Nosotros nos parecemos a Nueva Zelanda en varios aspectos. Sobre todo por la común vocación agropecuaria; pero eso no es todo. También coincidimos en ser un país al que durante un tiempo le fue muy bien, y después llegó a irle bastante mal. Como nosotros. Hay una diferencia crucial, no obstante: que tras una fase de innovación notablemente creativa, recientemente volvió a irle bien. Y le sigue yendo, por ahora, de maravilla. Sobre eso es que versa el artículo de hoy.
A mediados de la década de los ’50 el ingreso per capita neocelandés se situaba en el tercer nivel mundial, después de los EEUU y Canadá. Pero por entonces las cosas empezaron a deteriorarse. En 1984 estaba a la altura de Portugal y Turquía, en 27º lugar. El desempleo rayaba en el 12% y, y completaron 23 años sucesivos de déficit fiscal, a veces llegando a 40% del PIB; la deuda pública crecía sin tasa ni medida y la clasificación de su riesgo caía todo el tiempo. El gasto público llegaba al 44% del PIB y la fuga de capitales estaba a la orden del día. Tenían severos controles de cambio, al punto de que nadie podía suscribirse a una revista extranjera sin permiso del ministro de Finanzas. Las importaciones estaban cuotificadas y se subsidiaba intensamente a las industrias para mantener su competitividad. Los jóvenes emigraban en masa.
Cuando en 1984 subió al poder un gobierno reformista, identificó tres distorsiones: exceso de gasto público, demasiados impuestos y un gobierno que se metía en todo. La idea central en que el gobierno basó su acción partió de calcular cuánto beneficio recibía la población por cada dólar que gastaba el Estado. Después de ese ejercicio, se resolvió dejar de asignar determinados rubros a cada ministerio, sino contratar a las empresas privadas que ofrecieran un rédito bien fundamentado a los contribuyentes. La elección de las entidades que ejecutarían los programas se llevó a cabo tras una competencia internacional, y a los elegidos se les aseguraba un término mínimo, hasta completar un quinquenio, extensible por tres años más. Los contratos solo podían rescindirse en caso de incumplimiento comprobado.
Ya en contacto con las entidades seleccionadas, el gobierno les preguntó: ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y ¿qué es lo que debemos hacer. Recibidas las respuestas les instruyeron que cesasen en todo lo que no fuese un compromiso gubernamental. Acto seguido, les preguntaron: ¿Quién debe pagar? ¿El contribuyente o el destinatario del servicio? Si el costo no lo asumen los beneficiarios directos de los servicios, se estaría estimulando su sobreuso y depreciando su valor.
Empezaron este ejercicio con el ministerio de transporte. Tenía 5.600 empleados. Cuando concluyeron, quedaron 53. Continuaron con la Dirección Forestal, que tenía 17.000 funcionarios. Cuando concluyeron tenían 17. Cuando aplicaron el método al Ministerio de Obras Públicas, cuyo personal era de 28.000, el Ministro se quedó solo. Como este expresó, lo que hacían era construcción e ingeniería y hay mucha gente que puede hacerlo sin que el gobierno se involucre.
La pregunta obvia es: ¿Qué fue de los que perdieron los empleos? Ellos ya no fueron empleados públicos, pero el trabajo igual había que hacerlo. Maurice McTigue, ex ministro y mi fuente principal, expresó: “Visité a un grupo de trabajadores forestales unos meses después de que perdieran los puestos en el Estado, y los encontré felices. Me contaron que estaban ganando tres veces más que antes y su productividad había aumentado 60%.”.
Sobre esa base privatizaron telecomunicaciones, aerolíneas, planes de irrigación, servicios de computación, imprentas estatales, compañías de seguros, bancos, ferrocarriles, empresas omnibuseras, hoteles, compañías navieras, servicios de asesoramiento agrícola, etc. En total vendieron 35 empresas, que solían costarle al gobierno US$ 1.000 millones al año, que luego produjeron US$ 1.000 millones en ganancias e impuestos. Lograron una reducción del 66% en el tamaño del Estado, la relación del gasto público con el PIB bajó de 44 a 27% y la relación de la deuda pública con el PIB se redujo de 63 a 17%.
¿Qué pasó con los subsidios? Los gobernantes neocelandeses se convencieron de que el problema con los subsidios es que volvían cada vez más dependientes de ellos a personas y empresas, al tiempo que la iniciativa y la eficiencia de éstas se encogían progresivamente. Un caso era el de la cría de ovinos. Los corderos se vendían a US$ 12,50, y los criadores recibían otro tanto del gobierno. La eliminación del subsidio generó la imaginable oposición de parte de los productores. Cuando estos comprendieron que los subsidios se habían ido para no volver, aguzaron la imaginación. Encargaron a un equipo de expertos la creación de un ovino diferente que resolviese su problema. El equipo les previno que la cría tendría que hacerse de manera muy distinta y venderse en otros mercados, pero la iniciativa siguió adelante y culminó con un animal que valía unos US$ 30 y pasó a venderse a US$ 35 a 60 por libra en los restaurantes de Nueva York.
Los observadores, al ver que el Estado retiraba su protección a la ganadería, pronosticaron un éxodo masivo hacia las zonas urbanas. No ocurrió tal cosa, en realidad el número de establecimientos permaneció igual. También predijeron que las explotaciones a cargo de grandes empresas aumentarían a expensas de las explotaciones familiares. Una vez más la realidad se burló de los pronosticadores, mostrando que los pequeños productores superaban a la gran empresa en flexibilidad y aptitud para adaptarse a nuevas condiciones de trabajo.
Nueva Zelanda padecía asimismo de graves dificultades en su sistema de enseñanza. La tasa de repetición andaba por el 30%, sobre todo en las áreas de menores recursos pecuniarios. La inversión en educación se había incrementado persistentemente en los últimos 20 años, sin poder hacer repuntar los preocupantes niveles. El gobierno contrató a asesores internacionales, quienes le informaron que de cada US$ 100 que se gastaban en educación, 70 eran engullidos por la burocracia. Inmediatamente disolvieron todos los consejos educacionales y cada escuela quedó íntegramente en manos de fideicomisarios elegidos por los padres. Se les asignó un rubro presupuestal a cada una en función del número de alumnos que asistieran a clase. Posteriormente, se permitió a los padres asimismo elegir escuelas privadas para sus hijos, dentro del mismo marco financiero, es decir, libres de gastos para ellos.
En materia de impuestos, se conservaron solamente uno a los ingresos y otro al consumo, y se derogaron todos los demás. Con este sistema radicalmente simplificado, en lugar de experimentar una pérdida de recaudación, ésta se incrementó en un 20%.
Esta es una historia real y no un una utopía imaginaria. Lo que demuestra es, en primer término, que las reformas radicales, si son sensatas, pueden alcanzar logros casi inverosímiles. En segundo lugar, representan una exhortación a sacudir nuestro letargo y pensar seriamente en reemplazar el estilo de gobierno que viene deparándonos frustración y creciente pobreza desde hace cosa de un siglo.