Aunque caiga en tierra fértil la buena nueva de que el comercio internacional es, al decir de James Meade, una máquina de crecimiento, la germinación de la semilla suele enfrentar dificultades. Si nosotros demolemos las barreras arancelarias que frenan nuestras importaciones, ¿quiénes se abrirán concordantemente a nuestras exportaciones? Hoy quiero sugerir al lector que ese planteamiento está errado.
Hace algunas semanas cuando, en un almuerzo de la Cámara de Comercio Uruguayo-Británica, Alejandro Végh Villegas hizo desde el podio una referencia elogiosa al arancel aduanero del 6% que rige en Chile, el presidente de la República interrumpió desde su mesa al expositor, preguntándole –retóricamente– si en el ámbito agrícola era ese mismo arancel el que Chile aplicaba. Végh se limitó a acotar que siempre hay excepciones, en circunstancias en que, obviamente, todo debate habría estado fuera de lugar. Pero yo me quedé reflexionando sobre el significado de la intervención del presidente Jorge Batlle, sin estar seguro hasta hoy sobre su verdadero significado.
A Chile, con su arancel bajo –diría que menor a una tercera parte de nuestra tarifa media– al cual le condujo una política de liberalización progresiva de su política comercial, le ha ido estupendamente bien. Tiene mayor tasa de crecimiento que nosotros, menor desempleo, mayor estabilidad macroeconómica, la mejor clasificación de riesgo en América Latina de su deuda pública, y marcha a la cabeza de los que pugnamos por conseguir una alianza comercial con EEUU. Como es natural, no pretendo que se infiera de ello que la política comercial haya sido, ni la única, ni siquiera la principal causa de sus grandes éxitos, pero sí son hechos innegables, en primer término, que la reforma arancelaria liberal se llevó a cabo; en segundo lugar, que, por más de abarcar el grueso del sector manufacturero, hoy en día Chile tiene en él mayor actividad, tanto exportadora como doméstica, que la que tenía cuando la política comenzó a ejecutarse; y, en tercer lugar, que nadie puede alegar que la mayor competitividad internacional que en materia industrial exhibe hoy ese país se debe a los aranceles diferenciales que mantiene para sus importaciones agropecuarias.
¿Qué comentario cabe formular, entonces, a la zona restrictiva del arancel chileno? Una posibilidad es reprochar a los responsables de la política chilena una inconsecuencia. Después de todo, es indudable que los consumidores chilenos pagan más caros de lo que sería preciso algunos de los bienes que consumen. Pero, a nosotros, eso no nos va ni nos viene. Sin duda, el criterio adoptado obedece a razones políticas, y no económicas. Es, por otra parte, lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos. Sin duda hay algo que lleva a diversos países a discriminar en contra de las importaciones de origen rural. Ese algo, a su vez, parece descomponerse en dos factores. Uno político-electoral, resultante del hecho de que los productores del sector votan y suelen constituir un lobby muy compacto, con una fuerza consiguientemente superior a los números de la población afincada en el campo. Otro, de mayor vuelo, tiene que ver con el deseo de la ciudadanía de mantener una población rural significativa. En Europa, este aspecto parece ser importante. Yo tuve al respecto una experiencia que voy a trasmitirles.
Cuando leí por primera vez la encíclica Populorum Progressio me llamó la atención que la envolvente solicitud de Pablo VI por la suerte de los países menos desarrollados no hubiese abarcado el tema de la Política Agrícola Común del (entonces) Mercado Común Europeo. La suerte quiso que años después tuviese la posibilidad de satisfacer mi curiosidad dialogando con un prelado que representaba al Vaticano en los organismos multilaterales de Ginebra. Ante mi pregunta, el dignatario me respondió sin vacilar que la Santa Sede aprobaba aquel proteccionismo agrícola como medio de evitar la despoblación del medio rural europeo, y con ella la extinción de lo que consideraba un irremplazable depósito de las virtudes tradicionales del mundo cristiano. Sin perjuicio de haberle expresado mi deseo de que una meta tan válida pudiese en el futuro perseguirse de una manera menos onerosa para los países menos pudientes, no dejo desde entonces de mantener una actitud respetuosa acerca de una política que, desde el punto de vista económico y social, encuentro indefendible.
Sea ello como fuere, el proteccionismo agrícola europeo y norteamericano, y aun de otros orígenes, nos cuesta caro a las economías productoras de dicha clase de bienes. Sin él aumentaría significativamente el nivel de vida y la tasa de crecimiento de nuestros países. Dicho esto, sin embargo, su significación para el diseño de nuestras políticas comerciales es escaso. Hay sólo dos hipótesis que justificarían adoptar contramedidas de intención disuasiva, como la prohibición de exportar a los países incursos en tal clase de protección, o de gravar la importación de sus productos diferencialmente, y ellas serían las de que tuviésemos una posición monopólica en la oferta de bienes de intensa demanda en los potenciales destinatarios de las contramedidas, o nuestra absorción de su producción exportable fuese enorme. Como esas hipótesis carecen de realismo, respecto de la Política Agrícola Común y el proteccionismo agrícola estadounidense lo más que podemos hacer es combatirlos en el terreno de las ideas; pero, en cuanto a estructurar nuestras políticas comerciales, es aconsejable tratar aquellas barreras como hechos de la naturaleza, tal como Bolivia tiene que considerar su mediterraneidad. Si, en cambio, cometiéramos el error de elevar nuestro propio arancel, no habría nadie más que nosotros que sufriese las consecuencias.
Algo parecido sucede con el dumping. Si otro país se vuelve más eficiente en una determinada área de producción, es posible que nuestros productores se vean excluidos de ella, pero al menos nuestros consumidores disfrutarán la innovación. ¿Qué diferencia hay en la práctica con el caso de que la baratura se deba, no a mayor eficiencia, sino a subsidios pagados por uno o más gobiernos extranjeros? Siempre partiendo de la base de que nuestro poder disuasivo es insignificante, cerremos los ojos a toda diferencia en tal sentido. Subir nuestro arancel para contrarrestar un subsidio ajeno sólo nos perjudicaría a nosotros mismos.
Cierto, ello puede significar el fin de una industria nuestra naturalmente viable, y ello despierta nuestra rebeldía. Pero ésa es la clase de mundo en que vivimos. Hay en él un ethos propio de los países pequeños, basado en la obsesión por la capacidad de competencia y en la permanente disposición a usar su inteligencia y su imaginación para adaptarse a los cambios, aun a los arbitrariamente impuestos por los poderosos, al que no podemos traicionar sin sufrir las consecuencias. Ello implica una vida más difícil, pero no exenta de posibilidades positivas. Démonos ánimo pensando en los éxitos de Nueva Zelanda, de Singapur, de Chile, y de diversos otros, quienes deben soportar los mismos inconvenientes que nos agobian, y no olvidemos que intentar disciplinar a los demás con nuestro propio encierro no sería más que una solemne tontería.