Si el FA-EP gana las elecciones, en las que es favorito, ¿qué va a hacer con los salarios públicos? ¿Va ahorrar recursos, o va a despilfarrarlos? Para aventurar una hipótesis tenemos dos clases de pistas: las declaraciones de gente de peso en la coalición, por un lado, y por otro el comportamiento de la izquierda en el poder, o sea las gestiones de Vázquez y Arana en el gobierno departamental de Montevideo, que deben aceptarse como criterios representativos de la estructura salarial, y su nivel medio, deseables para la gente del FA-EP en general, y su cúpula en particular.
Hay una variedad de factores que operan en sentidos opuestos. Para empezar, está la iniciativa del MPP, lanzada con notable fervor, consistente en aplicar topes a los salarios públicos. De acuerdo con ella, el presidente de la República no podría ganar más de mil quinientos dólares y los intendentes, no más de mil. No se conocen los topes para todos los niveles inferiores a la cumbre, hasta llegar a los mínimos; pero es obvio que nadie en la administración pública podrá ganar más que el presidente. Hay que suponer que el cociente entre dos sueldos cualquiera, que refleja el desnivel en jerarquía y responsabilidad, permanecería invariable. De aplicarse ese criterio, tendríamos una reducción enorme en las remuneraciones vigentes en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Seguramente, se aplicarían así mismo en las empresas públicas. No está claro si regirían asimismo en el Poder Judicial; pero repugnaría al sentido común si un ministro de la Corte ganara, digamos, más del doble de las percibidas por el primer mandatario. Aunque en algunas versiones se ha dicho que los topes no serían aplicables a los funcionarios “de carrera”, no parece posible que, digamos, un asesor ganase tres o cuatro veces más que su jefe.
Esa iniciativa no es de tomarse a la ligera. Proviene del MPP, que es la agrupación mayor dentro de la coalición. De gran importancia, asimismo, son los argumentos sobre los cuales la propuesta se fundamenta. Mujica enfatizó los ribetes morales de la cuestión. Búsqueda del 22 de abril reproduce sus palabras: “Por ser de izquierda nos separa una escala de valores, por la que hemos peleado a lo largo de una vida, y en el momento de ser gobierno tenemos que ser mejores que nunca y demostrar una capacidad de renunciamiento y entrega a la lucha que no tiene la derecha (...) En estas circunstancias lo único que tenemos a favor es la fuerza moral”. Argumentos que –sin duda el lector coincidirá– no son negociables. Antes el senador ya había rechazado una hipotética objeción. Según el mismo semanario, Mujica rechazó que la propuesta se estuviese utilizando como “una muestra de proselitismo interno”. “Si me dicen eso”, declaró, “los mando a cagar”; sosteniendo además que críticas de esa laya indicarían que “algunos están en contra porque se están fregando las manos porque van a cobrar el sueldo y eso sería de mala leche”. Lenguaje fuerte, posición firme.
Según otros líderes de la misma agrupación, la opción entre aplicar topes y defender la eficiencia no les ofrecería dudas. Uno de ellos, Jorge Meroni, siempre según la misma fuente, enfrentó con vehemencia el argumento de que los límites salariales no harían atractiva la llegada al gobierno de personas provenientes de la actividad privada. “Si es así”, manifestó, “que no agarren, que se vayan, porque hay un montón de gurises jóvenes que se nos van a ir del país que darían una gran mano en el gobierno progresista”. El argumento no aclara cómo es que la exigüidad de los ingresos propuestos no exacerbaría la vocación migratoria de los jóvenes candidatos a poner el hombro.
En mi opinión, la razón de más enjundia para promover la iniciativa tal vez sea el ejemplo ofrecido por Néstor Kirchner. Por diversas razones, pienso que el paradigma de líder político que los votantes de izquierda demandarán, y Vázquez no será remiso en ofrecer, será la figura del presidente argentino, que se ha abierto paso, de haber contado con un 22% de los votos, hasta apoderarse de un 80% del juicio favorable de la ciudadanía, con un sueldo de US$ 1.034 al mes.
Si de la argumentación del MPP y de la Casa Rosada, pasamos al espectáculo que nos ha brindado y nos brinda el gobierno municipal de nuestra capital, el panorama difiere. Dando ahora por sabido y no olvidado el salariazo con que Vázquez marcó su llegada al poder municipal, partamos del título de primera de El Observador del 21 de abril, que sin duda impactó a sus lectores: “La IMM –anunciaba– paga el sueldo a 300 jefes que quedaron sin cargo”. Mabel Lolo, secretaria general de ADEOM, fue una de ellos. “No hago nada”, dijo a este diario. “Resolvieron mi pase al Servicio de Música, y me dicen que (este) no existe.” Algunos de los 300 tal vez desempeñen una función ad hoc –no propia de su cargo, tal vez de asistencia al nuevo jefe– de dudoso provecho para el gobierno departamental pero, aparentemente, la mayoría deambula por el Palacio sin tener de qué ocuparse.
Esta situación se deriva de concursos a los cuales la Intendencia llamó para llenar cargos de “jefe”, cuyos titulares –los 300– perdieron frente a aspirantes externos, en general jóvenes y munidos de títulos universitarios. De hecho, no son ya jefes –ya no tienen personal a su cargo– pero reciben el sueldo de tales. Aunque no hagan nada. ¿Es jurídicamente correcto semejante proceder? Tener 300 empleados de jerarquía considerable sin hacer nada, o cumpliendo tareas improvisadas, de discutible utilidad para el servicio, ¿no representa un gigantesco despilfarro de los dineros públicos?
Ante todo, ¿qué juicio cabe emitir desde el punto de vista legal? El Observador anota que la Constitución “asegura la inamovilidad” de los funcionarios de que tratamos, pero se trata de una observación carente de pertinencia. Antes de hablar de “inamovilidad” hay que recordar que la Constitución prohíbe tener personal sin la correspondiente autorización presupuestal, y eso es precisamente lo que la Intendencia –con innegable lesión de la Ley Fundamental– está haciendo. Si los funcionarios que perdieron sus cargos eran inamovibles, su condición de tales ya fue ignorada. Aun si pudiera haberse probado que tal personal era inepto, lo cual es una causal válida de destitución, se echarían de menos los procedimientos que deben preceder tal desenlace. Yo diría que los que están en situación de inconstitucionalidad son los ganadores de los concursos, cuyos ingresos solo habrían sido admisibles sobre la base de la vacancia previa de los cargos, digamos por sendas declaraciones de ineptitud debidamente procesadas. ¿Qué aduce la autoridad municipal? Nada que sea coherente. La directora Hyara González se limita a expresar que a quienes pierden los concursos se les preserva el cargo “para no jorobarlos.” Lo cual tendría sentido solo si la Intendencia dispusiese de una potestad dictatorial, que la habilitara para ser magnánima con el dinero de los contribuyentes.
En conclusión, aunque la izquierda quiera proyectar una imagen de austeridad en el manejo de la masa salarial, de hecho en el presente se nos muestra incursa en flagrante prodigalidad en ese mismo campo. Y sobre el futuro, Dios dirá.