En mi última columna desdeñé escribir sobre Ancap. El tema del referéndum me lucía ante todo como demostración de la insensatez de la democracia directa, vista la torpeza polémica de ambos bandos. Los que pugnan por la derogación al insistir en que la ley vendía Ancap, cuando Ancap es invendible; y si el Estado la subastase –por descontado, sin monopolio– sólo los chatarreros ofertarían. Los del otro lado, por su parte, afirmando que la ley haría bajar el precio de los combustibles, cuando el estatuto cuestionado solo podría surtir ese efecto si un tercero privado estuviese dispuesto a poner centenares de millones para asociarse con Ancap, cuando la posibilidad de recuperar su inversión –con el monopolio extinguiéndose a principios de 2006– ya se ha hecho humo. Mentían los unos y mentían los otros. Lo único rescatable es el vaticinio de los defensores de la ley, en cuanto a que, sin ella, Ancap va a la quiebra. ¡Dios los oiga!
Pero, de pronto, se alborotó el avispero. Tabaré Vázquez dijo en Rocha que la ley no vendía Ancap, contra lo afirmado por el lema central de la campaña, y, por su parte, los directores de Ancap salieron a la prensa –con su dinero, lector, y con el mío– para reproducir el texto dos años ha sancionado, marginándolo de argumentaciones. Cada uno, según se ve, como asesorado por sus enemigos. Los adversarios del referendo se abalanzaron contra Tabaré, que providencialmente consiguió la ayuda de los directores de Ancap en el último rollo de la película, como los colonos asediados por los indios el de la caballería. De modo que los de Tabaré tuvieron también alguien sobre quien abalanzarse. Mientras, al mismo tiempo, trataban de componer la enorme contradicción –“se vende” por meses y meses, “no se vende” al final– sin desairar al jefe. La solución fue declarar ante la prensa y por TV que, después de todo, Ancap no se vendía pero sí, algo supuestamente peor, se “alquilaba” o se “regalaba”. Lo uno o lo otro, que vendrían a ser equivalentes. Patético, ¿no les parece?
Lo único que no se puede tomar a la chacota es la conducta de los directores de Ancap. A mí me parece indefendible. He leído con la mejor disposición los argumentos de quienes los exculpan, que son en su mayoría mis amigos, pero, con pesar, no puedo acompañarlos. Voy a referirme a un par de fuentes que vierten en esa dirección. En primer lugar, el editorial de Búsqueda de octubre 2. Siempre leo con interés y respeto el artículo de opinión de ese semanario, en mayor o menor grado compartiendo su contenido. En este caso, no ocurre lo mismo. Búsqueda sostiene que los directores no violaron la Constitución porque, cuando ésta les prohibe hacer política, se refiere a política partidaria, en lo que no incurre la publicación de marras, que simplemente defendió la ley que rige la entidad que sus autores administran, en un gesto a que moralmente estaban obligados.
Por mi parte, digo: (i) La prohibición constitucional es amplia y rigurosa, pero no universal; en efecto, permite a los directores concurrir “a los organismos de los Partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración” (art. 77, # 4). Los directores de Ancap no hicieron eso, que estaba autorizado, sino que contrataron espacio en la prensa, con fondos de los contribuyentes, que no tenían derecho a utilizar, que no estaban previstos en su presupuesto, todo lo cual estaba prohibido. (ii) Los directores tienen el cometido de administrar la empresa, no de defender su existencia. Ese es un asunto político. Hay ciudadanos que no quieren que haya empresas públicas. Por minoritarios que sean, tienen derecho a que los directores de las empresas existentes no usen de su influencia, ni su tiempo, ni del dinero ajeno que administran, para abogar por la persistencia de la empresa respectiva. Son sus correligionarios en el parlamento, en la prensa, o en los ministerios quienes pueden hacer tal cosa. (iii) Tampoco tienen el deber de informar a los ciudadanos sobre una ley que afecta a la empresa, máxime si hace cerca de dos años que está vigente. Lejos de moverlos un afán puramente informativo, notoriamente lo han hecho en el marco de un enfrentamiento político de primera magnitud, cuyo desenlace los defensores de la ley juzgan decisivo para los comicios a celebrarse dentro de aproximadamente un año. Es precisamente un columnista regular de Búsqueda, Víctor Vaillant, quien desmiente lo sostenido en el editorial, recordando que el mismo semanario, poco antes, había informado que “dirigentes del gobierno, reunidos en la sede del Partido Colorado, coincidieron en que la suerte de los partidos tradicionales estaba directamente atada al resultado del referendum por Ancap”
También con mi amigo Daniel Gianelli, distinguido columnista del mismo semanario, me veo en la situación de discrepar. En su artículo del número ya citado (p. 6) cree del caso recordar que se trata de "una ley votada por el Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo que, aun cuando recurrida por algo más de una cuarta parte del electorado, está vigente. Ello, en su sentir, califica al ente para mezclar su voz en el debate. Y continúa inquiriendo: “... por qué el Directorio del ente debía mantenerse prescindente de la campaña.” La respuesta a su pregunta es sencilla: por virtud de la Constitución de la República. Por nada más; pero tampoco por nada menos.
Para los que amamos la libertad, la Constitución es sagrada. Aun una Carta plagada de textos grotescos, como la que hemos ido desfigurando –a partir del digno contenido de 1830– en cada reforma. Quienes compartimos la filosofía liberal la consideramos nuestra última garantía. Ciertamente, no nos avenimos a aceptar que la subrogue la presunta virtud de un gobernante, por grande que sea la mayoría popular que lo haya investido. No se nos va nunca de la cabeza la admonición de Acton –el poder corrompe– ni dejamos de mirar a quien lo ejerza con desconfianza, como sabiamente aconsejó Jefferson. Por tanto, a raja tabla nos rehusamos a condonar su violación en aras de una ventaja ocasional. Me explico: suponga el lector que con este artículo yo estuviese contribuyendo un granito de arena a un resultado electoral contrario a mis preferencias de aquí a un año. En modo alguno me haría ello llamarme a silencio. Es ante todo una cuestión de jerarquía de valores; aparte de lo cual, también conexo con la incertidumbre de que mis preferencias electorales se hallasen efectivamente consustanciadas con el bien de mi país, comparada con la certeza con que reconozco mi compromiso con la defensa de nuestra la Ley Fundamental.
Varios defensores de la publicación hecha por los directores de Ancap han creído del caso traer a colación transgresiones semejantes de los del bando opuesto, como ser –sin ir más lejos– la intromisión, claramente indebida, de la Universidad de la República en el mismo conflicto. Como cargo a los infractores, veo perfectamente fundada esa alegación; como defensa de los directores de Ancap, la considero fuera de lugar. Los acusadores de éstos pueden carecer de autoridad moral para esto o lo de más allá, pero, cuando imputan una inconstitucionalidad, lo único que interesa es si tienen o no razón. Y, mal que a uno pueda pesarle, en este caso, sí la tienen.