Dicen que es auténtico: a un general, durante el gobierno castrense que tuvimos, alguien le dice que la Constitución ordena tal o cual cosa, y él responde ... lo del título. No me consta la veracidad de la anécdota, pero viene a cuento. Porque nuestro gobierno, y nuestro parlamento, si bien no lo hacen con la franqueza del militar, tratan a nuestra Ley Suprema con la misma clase de desprecio, y es sobre un aspecto de esa actitud que hoy quiero contarles. Primero, los antecedentes. Tienen que ver con el Banco de Seguros del Estado (BSE) sobre las violaciones a nuestra Carta. No es, por cierto, la primera vez que trato el tema. En general, mi inquietud ha tenido que ver con la práctica del BSE de no publicar balances auditados y, más aún que eso, con la pasividad del gobierno, a quien aquella confiere el derecho, y por supuesto impone el deber, de controlar la sujeción a la ley por parte de las empresas públicas, y todavía con la pasividad adicional del parlamento, pese a que posee facultades para controlar la legalidad y constitucionalidad del gobierno, principalmente la interpelación de los ministros y el juicio político. Pero hoy voy a referirme al subsidio que el Banco Central del Uruguay (BCU) concedió y pagó al BSE sin la autorización legal imprescindible
Siguiendo con los antecedentes, resulta que, como informa el suplemento Café y Negocios de este mismo diario el domingo pasado, las empresas aseguradoras perdieron en conjunto, durante los tres trimestres iniciales del 2002, US$ 54,4 millones, resultado al cual el BSE contribuyó en un 83%. O sea, según mis cálculos, con una pérdida agregada de 45,2 millones en nueve meses, lo que vendría a equivaler a una tasa anual de US$ 60 millones. Se nos informa allí que, “sobre fin de noviembre del año pasado, la empresa estatal acordó con el Banco Central entregar bonos del Tesoro, Globales, Previsionales y Eurobonos por un valor nominal de US$ 103 millones y con vencimiento en el corto plazo. Como contrapartida la autoridad monetaria le entregó la serie 54º de bonos del Tesoro por igual monto a 10 años de plazo y con un interés de Libor a 180 días más un plus de 2%...”. Y por virtud de esta permuta el BSE, que tenía a fin setiembre un patrimonio negativo de US$ 15,7 millones, como la operación parece haber sido retroactiva en sus efectos, finalmente –siempre según la misma fuente– pudo mostrar al cierre del trimestre un patrimonio positivo de US$ 34 millones. ¡Gran negocio el canjecito! Obviamente los bonos que el BSE recibió del BCU valían US$ 49,8 millones (15,7 + 34) más que los que a su vez le entregó a éste. Por tanto no se trató de un trueque más que en apariencia, sino una donación o, más precisamente, de un subsidio. Un subsidio que sólo podía autorizar la ley y que de hecho nada ni nadie autorizó. Un subsidio inconstitucional por donde se lo mire.
Pero también ilegal, porque el BSE se supone que está trabajando en un verdadero mercado, en el cual debe competir con los otros agentes que actúan en él. Las primas que el BSE cotiza restringen el margen de maniobra de las empresas privadas. El BSE puede quitarles negocios cotizando más barato. Si fuera por ser más eficiente, nada habría para objetar; pues es sabido que en un mercado libre un operador más eficiente puede desplazar a otros menos eficientes hasta fuera del mercado. Pero el BSE puede cotizar primas por debajo de su costo –¡está perdiendo US$ 60 millones al año!– no por ser más eficiente, sino porque cuando se le acaba la plata Papá se la repone: es el “playboy” de los mercados
¿Cómo será el futuro? Al BSE el subsidio se le va a acabar pronto. Visto el ritmo de sus pérdidas, no debe alcanzarle hasta el fin de este año. Por setiembre volverá, según todo indica, a tener un patrimonio negativo ¿Qué va a pasar entonces? El BCU ¿se va a disfrazar nuevamente de Papá Noel y a sacarlo nuevamente de apuros? Las empresas privadas, ¿no se cansarán de perder dinero y se irán del país, contándole al mundo entero que en el Uruguay les dijeron que se había acabado el monopolio y podían venir a este país a trabajar, para después soltarles un mastín que se devoró toda su sustancia? Claramente el mercado libre y el BSE son recíprocamente incompatibles. Y es natural. El BSE fue estructurado para ser monopolista y no es justo que se le pida que compita con empresas que fueron concebidas y organizadas para ser eficientes y competir. Muchos conocen la definición del camello: es un caballo diseñado por un comité. Siguiendo la misma línea, el BSE vendría a ser una compañía de seguros diseñada por el Estado. Es injusto que se le pida que compita con empresas privadas. Al mismo tiempo, es injusto para las empresas privadas, y para el prestigio de país serio que pueda quedarle al Uruguay, que se les pida que compitan con una entidad que guarda en su tesorería a la gallina de los huevos de oro. En la vida, hay que elegir. En este caso: o BSE sin mercado o mercado sin BSE
Me falta comentar sobre un detalle del canje providencial que consiguió el BSE. Dice la nota de Café y Negocios: “La mayoría de estos nuevos papeles se integraron a las reservas (léase “activos”) del BSE. Y no serán comercializados según el acuerdo de canje. El ente autónomo sólo puede comercializar el 10% del valor nominal de esa serie para hacer frente a siniestros excepcionales”. ¿Y si no le alcanza? ¿Es correcto computarlo para justipreciar el patrimonio? Los bonos nuevos ¿son suyos o no lo son? Si no puede venderlos, por definición no lo son; entonces sigue teniendo el patrimonio negativo que tenía antes del canje, y está engañando al público. Cuando un cliente se interesa en la solvencia del BSE, mira el tamaño del patrimonio en relación a su pasivo actual y eventual. ¿Hay que restarle al patrimonio el valor de libros de los bonos de marras, que son absolutamente ilíquidos? Todo hace pensar que sí.
Y el BCU ¿cómo va a hacer figurar en su balance las pérdidas que le deja la permuta? No puedo imaginármelo. Yo estuve en el Directorio del BCU y si alguien hubiese propuesto que se aprobase una operación como ésta, yo me habría dejado cortar la mano antes de votarla. No sólo por principio, no sólo porque me tomo en serio la Constitución de la República, sino por miedo a que me llevasen preso. Pero alguien, desde una posición más encumbrada, o que así les parecía ser a los directores del Banco, tiene que haberles pedido (¿ordenado?) que lo hiciesen. De lo contrario el episodio es incomprensible.
La Constitución tiene un capítulo sobre los entes autónomos, las empresas estatales, por supuesto, inclusive. Pero no dice nada sobre la eventualidad de que dichas empresas se vuelvan insolventes. Últimamente ha habido cierta abundancia de tales contratiempos, y todos han sido resueltos mediante soluciones ad hoc, nada satisfactorias, aunque ninguna tan francamente inaceptable y contraria al derecho como la que hoy he examinado con ustedes. Si es que hemos de insistir con las empresas estatales, y sobre todo si vamos a hacerlas competir con privadas, es imperativo, sin tardanza, organizar alguna suerte de quiebra y concordato para empresas públicas.