En el Uruguay que tendremos que reconstruir a partir de los escombros que vayan quedando, ¿habrá lugar para las empresas públicas? No, dice el análisis racional; veámoslo.
Hay sólo dos argumentos posibles para justificarlas. Uno, el de procurar recursos para el fisco. El otro, la convicción de que las empresas dirigidas con vistas al bien común allegarán a la comunidad mayor utilidad que las orientadas hacia el beneficio de sus propietarios.
El primero es debilísimo. Veamos el caso de ANCAP. Su actual presidente ha declarado días atrás que, de importarse combustibles refinados, ANCAP tendría que cerrar sus puertas, porque “aún no está preparada para competir”. La empresa tiene 71 años de antigüedad, y aún no está lista para producir a precios internacionales. Por descontado, los destilados adquiridos en el exterior estarían sujetos a los mismos impuestos que paga ANCAP. Por tanto, lo que el presidente Jorge Sanguinetti quiere decir es que la producción por ANCAP es ineficiente. Que dilapida recursos. Y siempre fue así.
¿Por qué se dotó a ANCAP de un monopolio al creársela? Por el mismo motivo que se concedieron iguales privilegios al BSE, a UTE, a ANTEL, a la ANP, etcétera. Porque ninguna de esas entidades sería capaz de soportar la competencia de los productores privados. No pueden soportar la competencia, pero al mismo tiempo pagan impuesto a las ganancias y a veces hacen contribuciones extraordinarias a la Tesorería. Con el monopolio es fácil: se fija el precio necesario para cubrir el sobrecosto de ineficiencia y las utilidades que se deseen. Lector: ¿usted puede prescindir de los combustibles, de las comunicaciones telefónicas, de la energía eléctrica, etcétera? Si la respuesta es no, entonces usted tiene que pagar el precio que los monopolios le fijen. Esos precios esconden impuestos clandestinos, que salen del bolsillo del público.
Es extraño que la izquierda apoye tan cálidamente a ANCAP, porque sus dos representantes en el Parlamento de la época, el socialista Emilio Frugoni y el comunista Eugenio Gómez, votaron contra la ley de su creación, conscientes de que el ente funcionaría a costa del pueblo. Al discutirse dicha ley, Gómez, refiriéndose a un documento oficial que exhibía una ganancia de $ 26 millones obtenida por UTE, preguntaba: “¿A costa de quién se han realizado esas ganancias? (Pues) … a costa de una gran cantidad de abonados, de la cual forma parte una mayoría de obreros”.
¿Por qué son ineficientes las empresas públicas? En parte porque el clientelismo político las grava con una cantidad de personal innecesario. En parte porque a nadie le interesa su eficiencia. Nadie, ni directores ni ejecutivos, gana un centésimo más si los costos bajan. ¿Por qué habría de interesarles que bajasen? A la empresa privada le interesa, porque –dado un precio de mercado– un dólar ahorrado en los costos es un dólar más de ganancias. Pero a los políticos que dirigen los entes autónomos eso no les va ni les viene. Ellos no están allí para enriquecerse (salvo casos, por fortuna poco frecuentes, de corrupción) sino para conseguir votos y ver si pueden tener mejor suerte en las próximas elecciones. Cuantos más funcionarios nombren y mayores prebendas les confieran, más votos se hacen la ilusión de haber captado. Eso no explica la mayor parte de la dificultad; la explica prácticamente toda.
Más interesante, aunque no intrínsecamente mejor, es el segundo argumento. Para comprenderlo, lo mejor es pensar en términos de prototipos. Piense en un hombre o una mujer que se desvelan para obtener la producción más económica y saludable para las masas, sin olvidar el bienestar del personal. Frente a ello piense en un hombre o una mujer que sólo piensan en el dinero, y que todo lo que hacen al frente de una empresa es tratar de producir lo más barato posible, vender lo más caro posible y exprimir a los obreros cuanto sea posible. A continuación compare los dos prototipos y pregúntese cuál le resulta más atractivo. No puede dudarse de que será el primero quien se lleve el premio.
Pero las debilidades del planteamiento implícito son legión. No es un buen principio de análisis comparar un santo con un demonio, construidos ambos por nuestra propia imaginación. Antes de empezar ya sabemos cuál merecerá nuestra predilección. Lo razonable es comenzar por un autoanálisis. ¿A qué dedicamos más tiempo, a comprometernos con el bienestar de los demás o a luchar por nuestro propio bienestar y el de nuestra familia? Si usted se clasifica en el segundo grupo, no considere que es una excepción. Todos tratamos de conseguir para nosotros y los nuestros lo mejor. Cuando lo hacemos de acuerdo con la ley, no hay quien nos convenza de que nuestra vida es inmoral. Comprenda que los políticos a quienes consiguen un puesto de director en un ente autónomo también son humanos. Lo que más les interesa es conseguir votos, y a ello se atendrán. Considérese afortunado si no son tantos los que meten la mano en la lata.
Pero eso no es todo, ni lo más importante. Hace dos siglos y cuarto Adam Smith mostró por qué una economía puede funcionar ordenadamente sin que ninguna autoridad se encargue de establecer el equilibrio de los mercados. Para ello basta con que ofertantes y demandantes, así como los factores de la producción, puedan entrar y salir libremente de cada mercado, de modo tal que, si la oferta no alcanza a satisfacer la demanda, los precios han de subir y atraer más oferta, y lo contrario sí ésta es la que predomina. Smith dijo que todo funcionaba como si una mano invisible se encargase de reasignar a cada momento los recursos de donde son menos útiles a donde lo son más, y para ello bastando con que cada agente, tanto oferente como demandante, se proponga perseguir su propio interés. Si esto último no fuese así, por ejemplo, si el mundo estuviese poblado de seres consistentemente altruistas, que se preocupasen por los intereses de la sociedad en su conjunto en vez de sus ventajas personales, la economía solamente podría ordenarse a través de un plan económico establecido por el gobierno.
Éste sería el método socialista, que Marx predijo se universalizaría luego de la revolución proletaria, pero ni a Marx ni a ningún otro líder socialista le pareció que el sistema óptimo consistiera en una colección de empresas inconexas, que trazasen cada una su plan de producción inspiradas en su inquietud por el bienestar de sus semejantes. En realidad, nadie defendió específicamente ese plan, colmo de la tontería. Sin embargo, la idea del estatismo uruguayo –todas las empresas grandes serán del Estado, y la propiedad privada se reservará para las industrias artesanales, la distribución al detalle, y la pequeña agricultura, el sueño de Batlle y Ordóñez– implica la idea disparatada de una economía desprovista a la vez del orden proveniente de la mano invisible del mercado y de la mano visible del planificador gubernamental, y con una consiguiente vocación incontenible al caos.
Por tanto, las empresas estatales no son superiores a los impuestos para conseguir recursos para la Tesorería ni serían, por hallarse libres del afán de lucro, más útiles que las empresas privadas. Ergo, en el nuevo Uruguay deberían ser proscritas.