Lincoln Maiztegui ha presentado a Salvador Allende como mártir de la democracia; según recordarán, lo hizo en este mismo suplemento, del cual es editor, una semana atrás. Mártir, en efecto, Allende lo fue. Pero no de la democracia, sino del marxismo. Elegido presidente constitucional en 1970, tres años más tarde, cuando prefirió el suicidio a ser depuesto por las fuerzas insurrectas, había violado la Constitución, flagrante y contumazmente, empeñado en implantar una dictadura marxista. No lo consiguió con plenitud, pero de todos modos arrasó con la legalidad democrática e hizo que su investidura, sin la menor duda, se extinguiese ipso iure.
¿Qué puedo alegar en abono de esa tesis? Allende se postuló por primera vez en 1958, en representación de la Unidad Popular Marxista, obteniendo el 43,9% de los sufragios. En 1964, recibió el 38,7, y en 1970 el 36,7%. Cada vez más lejos de la mayoría absoluta, la tercera vez, sin embargo, accedió a la primera magistratura, como consecuencia de haberse creído la Democracia Cristiana –minoría mayor en los comicios– moralmente obligada a apoyarle en la votación decisiva en el Congreso. De la consiguiente inauguración presidencial, no puedo dejar de mencionar que Fidel Castro, no sólo asistió a la ceremonia –lo que no habría tenido nada de particular– sino que se quedó un largo tiempo como huésped del nuevo jerarca. Sin duda haciendo planes juntos, y restregándose las manos. Dime con quien andas
El deterioro de la legalidad, que no se hizo esperar, no incidió en seguida sobre la economía. En 1971 la producción industrial creció 8,3%, la agrícola 5,3%, y el desempleo descendió a niveles desusados. En 1972, en cambio, las consecuencias del nuevo régimen comenzaron a hacerse sentir. El crecimiento industrial se redujo a 1,4%, la inversión cayó 8,5%, el salario real bajó 9% y la inflación llegó a 180%. En el año siguiente reinó el caos. El déficit fiscal sobrepasó el 25% del PBI; la tasa anualizada de inflación, el 1.000%; el control de precios regía para 3.000 artículos; y una media de 30% de los trabajadores estaba permanentemente en huelga. Como inevitablemente acontece con inflación desbocada y severo control de precios, cada día más productos desaparecían del mercado legal, accesibles sólo a los ricos en el mercado negro.
El control de la economía por el gobierno había crecido sin cesar, avanzando hacia el monopolio estatal de los medios de producción. El método de la colectivización de empresas variaba: ocupaciones ilegales, ocupaciones violentas, a cargo de bandas revolucionarias armadas, expropiaciones y otros expedientes aún. Se ha estimado que en 1972 el gobierno controlaba el 90% de la minería, el 85% de los bancos, 60% del comercio mayorista, 52% de la industria, 84% de la construcción y 75% de la tierra cultivada. Como es obvio, el remanente no confiscado esperaba el desapoderamiento de un momento a otro. El dominio sobre los medios había progresado pari passu. Llegó a incluir dos de los cuatro canales de televisión, diez diarios importantes y 27 revistas. En 1970, adelantándose a los acontecimientos, el presidente de la comunista Central Única de Trabajadores (CUT) había declarado: “Sólo una sociedad donde los medios importantes sean de propiedad social puede garantizar una auténtica libertad de expresión.”
Lo que antecede dará al lector una idea de la clase de “democracia” que hace tres décadas perimió en Chile. Difícilmente pueda nadie reprochar a las fuerzas armadas por haberse precipitado. En realidad, la presión de la población fue la que se sobrepuso a la tradición institucional que, por tantos años, había tenido a Chile al margen de pronunciamientos militares. Las amas de casa inventaron las caceroleadas, más tarde imitadas en muchos lugares, entre ellos nuestro país. Pero los instrumentos tenían allí un sentido cabal, porque su golpeteo denunciaba la escasez de alimentos que los mantenía vacíos. Y también eran mujeres quienes, al pasar frente a militares, les arrojaban maíz a los pies, tratándolos así de gallinas. En general, el clamor popular, incluso el de algunos sindicatos, reclamaba que quienes tenían la capacidad les librasen del sufrimiento actual y la catástrofe inminente.
Ese sentir es testimoniado, más que nada, a través de la declaración de la Cámara de Diputados emitida el 22 de agosto de 1973, tres semanas antes del levantamiento. A su contenido sólo le cabe el calificativo de dramático. Se decía, por ejemplo, que:
“(...) es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario...”.
La acusación se personalizaba con el presidente de la República en cuanto a haber llegado “al extremo inaudito de arrogarse el derecho de hacer un ‘juicio de méritos’ a los fallos judiciales y de determinar cuándo éstos deben ser cumplidos.” Lo que es confirmado por una declaración del presidente de la Suprema Corte de Justicia acerca de “la actitud ilegal de la administración... su abierta y constante rebeldía contra el orden judicial... lo cual implica una crisis del Estado de Derecho y el inminente colapso de la estructura jurídica del país.”
La declaración de la Cámara de Diputados terminaba con una exhortación a la intervención militar: “(...) las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser... garantía para todos los Chilenos y no sólo para un sector de la nación... (y) encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes.” El pronunciamiento de la Cámara contó con los votos de todos los partidos menos los de la minoritaria coalición de gobierno. ¿Quién podría seriamente interpretar el golpe consumado pocos días más tarde como expresión de la fuerza bruta, huérfana de razón?
La represión de la resistencia marxista sin duda fue dura. El número de desaparecidos (800) la situaría muy por encima de la uruguaya, a la vez que muy por debajo de la argentina. Pero ese enfoque es harto superficial. En teoría la cuestión se centra en si el grado de rigor aplicado debe o no juzgarse necesario para salvar al país. En caso de ser ello susceptible de discernimiento, cabría aplicar las categorías del derecho penal: legítima defensa y abuso de legítima defensa. Pero, en los hechos, trazar la divisoria se me antoja imposible. Quienes usan la fuerza colectivamente contra la ley, y atentan contra las libertades individuales, deberían comprender que arriesgan ser sobre-reprimidos. Eso resume mi propia posición al respecto. Si –digamos– el ejército alemán, basándose en el contenido de Mein Kampf, hubiese derribado a Hitler en 1933, mientras era legítimo jefe de gobierno, ¿el sacrificio de cuántos camisas pardas habría estado justificado en salvaguardia de Alemania y de la humanidad? ¿De 800? ¿De 8.000? ¿De todos? En la hipótesis, yo no habría interpretado la defensa de los represores con criterio restrictivo.