Y dale con el atraso cambiario ...” es el título de un interesante artículo de Javier de Haedo, aparecido en el suplemento Café y Negocios de El Observador el domingo pasado. El autor se refiere a la noción popular según la cual el peso padece “atraso cambiario” siempre que el precio del dólar sube menos que el de la canasta del consumidor, señalando que, más allá de eso, lo que interesa es el poder de compra del peso en comparación con las demás monedas, cada una en relación a los recursos de sus respectivos países. El artículo destaca que el BCU ha comenzado a publicar un estadístico, llamado “capacidad de competencia”, que da expresión cuantitativa al concepto pertinente; el cual puede eventualmente ser invocado para reclamar una devaluación del peso; pero no por el solo hecho de haber subido el precio del dólar menos que el de la canasta, como ha sido el motivo de recientes inquietudes, sino teniendo además en cuenta el comportamiento en lo pertinente de los demás países
No es mi intención polemizar con de Haedo, cuya comunicación encierra la verdad, por más que no toda la verdad, sobre el tipo de cambio. Quiero, simplemente, recordar tiempos en que la gente no habría entendido la expresión “atraso cambiario”, ni habría pensado en la devaluación como medio de ajustar desequilibrios como los que su artículo comenta. Y aclaro que lo hago, no con la aspiración de hacer variar la opinión pública en la materia, hoy demasiado arraigada como para juzgarla sustituible a corto plazo, sino por pensar que, habiendo sido las cosas diferentes en nuestro país por muchos años, y ciertamente en tiempos mejores que los actuales, convendría que la memoria de esa alternativa no se perdiese, en previsión de tiempos nuevos, en que la opinión pública pueda liberarse de prejuicios que hoy restringen sus miras
Voy a comenzar haciendo referencia a una disposición constitucional, que proviene de la Carta de 1830, en la cual se atribuye al Poder Legislativo la potestad de fijar “el valor de las monedas” (actualmente artículo 85, Nº 10), que lleva cerca de 80 años sin aplicarse, y sin duda hoy muy pocos de los lectores de la Ley Fundamental entienden. La primera vez que dicho texto se puso en práctica fue en 1862, cuando un decreto-ley (vuelto “ley” propiamente dicha en 1865) otorgó al “peso” el carácter de “moneda nacional”, y su valor se fijó en 620 gramos de oro puro, aproximadamente US$ 20 de la actualidad. Como la libra inglesa equivalía a 2.914 gramos de oro puro, se necesitaban $4,70 para comprar una libra. El peso valía ligeramente más que un dólar estadounidense (contenía aproximadamente 3% más oro que la moneda yanqui). Los principales países del mundo, análogamente, habían definido sus monedas en términos del mismo metal, lo que suscitó un sistema monetario internacional llamado “patrón oro”, al cual Uruguay fue el primer país latinoamericano en incorporarse. El lector observará que, hallándose la unidad monetaria de todos los miembros del sistema definida en términos de oro, automáticamente el tipo de cambio de dos cualesquiera de ellas entre sí quedaban determinados. Para que esa tasa cambiaria variara, al menos uno de los dos países tendría que devaluar o revaluar su moneda (reducir o aumentar su contenido metálico). El sistema, con permanentes nuevas adhesiones, se mantuvo en vigor hasta agosto de 1914, cuando estalló la primera guerra mundial. Su comienzo puede situarse en 1819, cuando Inglaterra, al cabo de las guerras napoleónicas, reanudó la convertibilidad de la libra. En ese sistema, que según lo dicho puede percibirse rigiendo entre 1819 y 1914 –un siglo, prácticamente– ¿cuántas devaluaciones se produjeron? ¿Cuántos países notificaron al resto del mundo que su moneda representaría en lo sucesivo, tanto menos metal fino? La respuesta, por asombrosa que parezca, es que ninguno lo hizo. Que el número de países que recortaron el valor de sus respectivas monedas fue cero. En Uruguay, desde la guerra mundial oficialmente fuera del sistema (como todos los demás miembros, con la excepción de los EEUU) el BROU se las arregló, mediante intervenciones en el mercado de cambios, para mantener la vieja paridad oro hasta 1929. De modo que aquí, en Uruguay, no hubo ninguna devaluación entre 1862 y 1929: ¡Sesenta y siete años!
Ahora llego al meollo de este artículo. Lo que me propongo es inquirir si, durante esas casi siete décadas, el país no habrá sufrido nunca un “atraso cambiario”. O, análogamente, si la “capacidad de competencia” no se habrá reducido nunca en escala problemática. Y si los atrasos cambiarios, las caídas del tipo real de cambio, y los debilitamientos de la capacidad de competencia, tan obsesivos hoy en día para exportadores y productores, se tomaron unas vacaciones de dos tercios de siglo, o, en una época de intenso comercio internacional, borraron sus efectos de una manera u otra, o aún si, habiéndose renunciado tácitamente al ajuste devaluatorio, los desequilibrios podían simplemente ignorarse
Naturalmente, ellos eran tan frecuentes como en la actualidad. Una diversidad de factores influían entonces, igual que ahora, para que para que los precios en dólares experimentasen alzas, o alternativamente bajas, de alcance solo parcial. En tal caso, igual que ahora, se afectaban, para bien o para mal, la competitividad de las economías. Concentrémonos en el segundo caso, que es el generador de dificultades. Los bienes internacionalmente comerciables no pueden subir en un país y no en los otros, porque sus precios están gobernados por mercados internacionales, y su precio es igual en todos ellos. El problema tiene que hallarse circunscrito a bienes no comerciables internacionalmente y al efecto de tales variaciones sobre los costos de los bienes comerciables. El único bien que no tiende sensiblemente a la baja pese a hallarse en exceso de oferta, pese a precios anormalmente acrecidos, es la mano de obra, en cuyo mercado el exceso de oferta se llama “desocupación” y, único caso, no tiende a ajustarse a través del descenso del precio, es decir, de los salarios.
¿A qué se debe la diferencia? Obedece a la idea, relativamente reciente, de que la mano de obra es un caso aparte; apoyada por los sindicatos, por la política salarial del sector público y por la propia OIT desde Ginebra, que supedita la validez de un descenso de los salarios a requisitos por completo ajenos al funcionamiento de un mercado. ¿Qué protección a los asalariados brinda esa política de los sindicatos, del gobierno y de la OIT? Absolutamente ninguna, ya que la inevitable devaluación determina de todos modos la caída del poder de compra de los salarios; con el agravante de que, junto con la reducción del salario real, el ajuste devaluatorio es acompañado por pérdidas infligidas a los ahorristas, las cuales, lejos de contribuir al ajuste del desequilibrio, propenden asimismo a causar depresiones, a la vez que la quiebra de bancos, y a veces crisis sistémicas del sistema financiero. ¿Qué perspectiva puede entreverse de que el sentido común pueda recuperar el lugar que perdió en las décadas de los 1920 y 30? Desgraciadamente, por el momento no hay señales de que tales perspectivas existan. Por eso me limito a intentar refrescar memorias, por si algún día el sentido común llega a retornar a la distorsionada cultura de estos tiempos.