Hace tres o cuatro meses publiqué aquí mismo un artículo sobre la reforma constitucional promovida por el sindicato de OSE, por la cual se someten a control estatal todos los servicios y actividades relativos al agua, en grado tal que queda implícita la propiedad colectiva de esa vital sustancia. Titulé el artículo “¿Dónde hay un Arca?”, para indicar cuánto se asemeja nuestra situación actual a la suscitada por el diluvio universal, cuando la humanidad y la vida toda se salvó providencialmente de ahogarse gracias al Arca de Noé. Pensé que la asociación con el diluvio era una advertencia válida de catástrofe, pero mi tono fue tal vez demasiado festivo. Ante la pasividad general frente al peligro, vuelvo ahora a las andadas, en un lenguaje que no oculte la verdadera emergencia que enfrentamos. Hoy mi título habla de suicidio. Quiero descargar mi conciencia de la responsabilidad de ser un comentarista de lo que ocurre que apenas escribió una columna humorística sobre un asunto en que nos va la vida.
En virtud de ello no puedo dejar pasar una apreciación del peligro que se cierne sobre nosotros que proviene del exterior, exenta de todo parti-pris. Me refiero a la advertencia oficial del BID sobre las consecuencias que se derivarían de la consumación de la reforma constitucional aludida. En efecto, el ente crediticio, cuyo apoyo desempeña un papel protagónico en el desarrollo de nuestra economía, hizo saber a los funcionarios gubernamentales con que tratan “que si la reforma constitucional para la estatización total de los servicios de agua es aprobada el 31 de octubre, se complicará la ampliación de la cobertura de saneamiento y el mantenimiento de las redes de agua potable.” Y ello no por efecto de ninguna discrepancia teórica, sino por poderosísimas razonas prácticas. Concretamente, conforme a la información que brindó “Búsqueda”, los voceros del organismo internacional manifestaron a sus contrapartes uruguayas, que “OSE no tiene la capacidad de endeudarse para financiar las millonarias inversiones que debería encarar
El semanario citado especifica que “los delegados del BID entregaron un borrador del informe sobre estrategia a largo plazo en materia de agua potable y saneamiento, en el cual se indica que OSE ‘no tiene la capacidad de acceder a nuevas fuentes de financiamiento vía deuda, ya que sus resultados operacionales no le permitirían servir un mayor nivel de deuda, situación que se agrava por el hecho de que el gobierno nacional por sí solo no puede aportar el total (de) los fondos necesarios para los planes de expansión y mantenimiento de la infraestructura.” “Búsqueda” añade que otro tanto ocurre con la Intendencia de Montevideo, encargada del saneamiento en la capital. El semanario agrega aún que los funcionarios del BID estimaron que el país debe ampliar su cobertura de saneamiento que hoy abarca al 55% de su población, y debe mantener su red de agua potable, que llega al 98%. De la misma fuente recogemos la siguiente información: “El BID procura que los países americanos alcancen ‘las metas del milenio’, que firmaron en el 2000. De acuerdo con este cronograma, Uruguay debería llegara al 2015 con 770.697 nuevos usuarios de saneamiento y mantener el sistema de agua potable a la par del crecimiento demográfico, lo que implicaría 363.229 nuevos usuarios”. Observe el lector que el BID está presumiendo que el crecimiento demográfico de Uruguay, por lo menos a su apacible ritmo de las últimas décadas, seguirá operando. Quizá fuere conveniente practicar una estimación alternativa, presumiendo que el crecimiento demográfico del país se vuelva decididamente negativo, lo que reduciría la magnitud de las carencias previsibles. Eventualmente, podrían desvanecerse totalmente. No olvidar que las reformas constitucionales impulsadas por sindicatos estatales no tienen que limitarse a los que ya conocemos, a los de ANTEL, ANCAP y OSE. Cada uno de ellos va infundiéndoles mayor seguridad en cuanto a que sus objetivos, que se trazan para afirmar y expandir sus privilegios, son irresistibles, sea cual fuere sus costos para la sociedad como un todo. Cuántas tales reformas sería preciso plebiscitar para bajar la población a, digamos, dos millones de habitantes, o –¿qué sé yo? a solo uno–– son problemas respecto de los cuales soluciones tentativas serían posibles
La fuerza con que sus iniciativas se abren paso puede ejemplificarse con el plebiscito promovido por OSE. Lo más impresionante es que los dos principales candidatos a la Presidencia de la República, en comicios simultáneos con el plebiscito, declararon su adhesión a la reforma propuesta. El apoyo de uno de los dos candidatos con mejores perspectivas sería una ventaja mucho más que decisiva. Más aún, siguiendo las tradiciones del país, el apoyo de un candidato llevaría a su máquina partidaria a repartir sobres que contienen las listas de candidatos a presidente y legisladores más la boleta por el sí para el plebiscito. La gente suele limitarse, una vez en el cuarto secreto, a transferir todos los papeles que su “club” le ha entregado a su sobre de votación. En este caso, la moción aprobatoria del plebiscito llevará consigo la suma de los votos del ganador y segundo candidato a la Presidencia, sin posibilidad de que, ni por distracción, muchos votantes omitiesen incluir la boleta con el SÍ para el plebiscito; o sea una mayoría que sin exageración habría que calificar de arrolladora
¿Hay alguna posibilidad de que el desastre se evite? Es imposible ser optimista: no cabe duda de que el plebiscito consagrará la propiedad colectiva de todos los recursos acuíferos. ¿No sería posible que ambos candidatos desistiesen de su apoyo, sin temor a perder votos en razón de la común decisión de ambos? Suena posible, pero personalmente encuentro difícil que admitan públicamente el error cometido. En lo que me es personal temo que, entre la pérdida de rostro que implicaría desdecirse de su posición original, más cargar con la hostilidad del sindicato de OSE, por un lado, y los intereses de la República por el otro, los dos candidatos se determinen por la primera consideración. En buena medida, porque es difícil imaginar cuál podría ser el grupo ciudadano con autoridad intelectual y moral suficiente para instarles a aceptar el trago amargo de reconocer el error común en que ambos han incurrido.
¿Qué estoy diciendo sobre cuál sería la actitud de ambos candidatos, y las agrupaciones políticas que los promovieron? Los antecedentes están indicando, de manera típicamente uruguaya, que la gente que tiene conciencia del peligro está convencida que se encontrará a último momento una manera de obviar la catástrofe. Respecto de ciertas consecuencias, como la extinción de las empresas de bebidas sin alcohol y el cierre de los establecimientos de aguas termales, la solución consistiría en dictar leyes que excluyan esas indiscutibles consecuencias de la reforma constitucional, ya que una violación más o menos de la Ley Suprema no hará diferencia. Pero la sola consecuencia de la actitud anunciada por el BID, que sin duda va en serio, hará que muchos tengan que cargar en su conciencia con el peso de su irresponsabilidad.