Sobre la ley de Ancap Ignacio de Posadas ha predicho que se desarrollará una “discusión surrealista”. Comparto su aprensión, pero sería peor aún que la ciudadanía adoptara resolución sin discusión previa. Esto sería la confirmación de lo que algunos tememos, que la República va camino de incapacitarse para sustentar un régimen democrático. Quítesele a éste la fe en la persuasión y en la soberanía del logos, y ¿qué queda?
De ahí que me incline a poner un granito de arena hacia la construcción de una base racional para el debate. Y mi método ha de consistir, creo que razonablemente, en plantear los puntos que a mí no me quedan claros como para adoptar una posición, por o contra la supervivencia del estatuto cuestionado.
Al comenzar su lectura me encuentro con una disposición que me regocija: “Derógase el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y [sus derivados]”. Pero mi alegría no tarda en empañarse. En seguida el texto, con lenguaje cuya oscuridad no sabe uno si atribuir a torpeza estilística o a astucia política, deja constancia de que la efectividad de la desmonopolización queda condicionada a la tan llevada y traída asociación de Ancap con una persona o ente privados. Tengo al respecto dos preguntas. La primera para los adversarios de la ley: si su oposición proviene del elemento privatizador ínsito en la figura del socio, pero concuerdan en la bondad de la desmonopolización, ¿estarían acordes en que la ley se modificara, en lugar de anularse totalmente, suprimiendo aquella faceta de la ley que les molesta? ¿O simplemente aceptan que es bueno que Ancap y el Ejecutivo continúen expoliándonos como hasta ahora?
La pregunta para los defensores de la ley se divide en dos: si el referéndum les favorece, pero –como también prevé Posadas– no se consigue un socio, ¿de qué diantres nos sirve la ley? En lugar de un ente monopolista tendríamos otro desmonopolizado, pero sólo potencialmente. La desmonopolización sólo latente, ¿cuánto tiempo mantendría su catalepsia? Si la respuesta fuese, como presumo, “indefinidamente”, ¿no caeríamos los uruguayos nuevamente en ridículo, como si no fuera bastante el que por estos tiempos hemos soportado?
En otras palabras, sin socio, lo mejor que se puede decir de la ley es que sería inútil. Entonces es vital saber qué probabilidades tenemos de conseguir uno. Es inobjetable que presumamos que nadie se postularía si no esperase extraer algún beneficio de su nueva vinculación. La interrogante que entonces surge es: ¿En qué consistiría el aporte valioso de Ancap a la asociación, capaz de atraer a alguien con las calificaciones para ser admitido? No cabe la menor duda, una solamente: el monopolio. Invirtiendo para mejorar la eficiencia de la planta, si se mantuviesen los precios actuales, que pasan por ser los mayores del mundo, sin impuestos, las ganancias podrían ser pingües. Pero para justificar el desembolso tendrían que durar un cierto tiempo mínimo. ¿Cuáles son las perspectivas en ese sentido? El artículo 6º, literal A), prescribe que, a partir del 31-3-04, “el precio máximo de los combustibles ... deberá ser igual al precio de paridad de importación”. O sea que el usuario pasaría a pagar el precio internacional, más impuestos. Para esa fecha todavía la planta de cracking nueva no estaría aún operativa. De modo que, al socio, el monopolio –la única razón de ser de su aproximación– se le habría hecho humo. Supongamos –con las debidas excusas por la mera hipótesis a las autoridades competentes– que Ancap y el socio convienen sortear esa dificultad trampeando sobre el nivel real del “precio de paridad de importación” desde abril del 2004 en adelante. Pero, a partir del 1º-1-06, de acuerdo con el artículo 12, “el monopolio de importación de productos refinados” queda extinguido. Y entonces cualquier empresa, incluso las que ya son dueñas de bocas de expendio, podrán importar destilados y venderlos en libre concurrencia. En la cual la refinería de la Teja, por más que haya sido reciclada en debida forma, no podría participar por simples razones de escala. Con lo cual los consumidores de combustibles no cabrían en sí de alegría, pero el socio de Ancap se habría quedado contrito contemplando el enorme agujero que la aventura había dejado en sus finanzas. En tales circunstancias, si el aspirante a socio se presenta, ¿no sería de temer que, por la vía de algún acuerdo secreto, el gobierno se obligase a prorrogar dichos plazos, y nos quedásemos con socio, pero con monopolio también, por tiempo indeterminado?
Si estos puntos quedasen aclarados una discusión racional podría llevarse a cabo. Claro está, siempre que los polemistas se atuviesen a las reglas lógicas y morales que gobiernan el diálogo democrático. Si se está analizando si una ley debe permanecer o no vigente, no puede discutirse sobre la orientación general del gobierno. Es contra la lógica y contra la moral de nuestro régimen constitucional No puede el vicepresidente del FAEP, Jorge Brovetto, decir que la lucha será “contra la doctrina neoliberal defendida por los gobiernos colorados, blancos y blanquicolorados.” (Búsqueda de 24-7-03, nota de tapa). No lo puede decir nadie, pero menos él, ex rector de la Universidad de la República, a la cual su discurso cubre de vergüenza. Ni puede, por igual razón, hablar de “neoliberalismo” cuando uno de los suyos, Antonio Elías, descalificó el concepto al pronunciar desde la tribuna del Instituto Fernando Otorgués, sin ser jamás refutado, estas palabras: “...ese concepto se fue ... ampliando en contenido y vaciando en esencia. El uso del concepto neoliberalismo fue abarcando todo aquello que no se comparte perdiendo de esta forma toda precisión.” (Alternativas al neoliberalismo, 1995, p. 15). Y el ex dirigente comunista Jaime Pérez reconoció el año siguiente que “lo de política neoliberal es una especie de consigna propagandística.”(El ocaso y la esperanza, 1996, p.100).
Y, en el otro bando, tampoco Julio Ma. Sanguinetti puede afirmar que en un país pequeño “hay razones de seguridad fundamentales por las cuales no podemos pensar que el país no tendrá por ejemplo una refinería” (igual fuente que la cita de Brovetto) cuando la verdad es exactamente la opuesta: que hay razones de escala que vuelven antieconómica la destilación del crudo, y que no disponiendo del hidrocarburo en nuestro territorio, sólo ilusoria puede ser la seguridad que nos brinde una refinería. Cuando no hay ningún país del nivel poblacional de Uruguay que no extraiga petróleo de su subsuelo pero refine el crudo que importa. Cuando, para poner un ejemplo claro, Islandia, que es mucho más pequeña que Uruguay (grosso modo mitad del territorio, décima parte de población) no tiene ninguna refinería, a pesar de ser su ingreso por cabeza nueve veces el de Uruguay. Si alguien que fue dos veces ungido por la ciudadanía con la primera magistratura del país desciende a ese nivel, ¿qué clase de debate tenemos derecho a esperar?