierre de la economía a su apertura: la aparente seguridad que lleva al estancamiento así como al desempleo y pobreza endémicos, frente a una apertura de grandes oportunidades, las cuales, sin embargo, requieren para su aprovechamiento imaginación, energía y disposición a asumir riesgos.
El camino de liberalizar el comercio es el único que ofrece un futuro de progreso al Uruguay. La historia y la teoría se mancomunan para proclamarlo. Y ello es cierto independientemente de lo que los demás hagan. Por lo tanto vale si los demás mantienen o elevan sus propios aranceles, o subsidian sus exportaciones, o excluyen de sus bloques comerciales a un socio que rechaza un arancel externo común superior al que reclaman sus intereses. Así son las cosas; pero el lector seguramente no espera que trate cabalmente de tantas cosas en un solo artículo.