Cito del excelente artículo de Jeffrey Sachs aparecido en este diario el 28 de agosto: “Cuando el nuevo ministro de finanzas de la India, Chidambaram, presentó el presupuesto 2004-2005, asestó un duro golpe a la pobreza en la India.” Ese país viene creciendo de forma inusitada, pero todavía conserva 300 millones de las personas más pobres del mundo. Encarezco la lectura de su artículo, pero hoy no tengo tiempo de ocuparme de lo que Chidambaram hizo, porque antes es mi deber poner en guardia a los lectores de una propuesta inversa, y perversa, de creación de pobreza, que se ha lanzado entre nosotros.
En realidad no se trata no de una novedad, sino de reabrir una fábrica de pobreza responsable de gran parte de la que, en grado atroz, sufrimos actualmente. Esa usina de depauperación tiene que ver con el sistema de jubilaciones en base a capital acumulado por los afiliados activos, de cuyo fruto habrían de salir los ingresos de pasividad a su debido tiempo. La usina productora de miseria trabaja a través de la destrucción del capital acumulado. Y ahora tengo que hacerles un poco de historia
Como es natural, los primeros empleados que tuvieron beneficios jubilatorios fueron los del Estado, mientras que un sistema comprensivo para el sector privado no rural quedó completo hacia 1930. ¿Cómo hacían antes los trabajadores privados cuando les llegaba la edad de retiro? Que, por más que estirasen la de actividad, eventualmente les llegaría como a todo el mundo. En términos generales, no podía haber más que dos métodos: la familia extendida, donde los abuelos, que habían sostenido a sus propios padres, se quedaban en casa, y –en mi opinión el más importante– ahorraban e invertían. Sus posibilidades de inversión eran limitadas –no abrían cuentas en ningún banco suizo– pero no insignificantes, en una ciudad que crecía: la inversión inmobiliaria. Las circunstancias me hicieron conocer bien un barrio obrero, el Cerrito, en el cual las historias familiares se repetían. Las parejas de prometidos compraban un terreno en cuotas. Los domingos los pasaban levantando una vivienda muy sencilla, con la ayuda laboral de familiares y amigos. Allí establecía el nuevo matrimonio su domicilio. Y luego, con más tiempo, y más recursos, construían una casa mucho mejor, para alquilar. Sobre ella se asentaba la certeza de una vejez sin sobresaltos
Pero la certeza resultó, para muchísimos, ilusoria. Era una seguridad fundada sobre la hipótesis de que el Poder Legislativo del Uruguay se iba a comportar racionalmente, así como el Judicial, mientras que, notoriamente, con frecuencia no lo hacen. A principio de la década de los ’40 el Parlamento dictó una ley de alquileres y no demoró mucho antes de que a los propietarios el alquiler no les alcanzara para pagar los impuestos municipales. La Suprema Corte falló sosteniendo que los dueños de las casas seguían siéndolo, de modo que la protección al derecho de propiedad se había respetado.
El capital que las familias obreras habían ahorrado para su vejez se hizo humo, y ellas cayeron en la pobreza. Ese fue el primer acto de la tragedia. El segundo acto en que el capital de los trabajadores fue disipado por el Estado tuvo que ver con el régimen legal de retiros, que se basaba en la capitalización de los aportes. La Caja de Jubilaciones, de triste recuerdo, era gobernada por políticos. A éstos el capital de los trabajadores les preocupaba mucho menos que el bienestar de los empleados del instituto, a cortejar cuyos futuros votos se dedicaban absorbentemente. Lo que hicieron fue usar los fondos acumulados para financiarles a ellos, en primer término, una casa en la ciudad y, en segundo término, una casa en un balneario, aparte del alhajamiento de una y otra, con préstamos al 2% anual sin reajuste. La inflación muy pronto hizo polvo de ese capital. Lo que sobraba, la Caja de Jubilaciones lo usaba para financiar los déficit del gobierno, comprando bonos al 5%, también sin reajuste, cuyo destino fue exactamente el mismo que siguieron los préstamos a los funcionarios.
La pulverización del capital de los trabajadores fue un impulso mayúsculo al avance de la pobreza. Ellos tuvieron que arreglarse con un sistema “de reparto”, por los técnicos conocido como “de transferencias intergeneracionales”, por los inclinados a la ironía como “de solidaridad”. Y, en razón de que los uruguayos tienen cada vez menos hijos, y al mismo tiempo llegan a más viejos, la relación activo-pasivo se fue achicando, haciendo que la situación de los jubilados se volviera desesperante. Finalmente los viejos consiguieron organizar un plebiscito para ajustar sus pasividades conforme a los precios, lo que fue el mejor uso posible de una institución objetable, pero la pobreza de todos modos no se borró, solo se distribuyó menos agudamente contra los pasivos. Por segunda vez la destrucción del capital de los jubilados incrementó nuestra pobreza nacional.
Para evitar que hubiese una tercera eclosión de la pobreza desde el mismo origen, se creó el sistema de las AFAPs. La fuente de las pasividades volvió a ser el capital acumulado; otra cosa es imposible. La administración del capital quedaría a cargo de varias empresas privadas, competitivas, de modo que cada afiliado pudiera ir a la que prefiriera, y cambiarse cuando le pareciera conveniente. Sin duda, lo mejor que hemos tenido. Pero ahora un candidato a presidente se propone dirigir la corriente de aportes, no al fondo de capital seleccionado técnicamente por expertos, sino a lo que, dice, promovería el bien a la sociedad: erección de viviendas, dando trabajo en la construcción y techos a las familias necesitadas. ¿Qué significa esto? Pues, sencillamente, que el sistema de las AFAPs, basada en la propiedad del capital, se deja atrás. Será nuevamente el Estado quien elija las colocaciones del fondo de aportes. Como cuando el sistema quebró años atrás. Actualmente, si las AFAPs, una o más de ellas, quieren invertir en construcción, pueden hacerlo. Si hay que perfeccionar la libertad con que la gerencia técnica pueda elegir las inversiones, enhorabuena. Pero lo que se intenta es otra cosa. Se quiere manejar los recursos de propiedad de los trabajadores para fines que le interesan a los políticos, una vez más, para que sirvan sus objetivos electorales, olvidando cuál es el verdadero objetivo de la acumulación de recursos por el sistema jubilatorio, que no consiste en otra cosa que brindar retiros decorosos a nuestros trabajadores; es decir, se quiere echar en saco roto las trágicas experiencias del pasado
Pues bien, si el autor de semejantes propuestas pretende que lo mueve la preocupación por la suerte del pueblo y el apoyo a los pobres, yo digo que su iniciativa es idéntica a la que contribuyó más que ningún otro factor para expandir el flagelo de la extrema pobreza en nuestro país, y que su formulación no admite otra interpretación que su indiferencia por el bienestar de los trabajadores, a la vez que una preocupación obsesiva por lograr éxito electoral y, a través de este, poder. Y a los trabajadores afiliados a las AFAPs les digo que, si no hacen oír su voz en esta ocasión, ellos mismos compartirán la responsabilidad, si el peligro que ahora los acecha termina por concretarse.