Se habla mucho sobre reactivación, pero se dice muy poco. El Frente Amplio recrimina a la coalición de gobierno por no hacer nada en tal sentido, pero nunca aclara qué debería hacer. Las pocas veces en que el gobierno menciona la palabra, invariablemente se refiere a programas de alcance restringido, que por sí solos nunca podrían reactivar una economía que, al menos en su sector privado, a través de un ejército de parados, empresas en insolvencia por doquier y salarios reales en caída libre, proclama a los cuatro vientos su profunda, creciente, y generalizada depresión. Algo, sin embargo, habrá que hacer, y pronto, si a la tragedia de la emigración no ha de sumarse progresivamente la del hambre. Hay dos perspectivas desde las cuales el economista puede enfocar el problema: desde la demanda y desde la oferta. No es fácil mantener rigurosamente la distinción en el análisis, pero, al menos como punto de partida, ella es esclarecedora. Desde el primer punto de vista la contracción se percibe como la caída de las ventas por falta de demanda, a raíz de lo cual se acumulan inventarios, aumentan los costos financieros, se hace necesario prescindir de una parte creciente del personal, eventualmente las empresas cierran. Desde este ángulo, la política de reactivación tiene como núcleo una inyección fiscal de dinero en la economía. No financian-do el gasto con más impuestos, porque éstos contrarrestarían el efecto positivo del gasto público adicional, sino a través del déficit. Así se emplearía más gente, que consumiría más, lo que aumentaría más el empleo, estimularía más consumo, y así sucesivamente. El enfoque desde la oferta ve al empresario acosado por las regulaciones y por la suba de los impuestos. Éstos le llevan a recortar sus operaciones y reducir su personal. Eventualmente, al cierre. Ciertamente, a interrumpir por completo su gasto en inversión. Como es obvio, también desestimula la inversión de quienes consideraban la posibilidad de radicar capital en el país. En materia de mano de obra, uno de los puntales de la oferta, muchos –y por lo general los jóvenes mejor preparados y con más espíritu de iniciativa– se resuelven a probar suerte fuera de fronteras. Por supuesto, las consecuencias secundarias del desempleo son semejantes a las percibidas desde la primera perspectiva. En cuanto a la política, lo que esta postura recomienda es una rebaja de impuestos y poda de las regulaciones, en lugar de un aumento de los gastos. Las circunstancias tienen mucho que ver acerca de cuál sea el punto de vista a adoptar en el diseño de una política. En la situación actual del Uruguay, la política de gasto deficitario es inviable. Keynes, su característico propulsor, se refería a una condición financiera radicalmente diferente de la nuestra actual: a un mercado financiero rebosante de liquidez, pronto a absorber los bonos que se le ofreciesen a altos precios (o, lo que es igual, a prestarle al gobierno a tasas muy reducidas). Nuestra situación actual se opone diametralmente a aquella. El acceso al mercado de crédito voluntario lo perdimos, tras un lapso de fuerte déficit, que primero nos reportó la pérdida del “investment grade” (rango inversor) y subsiguientemente una vertiginosa caída de la cotización de nuestros bonos públicos. Actualmente nos vemos reducidos al circuito de los entes multilaterales de crédito, que sólo nos liberan fondos bajo condiciones muy estrictas, que vuelven impensable el recurrir al gasto deficitario. Por otra parte, nuestra condición respecto de la moneda nacional es de verdadera huida del peso, con lo cual toda tentativa de incrementar el stock de liquidez en nuestra moneda por medio de la emisión conduciría abruptamente a una hiperinflación. La conciencia de esa imposibilidad luce por fortuna firmemente arraigada en nuestras autoridades. Sólo las enigmáticas referencias de la izquierda a una política “neoliberal” hacen a veces pensar que atribuyen su resistencia a incrementar el gasto como instrumento de reactivación a una ortodoxia trasnochada. Si ellos llegan al poder, como parece probable, y realmente tratan de “liberarse” de semejante dogmatismo, van a darse cuenta de cuán equivocados estaban en un abrir y cerrar de ojos. Al mismo tiempo, el gobierno no ensaya ninguna estrategia conducente a la reactivación. En general su política se ha limitado a procurar reducir el déficit fiscal, creando y aumentando impuestos. Lo ha hecho apremiado por la caída de la recaudación, a su vez consecuencia del shock externo proveniente de Brasil y Argentina, desencadenado por la crisis financiera de Brasil. Argentina ya había transitado ese camino, con el “impuestazo” propiciado y puesto en práctica por Machinea, el primer ministro de Economía del presidente De la Rúa. Era un camino tremendamente equivocado, que surtió efectos previsiblemente desastrosos. Lo que no impidió que reiteradamente lo imitáramos sobre esta ribera del Plata. Es un camino radicalmente equivocado, sobre todo visto desde el lado de la oferta, como lo habría señalado Arthur Burns, ministro de Eisenhower y pionero de este enfoque, así como el premio Nobel Robert Mundell, padrino de la tendencia al nombrarla “supply-side economics”, y Arthur Laffer, creador de la famosa curva que lleva su nombre, la que muestra cómo, más allá de cierta magnitud de la carga impositiva, subir la alícuota de los impuestos, o crear nuevos, tiene un efecto contraproducente sobre la recaudación. Pero no sólo para los representantes del punto de vista de la oferta. El propio Keynes –en un opúsculo que publicó en 1938, dos años por tanto después de la “Teoría General”, titulado “Medios para lograr la prosperidad”– expresaba que una reducción de los impuestos podría ser la mejor manera de equilibrar un presupuesto deficitario. Y, con su característica agudeza, acotaba: “…adoptar la posición opuesta …sería equivalente a la actitud de un empresario que, al sufrir pérdidas, decidiese aumentar sus precios, y cuando las ventas declinantes elevasen todavía más sus pérdidas, decidiese que la prudencia requería que subiese los precios más aún…”. Todo indica que nosotros mismos nos hallamos sobre el segmento de la curva de Laffer en el cual mayores impuestos equivalen a menor recaudación. Naturalmente, la magnitud de nuestro déficit es tal, contando intereses de una deuda que supera el 80% del PBI, que la sola reducción de impuestos nos precipitaría en el default. Pero la reducción de impuestos no puede dejar de integrar cualquier política de reactivación. No hay otra alternativa. Hay que bajar los impuestos pero también hay que bajar el déficit, incrementando la credibilidad del gobierno y del país. Para ello se requiere cerrar ministerios y vender o cerrar empresas estatales, suprimiendo decenas de miles de cargos públicos, enviando a los cesantes a un seguro de paro a crearse. Con impuestos menores (v. gr. un IVA de 15%, eliminación de los IRP’s, eliminación del IMABA) no tardaríamos en reactivar la economía y reemplear a los egresados del sector público. La operación podría definirse como una transferencia de mano de obra del sector público al privado, incrementando fabulosamente su productividad media. ¿Políticamente difícil? No lo podría ser más. Pero no hay otro medio para reactivar al país, poner fin a la depresión, y evitar un cataclismo peor. No es que sea el mejor medio de reactivar; es, lo repito, el único. Y si alguien, de izquierda o de derecha, o de donde fuere, conoce otro, que lo exponga pronto, pues el tiempo apremia.