La verdadera cuestión sobre ANCAP no es la que se está discutiendo, y va a plebiscitarse. Ambos polos de esa controversia argumentan que su postura es esencial para salvar a ANCAP, amenazada de ruina. Es obvio que la premisa central de una y otra se apoya sobre el interés nacional en que ANCAP sobreviva. Pero ese interés no está en manera alguna demostrado. Supongamos que los uruguayos llegásemos a la convicción contraria: que ANCAP, lejos de defender al país, lo ataca, al elevar sensiblemente uno de los precios claves para la producción, como es el de la energía. Entonces, los partidarios del Sí tendrían que sostener que la caída de la ley asegura la desaparición del ente, y sus contrarios tendrían que fundar su propuesta por el No alegando que la ley es el mejor medio de fundirla. Mientras no se dilucide la cuestión básica, la controversia actual carece de sentido.
La ANCAP se constituyó por ley, en 1931, como consecuencia de un acuerdo político que fue conocido como “Pacto del Chinchulín”. En la época nadie se hizo ilusiones de que el proyecto tuviese otro sentido que el de esquilmar al pueblo para inflar un nuevo globo burocrático. Ello era tan obvio, que el diputado comunista, Eugenio Gómez, y el socialista, Emilio Frugoni, votaron contra la ley. A favor lo hicieron solamente los grupos políticos que entraban en la repartija: los batllistas y los blancos independientes. Ahora los partidos de izquierda apoyan al ente, a cuyo nacimiento se opusieron; no porque hayan cambiado sus ideas, sino porque el personal ha cambiado de afiliación partidaria y ahora vota por ellos. Las cuestiones emergentes del “Pacto del Chinchulín” nunca alcanzaron más altura que esa
Un análisis sobre la utilidad de ANCAP para el país habría que hacerlo comparando las consecuencias positivas de su existencia con las negativas. Pero yo, de las primeras, solo puedo pensar en las ventajas que se derivan para el personal, que quedaría en las mismas condiciones de los empleados privados en empresas que cierran; es decir, con un seguro de paro y buscando otro trabajo. Hay gente que dice que habría que seguirles pagando el sueldo, pero eso debe ser en broma. En cuanto a las pretendidas “ganancias” del ente, es fácil ver que no son sino impuestos disfrazados, recaudados gracias al monopolio.
Lo importante es que quienes querríamos ver a ANCAP abierta a la competencia y, entonces, dejando cierto número de sus funcionarios cesantes, o tal vez todos, no estamos pensando en una reducción del empleo, sino lo contrario. En el programa de Emiliano Cotelo en radio El Espectador, Ernesto Talvi, director ejecutivo de CERES, sostuvo que, si se abriera a la competencia la producción y venta de combustibles, así como los servicios de comunicaciones y de energía eléctrica, rápidamente se originaría un ahorro de costos del orden de 800 millones de dólares, y con ello un incremento en el empleo del orden de los 40.000 personas; poniéndose además la economía uruguaya en una senda de crecimiento económico sostenido. Se trataría de una auténtica política de recuperación, por contraste con las medidas lastimosas que ahora se están anunciando
Si prescindimos del empleo de gente cuya baja productividad, como toda la del sector público, nos empobreció, ANCAP nunca hizo nada útil para nadie. Al principio se limitó a importar combustibles refinados y venderlos, con un sobreprecio suficiente para mantener a su burocracia, al amparo de su monopolio. Luego, cuando comenzó a refinar petróleo crudo, amplió su burocracia y pasó a resultarle más onerosa al país; aparte de la inversión en La Teja, que fue insumiendo centenares y más centenares de millones de dólares, completamente dilapidados. ¿Cómo puede ello constarnos? El monopolio es nuestro principal testigo de cargo: un monopolio basado en la ley solo puede comprenderse en función de explotar al consumidor. Una empresa que da un servicio, o vende un bien que el mercado desea, a precios competitivos, no tiene necesidad de monopolio. Este no puede tener absolutamente ningún otro fin que el de poner al consumidor de rodillas y forzar su disposición a comprar. Lo que, sin embargo, puede ocurrir, es que una parte significativa de las víctimas se habitúe a la postura de esclavo y se encuentre a gusto en ella.
En la confrontación que se avecina, la diferencia es que los del Sí pertenecen a la clase de los que se avienen a vivir de hinojos, y hasta llegan a creer que esa postura es conforme a la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, el senador José Mujica, ante los micrófonos de El Espectador, sostuvo que el monopolio de los combustibles en el Uruguay constituye un “monopolio natural”, error que me abstengo de calificar en homenaje a su investidura. Por su parte, los argumentos de sus adversarios muestran muy poco apego a la verdad y a la sinceridad. Para continuar con el ejemplo del programa radial ya citado, otro senador, y ex ministro de Industria, Julio Herrera, preguntado por el conductor sobre cuáles son las dos razones principales que lo mueven a defender el No, invoca como la primera que se trata de “una buena ley”. El silogismo viene siendo: “Las leyes a votar y defender son las buenas. La de ANCAP es buena. Ergo, estuvo bien votada y debe ser defendida”. Pero la conclusión, obviamente, ya está implícita en la premisa mayor, tratándose de una gruesa petición de principio. Veamos la segunda razón; Herrera dice así: “[la ley]... fue expresión del consenso de todo el sistema político, por lo menos hasta un ratito antes de (votar).” Aquí la premisa mayor es: las leyes resultantes de consenso son buenas. Yo pienso exactamente lo contrario, y creo tener la prueba empírica de mi lado. Me atrevería a demostrar que una alta proporción de las peores leyes sancionadas en Uruguay lo fueron por unanimidad en ambas cámaras. En cualquier caso, ninguno de los dos argumentos fundamentales del defensor de la ley tiene nada que ver con su contenido. ¿Cómo puede pensar que persuadirá a nadie que siga su exhortación de voto?
Algo semejante pasa con el contra argumento de Mujica. El conductor le pregunta por qué sostiene que la ley no garantiza la expansión del mercado, procurando con ello las economías de escala que hagan posible la baja del precio. Y el senador contesta: “Porque no está en el texto de la ley.” Imagínense ustedes. Si la ley dijera: “Una vez establecida la asociación prevista en el artículo ..., ANCAP adoptará medidas para expandir el mercado y obtener un precio menor para los consumidores uruguayos” todo estaría bien. Es una expresión extrema de "voluntarismo", una de las posiciones importantes entre las que nos han llevado a la ruina
Siento que una onda psicológica deprimente se abate sobre nuestro país. Apenas uno queda trastabillante con un debate como el de Mujica y Herrera, recibe un garrotazo al enterarse de que el Parlamento levantó el veto contra la prohibición de cajeros automáticos para el pago de pasividades. Si nuestra gente ha perdido la capacidad de pensar con relativa claridad, ¿qué será de nosotros? La única esperanza es que nuestros compatriotas de alguna manera encuentren el camino que vuelva a ponerlos frente a frente con los auténticos problemas del país; entre los cuales, indudablemente, se cuenta la verdadera cuestión ANCAP.