Parece indiscutible que se viene el nuevo Uruguay. Pero el ritmo a que se aproxima es demasiado lento. ¿Qué hay que hacer? Yo diría que se trata de espantar cuanto antes las vacas sagradas que lo paralizan. Hay ya una que se apresta a alejarse de nuestras praderas: la que proclama la inamovilidad de los bancarios privados afiliados a AEBU. Parece haber acuerdo en cuanto a que ninguno de las cuatro bancos intervenidos encontrará financiamiento para volver a la actividad normal y, si no se puede resucitar al mejor, difícilmente pueda lograrse tal cosa tomándolo en conjunción con los menos promisorios.
Una sola vaca sagrada menos puede ser importante si con su expulsión las ideas actuales de nuestra subcultura sobre lo que es, y no es, políticamente factible se demuestran erróneas. Creo que la inamovilidad de los bancarios privados data de la crisis bancaria de 1965, o sea que se encontraría entre los bovinos sagrados de edad venerable. Por tanto su partida puede revelar la condición ilusoria de otras inamovilidades. La de los bancarios públicos parece la secuencia más obvia.
En tal sentido debo enfatizar mi asombro ante la tentativa de mantener al BHU en actividad, tan rematadamente fundido como llegó a estar. Lo que se ha hecho para revivirlo es traspasar su pasivo al BROU. Dejemos por el momento de lado la cuestión de si el BROU va a poder absorber ese nuevo pasivo sin ninguna contrapartida de activo rentable. Si el gobierno quiere salvar un banco público haría bien en concentrarse en el BROU, en cuyo caso enfrentaría una tarea ímproba, pero no claramente sobrehumana como es la de resucitar al BHU. Durante años, en que no fue otra cosa que una máquina de perder dinero, el BHU financió su actividad recibiendo depósitos en dólares, que usaba primordialmente no para prestar, sino para pagar intereses y gastos de gestión, ya que el rendimiento de su cartera era –y seguirá siendo cada vez más al continuar creciendo la morosidad de sus deudores– relativamente insignificante. Ahora se plantea una doble interrogante: ¿Le alcanzarán al BHU los intereses activos que cobre para cubrir su costo operativo? y, en segundo lugar, ¿encontrará inversores dispuestos a confiarle sus ahorros, ahora que los depósitos serán en pesos y que se sabe que la tan traída y llevada garantía del Estado en realidad era ilusoria? Sin lo cual, obviamente, ya no sería un banco.
La ciudadanía tiene pleno derecho a que se le explique el plan financiero sobre el cual se hace reposar la decisión de continuar la operación de una entidad absolutamente fundida. Yo sospecho que la única razón es la dificultad política que le reportaría al gobierno el cerrarla. Esa dificultad política no hará, sin embargo, que de hecho las cuentas del BHU cierren; y si no cierran, ello sólo podrá significar una de dos cosas: o que la pesificación de los depósitos recién resuelta llevará al BCU a apoyar al Hipotecario con emisión, lo que rápidamente se traduciría en hiperinflación, o que pronto deba de todos modos cesar sus actividades, volviendo a incurrir en incumplimiento frente a sus depositantes.
¿Será posible el gobierno intente mantener este asunto primordial en secreto? ¿No habrá un solo legislador patriota que presente al respecto un pedido de informes? Cuanto antes se hinque el diente en estas cuestiones, antes también ha de comenzar nuestra reactivación, hacia la cual las vacas sagradas nos cierran el paso. Y, hablando de bancos, se nos pone por delante una entidad que no es propiamente un banco, pero cuyo nombre está encabezado por ese sustantivo. Me refiero al Banco de Seguros del Estado. El colapso del BSE no se parecerá al del BHU o del BROU, porque no tiene depositantes que puedan precipitar una corrida, pero sí es probable que antes de mucho (si es que aún no está ocurriendo) no pueda pagar los siniestros y gastos operativos sin la ayuda de la Tesorería, lo que, como en el caso del BHU, conllevaría el recurso del BCU a la emisión, y la hiperinflación en nuestro país. No pueden discutirse estos asuntos sin tener presente que el peso uruguayo es una moneda de la cual el público huye como de la peste, y que cualquier oferta excedente de pesos puede disparar una hiperinflación.
¿En qué baso mis temores sobre el BSE? Pues es muy sencillo. Él se ha resistido por años a publicar balances auditados, de modo que al respecto hay una conclusión fácil de extraer: el BSE está ocultando algo que nos interesaría saber y que el directorio del ente no quiere que sepamos. Por tanto, no puede ser algo bueno. ¿Habremos de esperar un episodio catastrófico para enterarnos? Aquí tenemos una cadena de incumplimientos y sus consiguientes responsabilidades que deberían poner en movimiento algún mecanismo constitucional. En primer lugar la contumacia del directorio del ente, que se burla de las regulaciones de la Superintendencia de Seguros. En segundo lugar, el incumplimiento de ésta, o, más bien, del directorio del BCU, que sin duda está informado por la Superintendente de la infracción y opta por no hacer nada. En tercer lugar, el incumplimiento del Poder Ejecutivo, que tiene competencia para observar a los directorios de entes autónomos que no respeten la ley y, eventualmente, para plantear su destitución al Senado. En cuarto y último término, un incumplimiento de los legisladores, que pueden pedir informes al Ejecutivo, interpelar a ministros, y eventualmente plantear el juicio político al presidente de la República, ello por omitir el ejercicio de facultades de que ha sido investido para hacer cumplir la Constitución. Todo, por dramático que sea, parece más tolerable que observar pasivamente como un ente estatal y diversos órganos de control pisotean nuestra Carta Fundamental.
Y no podemos cerrar la agenda del país, aun en su expresión más urgente y reducida, sin ocuparnos de ANCAP. El repetido aumento de los combustibles y sus consecuencias sociales y económicas (ya que no sólo nos empobrece sino que nos hunde más profundamente en la máxima depresión de nuestra historia) excluye terminantemente la posibilidad de dejar de lado a ANCAP por el momento. El problema no radica en realidad en que los combustibles se encarezcan. Es concebible que ello sea debido al precio del crudo y no a la avidez de una Tesorería incrementada por la caída de la recaudación. Aun concediendo que el aumento de costos decretado por el resto del mundo explique las subas, nadie en su sano juicio podría dudar de que ese fenómeno externo impone el inmediato esfuerzo para compensarlo con rebajas de costos domésticos flagrantemente evitables. El propio presidente de la República declaró que cerrando la refinería podría rebajarse el precio de los combustibles en un 20%. Y, ¿existe por ventura alguien en la República que quiera poner en cuestión que difícilmente haya en el futuro una oportunidad más apropiada para hacerlo? Naturalmente que la estimación de dicho 20% de rebaja llevaba implícita la hipótesis de que, al dejar de destilar crudo, los dos mil y tantos hombres supuestamente dedicados a esa tarea serían dados de baja en el ente, porque de lo contrario la reducción de costos sería mínima. Pero a nadie le cabe en la cabeza que, si al terminarse un edificio los obreros de la construcción se van a sus casas y al seguro de paro, los funcionarios de ANCAP, vueltos igualmente redundantes al discontinuarse la refinación, siguieran marcando el reloj y cobrando sueldos y suculentos estipendios, como si nada hubiese ocurrido. Si bien es cierto que en la administración pública uruguaya no sería la primera vez que cosa tal ocurre, todo el mundo estará de acuerdo con que ahora el horno no está para esa clase de bollos.