Es natural que un gobierno de izquierda desee mejorar la condición de los trabajadores. Esto está fuera de discusión; pero no es menos cierto que también los padres quieren el bien de sus hijos y sin embargo con frecuencia les hacen mal. Sería una pena que esto ocurriera ahora entre nosotros, pero hay señales inquietantes en tal sentido. Se trata del aumento de salarios por acto de autoridad. Ya me he ocupado del tema una vez desde esta página, pero se me hace que es imperativo insistir.
La izquierda tiene dos pretextos para equivocarse. El primero es el concepto de plusvalía de Marx, que ocupa un lugar central en el primer volumen de Das Kapital, en cuanto la explotación de los obreros se asimila al hecho de que no se les paga la riqueza que incorporan a los bienes sino apenas el costo de mantenerlos a esos mismos trabajadores y a sus familias, a un nivel de subsistencia, lo cual es mucho menos. Ocurre que más adelante Marx introdujo otro concepto, el “precio de producción”, cuya conciliación con el de plusvalía nunca logró, en los volúmenes II y III que fueron publicados después de su muerte por Engels, menos preocupado por la consistencia lógica de la opus magna de su amigo y mentor. El concepto de plusvalía implicaba que el capital no contribuía en nada al valor de la producción, lo que era obviamente insostenible. El objetivo de la obra consistía en pronosticar la inevitable crisis terminal del capitalismo, con el fin de fundamentar lo cual usó argumentos ajenos a la plusvalía, pero la publicación del primer volumen en 1867 la había hecho tan famosa que ya no era práctico hacerla salir de escena. El concepto de plusvalía, de carácter metafísico –apoyado sobre un razonamiento de Aristóteles– era inútil para el propósito de Marx, pero tenía el mérito de su simplicidad. Los obreros eran explotados porque se les pagaba un salario menor al realmente ganado, y no había tu tía. Si por ley se lograba aumentar la proporción entre el valor del producto y el salario –imposible para Marx, pero ¿quién iba a preocuparse por tales nimiedades?– por ley o por decreto, la explotación del trabajo disminuiría. ¡Adelante, entonces, con los faroles!
El segundo pretexto está en la identificación de la ganancia con una renta. “Renta”, en el sentido estricto que le dan los economistas, es el nombre colectivo atribuible a los ingresos que se derivan de recursos de oferta totalmente inelástica. El ejemplo característico es la tierra. Si se pone un impuesto a la tierra, su oferta no cambia. Sigue habiendo la misma tierra que antes. Si el dueño de tierra gravada trata de vender la tierra gravada, va a encontrarse con que le pagan menos por hectárea que antes, pero aparte de eso no cambia nada. El dueño de la tierra no puede defenderse produciendo menos, ni de ninguna otra manera. Hay una vieja traducción en la izquierda de diversos países, el nuestro incluido, que confunde con “renta” los ingresos que se derivan de la explotación de una empresa industrial o comercial. Y en estos casos, distintos de la tierra, todos los factores capaces de influir en la empresa cuentan. No puedo decir: si subo x% el salario medio, al empresario le quedará menos ganancia. Tal vez no le quedará ninguna ganancia, o le convendrá cambiar de giro, o tercerizar diversas actividades. La única manera de lograr certeza en cuanto al aumento duradero y progresivo de los salarios, de una empresa, o de una industria, o de toda la economía, es que la productividad media crezca según el tiempo pase. Es decir, que la curva del cociente entre el valor de la producción y el número de horas hombre utilizadas suba persistentemente. Y ese resultado, ¿cómo puede alcanzarse? Pues de una sola manera: haciendo que los operarios dispongan cada uno de más capital para trabajar. ¿A qué capital me refiero? Me refiero a más y mejor planta y maquinaria (capital físico) y mayores pericia y coordinación en el ejercicio de su labor (capital humano). Si no se concreta ese incremento del capital, y se somete a la empresa a un aumento sostenido del salario real, la capacidad de esta para soportar ese tratamiento durará muy poco, dos o tres años todo lo más, después de lo cual los empleadores empezará a despedir operarios.
De modo que una política orientada hacia elevar los salarios reales se identifica con la política dirigida a incrementar la inversión en capital físico y humano. Con el aditamento de que la política que busca la reducción del desempleo debe transitar el mismo derrotero. Los instrumentos dirigidos a estructurar ese conjunto de políticas son bien conocidos: respeto de la propiedad privada (mírese a la Argentina y a su política de tarifas públicas si se desea un ejemplo de desprecio a la propiedad privada de los inversores, extranjeros en ese caso), previsibilidad de la política macroeconómica y libre movilidad de los capitales a través de las fronteras. Ésa es la política que conduce al aumento sostenido del salario real, a la vez que a la reducción del desempleo. Ello es así porque, si se invierte más, se necesita más mano de obra para combinarla con el nuevo capital: el capital solo no puede funcionar. Y eso es igual que decir que aumenta sostenidamente la demanda por mano de obra, y el desequilibrio que se genera entre la oferta de trabajo, determinada ante todo por la demografía, y su demanda, determinada principalmente por la inversión (aumento de capital) se supera con un aumento de los salarios reales. El ritmo de crecimiento de la inversión debe superar la tasa de crecimiento poblacional, pero en una economía que crece al 3% o más debe conducir a un incremento salarial real apreciable, dadas las coordenadas demográficas que se nos aplican.
Es así como creció el salario real en Europa (en EEUU nunca hubo pauperismo, aunque sí esclavitud en los estados del sudeste). Cuando comenzó la revolución industrial a fines del siglo XVIII, se produjo una importante migración desde el campo a las ciudades. Pero si bien esto mostraba que el salario urbano era superior al rural, aquel durante décadas no subió, porque la migración antedicha aumentaba fuertemente la oferta de trabajo. Pero alrededor de 1850 los salarios reales comenzaron a subir a una tasa anual del 2%, lo que significa que para fines del siglo XIX se habían multiplicado por 5. Ese notable incremento se debió enteramente al fuerte aumento de la inversión. Ninguna intervención estatal colaboró en ello.