Según el Diccionario de la Real Academia, anomia significa "ausencia de ley" y denota el "estado de ...desorganización de la sociedad, debida a la ausencia, contradicción o incongruencia de las normas sociales." Esta patología se cuenta entre las importantes que nuestra sociedad padece. Luce curioso que, en un país con un Estado hipertrofiado, que genera una profusión abrumadora de normas, éstas, en parte apreciable, no se apliquen. Pero en el fondo, es comprensible: también el dinero, cuando sobreabunda, deja de valer.
Una de las manifestaciones de la anomia consiste en la indiferencia con que nuestra comunidad se entera de la violación de las leyes más importantes, la Constitución incluida. El 25 de marzo este mismo diario publicó una noticia según la cual un director de un ente autónomo acusaba a integrantes del Poder Ejecutivo, no identificados, de una grave violación de la Ley Fundamental, con un grado no insignificante de verosimilitud, y desmentidos carentes de peso. Al despertar el día siguiente me abalancé sobre el diario, y para mi estupor, no había al respecto ni una sola palabra. Una imputación de infracción de la Carta al máximo nivel de hecho se había convertido en 24 horas en un hecho baladí, amontonado ya con las noticias varias, destinadas al fuego.
No es el único signo de anomia que quiero denunciarles, pero inevitablemente me tomará algo más de espacio que los otros. Juan Raúl Ferreira, director del BSE, declaró públicamente que el presidente del ente informó al directorio "que integrantes del Poder Ejecutivo le habían hecho saber su interés en que por razones de interés de índole social y política ganara [la megalicitación en trámite] una empresa que quedó muy distante de las finalistas en oferta de precio." Agregando que la "única manera que esa empresa pudiera volver a competir es que cayera la licitación." Por boca de uno de los directores de la mayoría el periodista supo que, efectivamente, los tres colorados estaban preparando la anulación del concurso de precios, en el cual dos empresas, que no incluían la presunta favorita del Ejecutivo (o parte de él) habían sido preseleccionadas. La nota recoge dos desmentidos sobre la denuncia de Ferreira: el director Hunter dijo que ella constituía un disparate, lo que es inadmisible, porque "disparate" habría sido una versión descartable a priori, lo que esta no es, y Roig, el presidente, "negó que ...Jorge Batlle le haya planteado algo"; lo que no excluye que otro miembro del Ejecutivo pudiese haberlo hecho. Del lado gubernamental, no se ha hecho público ningún desmentido. Tampoco se ha sabido de que nadie se proponga actuar contra Ferreira por injurias y calumnias como, si se alegase falsedad, sería de rigor.
La autonomía de las empresas estatales es un principio que tiene augusto asiento en la Ley Fundamental desde 1917. La acusación de que el gobierno, o parte de él, se dirigió a autoridades del ente para instruirlas en cuanto a que deben adjudicar una licitación a determinado postulante, o alternativamente anular ex post el llamado a ofertas, posee una tremenda gravedad, que resulta sensiblemente potenciada por provenir nada menos que de un director del ente. No cabe duda de que, como consecuencia de ello, deberían ponerse en movimiento los resortes previstos en la Constitución y las leyes ante situaciones semejantes. Pero, mucho más preocupante aún es que, habiendo alcanzado tales acontecimientos estado público, no pase nada. Que se los trate como un hecho trivial, cuya información por la prensa le pone punto final. En ese caso se desprende que la sociedad en cuestión –que, señores, ¡sería la nuestra!– se halla en un estado avanzado de disgregación, impulsado por una anomia terminal.
Los otros dos casos que me propongo poner ante los lectores tienen que ver con el derecho laboral o, quizá fuera más preciso decir, la anomia laboral. El sindicato bancario (AEBU) ha adoptado medidas de lucha contra la decisión de tercerizar el cobro de carteras del Banco de Crédito. Esas medidas incluyen la amenaza de paros sorpresivos contra los bancos en general, como medio de que éstos apliquen presión sobre quien tenga en sus manos la decisión de cesar con la tercerización mencionada, retornando la tarea al personal del banco en liquidación, cuyo desempeño, en los hechos, había resultado inconveniente.
En otras palabras, se amenaza a los bancos en general con distorsionar su funcionamiento para forzarles a aplicar presión sobre quien pueda anular la decisión que motiva el conflicto, que no son ellos mismos. Ello configura sin lugar a dudas el delito de violencia privada, que el Código Penal, art. 288, castiga con una pena de tres meses a tres años de reclusión. Pero no en este caso, en que habría que castigar a los bancarios, a quienes, en tanto que trabajadores, se les permite cometer ese y diversos otros actos semejantes tras el escudo absoluto del derecho de huelga. Pero, ¿qué tiene que ver el instituto de la huelga con este episodio, que no consiste en ninguna decisión colectiva de trabajadores en cuanto a restar concurso a ningún empleador del que reclamen algo, sino en apoyar la lucha del sindicato para preservar puestos de trabajo de afiliados que no tienen nada que ver con ningún banco en funcionamiento? No tiene que ver absolutamente nada. A pesar de lo cual la jurisprudencia se alía para decir que sí tiene que ver, y así condonar conductas notoriamente lesivas de las leyes penales. Flagrante caso de anomia.
La ocupación de un inmueble ajeno "contra la voluntad expresa o legítima del legítimo ocupante" es castigado con pena de multa por el art. 356 del Código Penal. No es un delito grave, pero, indiscutiblemente, es un delito. Días atrás integrantes del personal de limpieza de la Intendencia Municipal de Montevideo, afiliados a Adeom ocuparon un piso del Palacio Municipal, en protesta contra la anunciada extensión de la red de contenedores de residuos, alegando que ello ponía en peligro puestos de trabajo. Hace años que, con argumentos gruesamente inconsistentes, la ocupación de fábricas ya estaba protegida por el derecho de huelga. Pero hasta ahora no habíamos asistido a la ocupación de locales de gobierno. De trabajo sí; de enseñanza, ya lo creo; pero de gobierno, aún no. Ahora, con la ocupación de parte del local de la IMM, la anomia ha dado un gran paso adelante. El próximo tal vez consista en la ocupación de algún piso del Palacio Libertad. ¿De la residencia de Suárez, tal vez? Y ... ¿por qué no?
Aparentemente, el intendente sigue adelante con su política en materia de limpieza urbana. La ocupación de una parte de la Intendencia no habría perturbado, en definitiva, el funcionamiento del gobierno local. Pero los infractores de la ley no han sufrido por su infracción ninguna consecuencia. La anomia se extiende. Los sindicalistas ya saben que, si violan la ley, si hacen como que ella no existe, lo peor que les pueda ocurrir es que no alcancen por el momento su objetivo. Pero ya habrá otras oportunidades. Al menos, ya han dejado establecido que los locales de gobierno son ocupables. Que las restricciones de la ley a la fuerza son cada vez más laxas y más escasas. El camino para que la anomia avance está expedito.