El Partido Nacional ha estructurado un programa único de gobierno, según leemos en El Observador del 28 de julio. Como debía ocurrir, ya que sus dos alas –la mayoritaria, liderada por Jorge Larrañaga, y la minoritaria, que reconoce la jefatura de Luis Alberto Lacalle– votarán por el mismo candidato en octubre, y podrán beneficiarse cada una de saldos comiciales de la restante, conforme al complejo sistema electoral uruguayo. El programa común es una condición necesaria para que los ciudadanos sepan por qué ideas y principios votan. Para asegurar que la condición, aparte de necesaria, fuese asimismo suficiente, se requeriría saber qué grado de compromiso tenga cada candidato con el programa común, consideración de lo cual nos llevaría demasiado lejos. Lo que piensa este articulista que podría inquirir llega hasta cómo las dos facciones, en modo alguno caracterizadas antes de las internas por la afinidad de ideas y planes, lograron ponerse de acuerdo.
La nota periodística aludida nos da una clave a ese respecto. Allí leemos que armonizaron sus puntos de vista divergentes “usando como principal arcilla de trabajo las ideas de corte ‘progresista’ que la gente apoyó en la interna blanca”, o sea la orientación de Larrañaga. Dado el resultado de las urnas, el predominio de las ideas del candidato ganancioso, y ello por amplio margen, no puede sorprender a nadie. Lo que querría es trasponer la imagen literaria sobre “la principal arcilla de trabajo” para moldear “las ideas progresistas que la gente apoyó en la interna blanca” por una fórmula reducible a instrumentos de acción política
En este contexto precomicial el adjetivo “progresista” ha alcanzado gran predicamento. Los dos principales contendores en octubre, o –llegado el caso– también en noviembre, se autodenominan “progresistas” (caso del EP-FA), o bien afirman el carácter “progresista” de sus ideas, valores y programas, como en el caso del PN, o de su ala “larrañaguista”. Es imperioso preguntarse qué se entiende por tal. El adjetivo se deriva obviamente del sustantivo “progreso”. Y este, a su vez, indica un cambio –del país, se supone– en la buena dirección; es decir un avance. La nota de El Observador eventualmente desciende a un plano más específico y nos informa que el progresismo en este contexto puede identificarse con “el crecimiento productivo y con las políticas sociales”
Aquí –en vista de la sintética descripción del periódico– se nos presenta la primera dificultad. El programa es caracterizado a la vez por un objetivo (el crecimiento económico) y por una amplia gama de instrumentos, susceptibles de emplearse en la prosecución de una diversidad de objetivos, susceptibles de ser calificados de “sociales”. La primera observación que me viene a la mente es que, propuesto el objetivo “crecimiento económico”, con esa generalidad, y sin referencia a los instrumentos que la política pondría en acción, debe ser compartida por cualquier candidato. ¿A quién se le podría ocurrir prometer al electorado que si fuese electo provocaría un estancamiento absoluto de la producción? No es que haya sido imposible conseguir un estancamiento total del producto nacional, y ello por dos décadas, hasta 1974, pero nunca nadie se había propuesto lograr ese resultado, que causó en la economía uruguaya un desastre del cual es dudoso que nos hayamos jamás repuesto por completo.
Otra complicación para juzgar los programas electorales proviene de lo que Deepak Lal, el destacado economista indio, llama “consecuencias imprevistas”. Lo que necesita saber un ciudadano sobre economía no es mucho, pero hay algo de importancia vital que hay que saber: que algunas de las consecuencias de las políticas que se aplican no siguen de inmediato a la manipulación de los instrumentos. La política que causó una parálisis en nuestro sistema productivo se aplicó en 1947 y 1948, y el fatal resultado se concretó alrededor de 1955. Es imperativo que el ciudadano se pregunte, o inquiera a alguien entendido, si la solución del problema le resulta ardua, no solo cuáles van a ser los resultados inmediatos de las medidas que se proponen, sino también cuáles serán las consecuencias a plazo medio y largo. En la catástrofe de mediados del siglo XX la política consistió en un fortísimo aumento de la protección arancelaria y equivalente, poco después del fin de la guerra mundial, con lo cual hubo crecimiento hacia adentro por 6 o 7 años, pero después no solo dejaron de crecer los mercados internos, como era de temerse con la baja tasa de crecimiento demográfico que ya teníamos, sino que la protección a la industria nacional elevó el costo de la vida de manera tal que lo único que podía exportarse, y mal, era lana sucia. Quienes, comprensiblemente, duden de lo que escribo, consulten series estadísticas de exportaciones y del PIB desde 1955 hasta 1974, lapso durante el cual las dos series son representables por líneas totalmente horizontales (economía y exportaciones estancadas), y de 1974 hasta 1981, cuando las gráficas muestran un ascenso notable. Lo único que se hizo para lograr un cambio progresista había sido liberar las importaciones.
Cualquier partido que quiera tener un programa progresista tiene que comenzar preguntándose cuál es el objetivo social más apremiante, para atacarlo lo antes posible. Un examen sencillo va a convencer al programador de que el problema social número uno es el desempleo. No el salario real, que se va a arreglar solo cuando la parte productiva mejore. Y aumentar la producción es una sola y misma cosa con el incremento de la inversión, nacional y extranjera. Para eso es indispensable que el costo de vida baje en pesos. Y para eso a su vez debe tomarse conciencia sobre cuál sea la productividad de la mano de obra en las empresas estatales monopolistas y en el sector privado. Nuestra competitividad internacional gira en torno a eso y el país no va a tomar una senda progresista, para decirlo con la palabra de moda, mientras las principales industrias estén en manos de empresas estatales a quienes los costos les importan un rábano. Es absolutamente imperativo que el rector de la política económica tenga siempre presente en la cabeza que en ANCAP cemento Portland la productividad de la empresa privada es cuatro veces la del ente monopolista; un caso extremo pero, al mismo tiempo, representativo.
Si se trata de producir cemento en una empresa estatal monopolista, y se mantiene funcionando al Banco Hipotecario, y no se toman medidas con el BSE, etcétera, etcétera, hablar de una política progresista, o de ideas avanzadas en materia económica será en vano. Ahí están los países progresistas de todo el mundo para que los miremos de lejos y enviemos nuestra gente examinarlos de cerca. Uno de esos países de avanzada es Nueva Zelanda. Hace no muchos años fue de visita un contingente de economistas uruguayos, que podrían testimoniar sobre lo que vieron. Chile está ahí no más, cruzando la cordillera; se destaca cabeza y hombros por encima de todos los demás latinoamericanos, y tiene un presidente socialista, pero nosotros miramos para otro lado. Está Irlanda, está Singapur, ejemplos de pequeños países que son indisputablemente progresistas. ¿Por qué los ignoramos?