En ningún momento, ningún miembro cabal del FA formuló ninguna declaración crítica contra Castro y su régimen, menos aún algo que pudiera interpretarse como condena. Nadie, pues, puede llamarse a sorpresa ni alarma si en la Comisión Permanente de nuestro Parlamento los legisladores del EP-FA unánimemente votaron en contra una moción que exhortaba al gobierno de La Habana a liberar a sus presos políticos y de conciencia. Lo cual se me aplica a mí, por supuesto.
Pese a ello, no resisto al impulso de poner en común con mis lectores la sensación que me genera la noticia aludida, que hasta hace poco habría tomado como un fait divers, leída después del 31 de octubre, significa que vamos a ser gobernados por gente que, bajo ciertas circunstancias, admite como algo legítimo que quien discrepe abiertamente con ellos pueda ser enviado a la cárcel. Sería inconcebible, naturalmente, pretender que algo que está justificado en el territorio de Cuba puede merecer censura en otro lugar. Las circunstancias que autorizan a un gobierno, al parecer para la unanimidad del EP-FA, para poner a sus opositores en las mazmorras merecen alguna consideración.
En vano buscaríamos en la información periodística algo que se asemejara a una fundamentación del disenso de los legisladores frenteamplistas. La senadora Marina Arismendi se limitó a señalar la esterilidad del debate que se proponía, la cual era obvia teniendo en cuenta que ella había comulgado con el régimen soviético tanto como éste había subsistido, en cuyo transcurso había ultimado a unos 20 millones de seres humanos, la gran mayoría de los cuales no eran siquiera opositores, sino apenas estorbos para concretar la clase de sociedad que en su fantasía trataba de implantar. En cuanto al diputado Jorge Orrico, protestó por la obsesión de ocuparse de Cuba, en lugar, por ejemplo, de denunciar a los EEUU por su pena de muerte, siempre enfocada hacia objetivos étnicos. Habría que señalarle que la moción que rechazaba venía apoyada en declaraciones de la Comisión de Derechos Humanos de las ONU y de Amnesty International, y que, cuando llegaran manifestaciones equivalentes sobre el sistema penal norteamericano, entonces sería oportuno interesarse por su inquietud. Asimismo Orrico creyó oportuno señalar que, “cuando los cubanos se ríen, tienen todos los dientes, algo que no pasa con los uruguayos.” Aparentemente, la idea es que la pérdida de la libertad en Cuba está compensada por la calidad de la atención odontológica. ¿No es patético?
Más promisorio que examinar los dichos de los (tal vez por última vez) minoritarios frenteamplistas, tal vez resulte discurrir en torno a ese concepto que ocupa un lugar de honor en la estimativa de las izquierdas, la revolución. La revolución es la matriz de donde nace la izquierda. No solo por venir su nombre –como es archisabido– del sector de la Asamblea Nacional francesa ocupado por los diputados más radicales, sino además por ser, en la dinámica histórica, el medio por el cual podría la humanidad lograr avances cualitativos en la dirección conjunta de la libertad, la igualdad y la fraternidad. No es que existan para afirmarlo pruebas empíricas; pero aquella luz deslumbrante que se encendió en el Jeu de Paume el 20 de junio de 1789 podrá atenuarse, pero recobra brillo de tanto en tanto en distintas coyunturas histórico-geográficas, y no se apaga fácilmente. En cada oportunidad en que la luz fulgura, en alguna medida corre la sangre. Y el entusiasmo –más, diría yo, que el discernimiento– de los revolucionarios los mueve a considerar la sangre como un precio, irrisorio si se le mira con la adecuada perspectiva, por las conquistas logradas. “No se pueden hacer tortillas sin romper huevos” es la expresión literaria más vulgar de ese concepto
Pero no la única. Quiero acercar al lector una expresión literaria que vincula a la revolución cubana y al Uruguay, por lo tanto afín a este artículo. La encontramos en la novela de Carlos Martínez Moreno titulada “El paredón”, aludiendo a fusilamientos de opositores al régimen de Castro que desempeñaban el mismo papel que actualmente cumplen las condenas a veinte y más años de reclusión carcelaria. La tesis del libro, única parte capaz de superar al olvido, es que, en el contexto histórico, las realizaciones de la revolución –entonces había gente que las esperaba con confianza– eclipsaría las manchas de las ejecuciones de inocentes. Refiriéndose a la Revolución Francesa y de las millares víctimas del Terror, Martínez Moreno se preguntaba: (cito de memoria) “¿Quiénes lloran ahora a aquellos muertos de papel?” La idea parece ser que no son muertos reales, sino simples figuras, hoy sin nombre ni rostro, que en la historia de la Revolución Cubana no dan lugar a más que una nota al pie. Lo único real es la revolución
Pero no es así. Según la balanza marxista, el platillo ni se mueve cuando se le cargan víctimas de la revolución. Pero si usamos una báscula de valores, las víctimas inocentes, muertos o presos, conforme a la tradición liberal que dio origen a nuestra Constitución, la gravitación del castigo a inocentes arroja un resultado exactamente inverso. El derecho a la vida, a la libertad, a un juicio conforme a la ley, son derechos indiscutibles en nuestra Ley Fundamental. La visión revolucionaria, que reivindica la excepción a esos principios esenciales si el avance de la revolución lo reclama, es absolutamente incompatible con ella
Mandatarios elegidos conforme a nuestra Constitución no deberían resistirse a condenar la conducta de la dictadura cubana, sin lo cual el cargo de que infringen la Constitución solo podría excluirse si se negase que el gobierno de la izquierda no tendrá, ni podrá alcanzar, cariz revolucionario. Pero ya varias fuentes frentistas han afirmado que la votación del 31 de octubre fue el principio, incruento y pacífico, de una revolución. No debe pensarse que solo hombres armados asaltando el poder poseen carácter revolucionario. Como lo sostiene Ortega y Gasset, “lo menos representativo de la revolución es la barricada.” ¿Podemos descartar entonces que los opositores al nuevo régimen sean entre nosotros objeto de tratamiento represivo? Es cierto que una arraigada tradición diría que no, pero, en lo que a mí respecta, ella no puede reemplazar la seguridad que generaría el carácter público y notorio de que los nuevos gobernantes reconozcan que la libertad, la vida y demás derechos humanos consagrados en nuestra Carta poseen carácter absoluto.