El BROU es de 1896. Se levantó sobre las cenizas del Banco Nacional, que se fundó en 1887 y dio quiebra en 1890. El Nacional era un banco privado, pero “privilegiado”, en el sentido que al término se otorgaba por entonces, de un banco que se regía por un estatuto diferente del de los demás, y se acercaba al perfil de los bancos centrales de nuestro tiempo. El paradigma era el Banco de Inglaterra, instituido en las postrimerías del siglo XVIII. Desde su nacimiento, tuvo éste el monopolio de la emisión, prebenda por la que luchó incansablemente, aunque en vano, el Nacional. El advenimiento de éste, sin monopolio de emisión pero con un régimen preferencial respecto del de los demás bancos, culminó una polémica que duró décadas.
Debatían dos bandos identificables antes que nada por los temores que a uno y otro determinaban. El temor dominante en las primeras décadas desde la independencia fue el que inspiraba la inflación, y consiguientemente miraban la expansión del crédito con ojos suspicaces. La actitud se había gestado durante nuestra época argentina, cuando circularon los billetes del Banco de Buenos Aires, de cuya vertiginosa depreciación los orientales tardaron generaciones en olvidarse. Poco a poco, sin embargo, los recuerdos de aquella experiencia traumatizante fueron palideciendo, mientras cobraba fuerza el temor al estancamiento económico, contra el cual el bando desarrollista quería movilizar al crédito, abundante y barato. Eran de la misma especie intelectual que los que más tarde favorecerían la emisión contra redescuentos y aceptasen el mito del Banco País, surtidor ubicuo e inagotable de aquel elixir maravilloso.
Fracasado el intento del Banco Nacional, el bando desarrollista no cejó en su empeño y logró plasmar una segunda parte, que debió parecerle buena, con el BROU. La carta original del BROU lo definía como empresa mixta, pública y privada, pese a que sólo se emitían las acciones destinadas al Estado. Pero no sólo eso sino que podría transformarse en empresa privada con la sola venta por el Estado de sus acciones. De hecho, nunca se hizo el más leve ademán de emitir acciones para particulares, menos para vender las del Estado, y toda la parafernalia de empresa mixta probablemente fue sólo un truco para distraer a los opositores de un banco estatal, numerosos por entonces, por creer que tal clase de institución sólo podría terminar en el empapelamiento del país.
Al mismo tiempo, el bando desarrollista veía realizado el sueño largamente acariciado de un “banco nacional”, expresión que en la época era –aparte de, eventualmente, un nombre propio– una locución genérica; máxime contando con el poder derivado de su afiliación estatal y el monopolio de la emisión, como medios para cumplir su providencial misión. En 1874, Ángel Floro Costa respondía a una serie de artículos de Pablo de María publicados en El Siglo, contrarios al establecimiento de un banco de esa índole, en un opúsculo donde daba rienda suelta a su imaginación. Costa veía al banco nacional “extender sus créditos a todo el país, establecer sucursales en todos los pueblos y villas de nuestra campaña, derramar los beneficios de una circulación poderosa y fecundante por todos sus ámbitos, fomentando la industria… con la colonización, con la agricultura embrionaria entre nosotros, centuplicando en fin con las fuerzas gigantes del capital, barato y accesible a todas las clases, las fuerzas bienhechoras de nuestra producción.” ¿Qué suerte corrió en los hechos esa plétora de expectativas?
Ante todo, notemos que éstas se vuelcan masivamente hacia los servicios a la economía, antes que a los balances de la empresa financiera. En otras palabras, ¿cómo funcionó el banco para los uruguayos como accionistas, en lugar de como integrantes de la economía privada? No muy bien desde el comienzo, ya que sus ganancias en los tres primeros ejercicios estuvieron lejos de alcanzar para el pago de los intereses del empréstito de unos US$ 75 millones de la actualidad que el gobierno tuvo que colocar para capitalizar la nueva institución. El lector quizá considere que este aspecto es de menor importancia, pero es necesario tener bien presente que, sin la capacidad de producir utilidades, el servicio a la economía nacional corre peligro de ser de corto alcance. Esparcir las sucursales por todo el país, como quería Costa, y como el BROU efectivamente hizo, cuesta dinero. Dar crédito abundante y barato, otro tanto. Lo mismo perseguir metas sociales. ¿De dónde saldría todo ese dinero? Es singular que los uruguayos no se plantearan esa pregunta. Llama la atención que no se dieran cuenta de que una empresa bancaria dedicada a servir a la economía del país y apoyar a los productores menos pudientes, sólo puede sobrevivir con un condigno subsidio fiscal. Ocasionalmente, el BROU tuvo esa clase de apoyo financiero, como cuando compraba dólares a $ 1,519 у los vendía a $ 1,90, pero el gobierno no demoró en apropiarse de ese margen, incluso hasta el punto de volver negativo su efecto sobre las finanzas de la institución.
Finalmente, a través de una trayectoria secular, con sus luces y sus sombras, pero básicamente enfilada hacia la insolvencia, ésta se concretó cuando en la reciente corrida el BROU no pudo convertir sus depósitos a plazo. En una institución privada, ello habría significado la liquidación judicial. En una entidad estatal, la ley no comete la irreverencia de prever su eventual bancarrota. Pero si no puede pagar sus deudas, y requiere que el gobierno reprograme manu militari sus pasivos, de hecho el banco ha dado quiebra. Cuidado con atribuir el incumplimiento del BROU a falta de liquidez, y a la ocasional imposibilidad del BCU de darle la asistencia de prestamista de última instancia, porque un problema de liquidez, una institución con patrimonio positivo, por hipótesis, lo resuelve con la negociación de una parte de su activo neto, y eso puede ser cuestión de días, todo lo más de semanas, jamás de los tres años de la reprogramación impuesta a los depositantes.
Durante años, previendo la segura falencia a que el BROU se dirigía, yo imaginaba que, el día en que ella se revelara, su efecto sobre una población educada en el culto del Banco País se asemejaría al de un terremoto. En cambio de ello, el público parece haber permanecido ajeno a lo acontecido y por tanto insensible a sus consecuencias. Un contador público, ex ministro de Economía y ex presidente del BROU, Moisés Cohen, se declara sorprendido por el descenso del activo neto de la entidad a US$ 280 millones en la actualidad, a partir de 931 millones en 1980, a valores constantes, cuando en realidad hay pruebas terminantes de que dicho activo neto es negativo, y los balances anteriores no merecen tomarse en serio, presuntamente por una valuación fantasiosa de las carteras. En el documento de esa misma autoría (carta a Búsqueda publicada el 5/9/02) el corresponsal se duele por el interés excesivo que el BROU le está cobrando a una empresa altamente meritoria, sin reparar que esa clase de planteamientos, junto con la hipertrofia del personal y las deficiencias del gerenciamiento, son los responsables de que una institución que en buena medida la ciudadanía percibía como indispensable para la República haya experimentado una resonante caída.