Luego de un extenso conciliábulo, habiéndose retirado de sala antes de que se votara una condena a la dictadura cubana, principalmente por la ejecución de tres personas, la bancada de diputados del Frente Amplio emitió un comunicado de prensa, manifestando “su rechazo a la pena de muerte en Cuba y en todo Estado en el que se aplique”. Tomamos nota, pero no se trataba de eso. Si debe o no haber pena capital es una cuestión muy debatida; sobre la cual se puede estar a favor o en contra por una multiplicidad de razones. Pero me habría parecido imposible que nadie tuviese el descaro de sostener que los acusados pudieron ser legítimamente condenados a morir, luego de un juicio sumarísimo, conducido a puertas cerradas, sin verdaderas oportunidades de defensa, en un país en que nadie juzgado por un delito con implicaciones políticas ha sido absuelto.
Los diputados frenteamplistas creyeron del caso registrar que estaban contra la pena de muerte, y el contexto no deja lugar a dudas sobre cuál fue su propósito. En el plenario de la Cámara se estaba por tratar una condena contra Cuba, que los de la coalición castrista creyeron se centraría en la ejecución de tres fugitivos que vanamente intentaron apoderarse de un ferry para cruzar a Miami. De hecho no fue así, sino que “conden(ó) enfáticamente” la violación de los derechos humanos de quienes “no hacen otra cosa sino bregar por el reconocimiento de los más fundamentales derechos civiles y políticos en dicho país”. Es comprensible la ampliación del repudio, porque Castro acababa de ordenar el arresto y enjuiciamiento de 87 hombres y mujeres, que recibieron penas entre 27 y 15 años, también después de sumarísimos procesos cumplidos a puertas cerradas. Los diputados frenteamplistas, que habían emprendido la retirada antes de que se formulara la moción que sería votada por 52 votos entre 54 presentes, creían que se trataría sólo de las condenas a muerte. Y, a partir de esa presunción, no les quedaban más que dos posibilidades.
En primer lugar, podían dar la cara, como hizo, en lo personal, Raúl Sendic, que se animó a defender frontalmente la tropelía de Fidel. “Apoyamos absolutamente todas las medidas del gobierno de Fidel Castro”, dijo, “... porque estamos convencidos de que no hay otra forma de parar el terrorismo dirigido desde el Departamento de Estado”. Claro que para adoptar esa actitud se necesitaba un blindaje facial mayor del que la mayoría de la gente posee. Imagínense ustedes: Fidel víctima él mismo del terrorismo; tomando medidas duras muy a su pesar, para frenar al Departamento de Estado, que sería quien planeó la fuga. Hay que tener mucho coraje para decirle a la gente que es el gobierno de EEUU quien planea las fugas de los cubanos de la isla, como si no supiésemos todos que de Cuba quiere fugarse prácticamente todo el mundo, ni nos constase que un promedio de una balsa por noche intenta el cruce del estrecho de La Florida, frecuentemente con resultados fatales, como ocurrió con la madre de Elián González y sus compañeros de aventura, salvándose únicamente, por milagro, el desventurado niño. Pero, así y todo, Sendic estuvo dispuesto a desnudar su adhesión al tirano aun cuando se nos muestra con las manos tintas en sangre fresca. O sea, optó por la solución valiente. No así sus colegas.
No así, pues, la bancada en conjunto, que prefirió escabullir el bulto en el momento de la definición parlamentaria, y buscar en sesión paralela una salida alternativa que les permitiese salvar la cara. La posición alternativa, luego de debatir en secreto hora y media, fue la siguiente: condenar la pena de muerte en sí misma, y no el hecho de la ejecución concreta; al mismo tiempo, hacer constar una diferencia puramente formal con la legislación vigente en la isla, no con el régimen que la domina ni con el ajusticiamiento de los presos; y, sobre todo, meter en la bolsa todos los demás sistemas penales que conservan la pena capital, notablemente sin duda el de EEUU; al cual –obviamente pensaron– habría que englobar implícitamente en el repudio, toda vez en por ese concepto se quisiese repudiar a la Cuba de Castro.
Pero, como ya consta más arriba, no es de eso que se trataba. La aplicación de la pena máxima en Occidente, desde hace muchos años, ha sido precedida por un proceso, no siempre perfecto, pero sí seriamente organizado como único medio admisible de averiguar la verdad sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. En Cuba –como antes fue en la URSS– la ejecución de seres humanos es y era un resultado directo de la voluntad del gobernante, y sus motivos son y eran, de índole política, ya tratándose de eliminar a enemigos reales o supuestos del régimen, ya simplemente de mantener el clima de terror sobre el cual él reposa y reposaba. El supuesto juicio que se interpone entre la decisión política y la ejecución del acusado no tiene nada que ver con la averiguación de la verdad, sino que consiste en un simple simulacro de una investigación judicial, ya que la decisión política previa ha resuelto todas las incógnitas.
En EEUU, el proceso penal, como cualquier otro emprendimiento humano, está sujeto a fallas; pero las precauciones que la ley adopta para que pueda cumplir eficazmente sus cometidos son impresionantes. No sólo hay un juicio penal, con sus apelaciones, que no tienen límite mientras existan niveles jerárquicos en la Justicia aun sin pronunciarse, que en materia de pena capital duran años –Caryl Chessman, entre otros, encontró tiempo para escribir y publicar un libro en su defensa– y, encima de todo, el gobernador del Estado bajo cuya jurisdicción se halle el reo tiene potestades para conmutar la pena, y habitualmente lo hace si la condena le merece alguna duda razonable. Además el juicio es por jurados, y se necesita la unanimidad de ellos (al menos en la mayoría de los estados) para que el juez dicte sentencia de condena. Los juicios son invariablemente públicos y el acusado tiene derecho a un defensor, provisto por él mismo o por el propio tribunal, y se adoptan las medidas precautorias más exigentes para evitar que la fuerza pública arranque una confesión –el medio de prueba favorito de Stalin y, si hemos de estar a lo que mostró el juicio al comandante Ochoa, también de Fidel– de ninguna persona detenida; y se reconoce efectivamente el deber de las autoridades represoras de permitir que el arrestado sea asistido por abogado mientras se le interroga, desde el primer momento y, por supuesto, desde que se le formule alguna pregunta en el ámbito policial
El cine y la televisión nos ponen en contacto con esa realidad, y puede decirse que, en grado no insignificante, el grueso de nuestro público tiene conciencia de ella. Pretender que los procesos cubanos que terminan con la pena capital pertenecen al mismo orden de cosas es una afrenta a la verdad incompatible con el mínimo decoro. Lo más que los amigos de Fidel pueden decir, como dijeron muchos admiradores de Stalin, es que la revolución encierra, según su fe, una promesa de ventura tal para la humanidad, que aun la muerte de miles y millones de inocentes es un precio bajo para preservarla y contribuir a su victoria final. Sería una afirmación siniestra, pero honesta a la vez. La de la declaración de la bancada del FA, lejos de ser honesta, representa un homenaje, no a un ideal utópico, sino a la mentira misma.