La noticia de que en el parlamento hay ambiente para legislar sobre los escraches penalizándolos, en parte me resultó grata, y en parte no. Lo primero, porque encuentro odiosos tales eventos, por la grosería y la cobardía de que hacen gala los manifestantes, autoerigidos en ángeles vengadores, y porque me consta que, si no hacemos algo para erradicarlos, habremos sorteado la última valla que nos separa de la barbarie. Al mismo tiempo, la noticia me hundió en el desánimo, porque el Código Penal ya se ocupa del escrache con toda precisión, por más que designándolo con el nombre tanto más civilizado de “asonada”, de modo que si los revoltosos no son llamados a responsabilidad, no es la insuficiencia de ley lo que inhibe a las autoridades, sino su indolencia o pusilanimidad. Y con dictar otra ley, meramente estaremos lloviendo sobre mojado
Pero me apresuro; he hablado de las autoridades sin especificar a quiénes designo con ese sustantivo. Se supone que si las leyes no se cumplen, es al gobierno que debemos recurrir. Pero en materia penal, el gobierno carece de toda competencia. Por cierto no puede influir sobre los jueces, cuya independencia es una garantía básica de la libertad, pero tampoco sobre los fiscales, que son sus empleados, a quienes les paga el sueldo, pero que gozan de una autonomía absoluta, que quién sabe de dónde salió. ¿Podría el presidente de la República persuadirlos en cuanto a que deben requerir la intervención de la policía como paso previo a las acciones penales que de inmediato promoverían?
Esa posibilidad me luce improbable. Tal vez la información en que me baso sea solo parcial. O quizá esté demasiado impresionado por una noticia. Me refiero a la referente a la fiscal Mirtha Guianze, que pidió el procesamiento de Juan Carlos Blanco por coautoría de un homicidio del que no pudo tener noticia, ni sospecha, hasta después de la desaparición de la víctima. Recuerdo las declaraciones del fiscal Hugo Barrios, que actuó en el caso Enrique Braga, quien sostenía que sobre un procesado pesa una presunción de culpabilidad. Son casos que lo sumen a uno en un mar de perplejidad. ¿Es que la ciencia del derecho ha cambiado por completo, o que un nuevo punto de vista hace ver distintas las cosas, desde un pináculo de pasión? A esa clase de fiscales no debe ser más fácil convencerlos de que accionen contra un grupo incurso en el (hipotéticamente) nuevo delito de escrache de lo que resultaría ahora hacerles llamar a responsabilidad a los incursos en el archivigente delito de asonada.
En la Revolución Francesa, bajo el régimen del Terror, la fiscalía del Tribunal del Pueblo la ejercía un jacobino llamado Fouquier-Tinville, cuya norma consistía en pedir la pena de muerte para todos los desventurados que iban a parar ante aquella corte, sin quedar recuerdo de que alguna de sus peticiones fuese denegada. Recuerdo un caso ilustrativo. Hizo enviar a la guillotina a un matrimonio por el crimen de haberse puesto luto en ocasión del ajusticiamiento de Luis XVI. En ese tiempo la sociedad francesa se hallaba fracturada: de una parte los jacobinos y los sans culotte, y de la otra los destinatarios, tanto revolucionarios relativamente moderados como contrarrevolucionarios, como apolíticos, todos los cuales suscitaban sin mayores distinciones el odio sanguinario de aquéllos. Para poner fin a la matanza fue preciso que desde la misma órbita del poder surgieran descontentos dispuestos a enviar al patíbulo a Maximiliano Robespierre y sus secuaces, Fouquier-Thinville por supuesto entre ellos. En mis pesadillas a veces se representan episodios semejantes a los glosados, solo que desarrollados en nuestra tierra, hasta que, con sudor frío, retorno a una nada apacible vigilia
La experiencia histórica no nos da derecho a esperar que situaciones tales se superen espontáneamente. Nuestra sociedad también atraviesa por una fase de escisión profunda y odios violentos. No tenemos derecho a esperar que el solo pasaje del tiempo nos reintegre a la convivencia pacífica y civilizada que algunos tenemos la edad necesaria para recordar. Una sociedad en que el hombre sea el lobo del hombre es inestable, como lo señaló Hobbes, pero no podemos asegurar que la caótica inseguridad terminará bien. El fascismo y el nazismo fueron los vehículos que sacaron a Italia y a Alemania de situaciones de crítico desorden, pero no muchos creen que el punto de llegada fuese preferible al de partida. Todos deberíamos esforzarnos por encontrar una salida en la que el orden y la libertad pudiesen darse la mano, sin correr los riesgos inmanentes a la interrupción violenta del desorden
Robert Nisbet, sociólogo norteamericano, escribió en 1975 un libro que tituló El ocaso de la autoridad, en el cual sostiene la tesis de que el Estado hipertrofiado que numerosos países soportan es al mismo tiempo el Estado débil que no se atreve a contrariar a nadie, con fatales consecuencias. En concreto, valiéndose de la imagen de Leviatán, el gigante mítico frecuentemente asociado al gobierno contemporáneo, dice: “...sería notable si la combinación actual del Leviatán político y el sentido de inseguridad e impotencia de los ciudadanos no fuese acompañado por el desencanto y crecientes odios.”
Ésa puede ser nuestra actual coyuntura cultural –por más que, en rigor, el desencanto nos remita a una etapa ya vivida, mientras las autoridades –o quienes deberían actual en tal carácter– o el Estado, o el Gobierno, como gustéis, contemplan la tragedia que se representa en nuestro país como si no fuesen más que espectadores anónimos, sin conexión alguna con lo que acontece en el escenario. Hace años que en nuestro país ningún gobierno hace nada capaz de perturbar a nadie, a no ser poner más y más impuestos. El Jefe de Policía declara que la fuerza pública controlará la presencia de los transeúntes en determinados lugares de la capital y de inmediato es desautorizado por los jerarcas que sin duda le habían dado luz verde para el anuncio. Es evidente que alguna suerte de objeción de quién sabe qué origen les avivó el temor que habitualmente los paraliza. Por descontado que es horroroso ponerle cortapisas al desplazamiento de personas a las que la Constitución garantiza la libertad de movimiento; pero, si no es eso, alguna otra cosa habrá que hacer para evitar el caos. De otro modo, si se deja avanzar al deterioro de la seguridad de personas y bienes, cuando las tropas uruguayas regresen del Congo, no van a encontrar ninguna diferencia.
Vengo de dar una clase a la que uno de mis alumnos faltó porque una patota lo agredió y robó y está internado con prohibición de toda actividad, no ya física, para lo que está impedido, sino también intelectual. Combinen ustedes esta imagen con la de la excarcelación de cantidad de delincuentes para encargarles obras de interés social como pena sustitutiva. El presidente de la República acaba de dar a publicidad su opinión de que, a partir del canje de deuda, poco a poco irá sintiéndose una elevación del bienestar. ¿Estará hablando del mismo país? Pienso que los uruguayos tendremos que emprender una empresa supremamente trabajosa –el sudor y las lágrimas de que hablaba Churchill, teniendo la fortuna de librarnos de la sangre– si hemos de salir de la ciénaga en que progresivamente nos hundimos