¿Hacia dónde va la política económica?

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LAS EMPRESAS PÚBLICAS GANAN DINERO GRACIAS AL MONOPOLIO, REPRESENTAN UNA CARGA BRUTAL SOBRE LA ECONOMÍA DEL PAÍS Y SON RESPONSABLES DE SU POBREZA.

El EP-FA fue a las urnas bajo la bandera del cambio, y con ella triunfó espectacularmente. El electorado quedó cautivado por la perspectiva de cambiar. Comprensiblemente. El welfare state que concibió Batlle y Ordóñez en París no caminó, por lo menos hacia adelante. La fuerte tendencia de izquierda fue contenida por el presidente Viera en 1916, pero nunca llegamos a recuperar una economía de mercado. Ante la crisis de los años ’30 el país se refugió en una fortaleza de proteccionismo. La Guerra Mundial, cuando el problema central era el abastecimiento, hizo que las murallas se desmontasen, pero, apenas decretado el cese del fuego, volvieron a erigirse. Luego de un breve lapso (unos 8 años) de crecimiento “hacia adentro”, se abatió sobre el Uruguay el estancamiento más prolongado que conoce la historia de los países civilizados: durante 20 años no tuvimos crecimiento alguno, ni de ingreso por habitante ni de comercio exportador (ni importador, naturalmente, porque no teníamos con qué pagar nada más allá de lo indispensable). Mientras tanto, durante esas dos décadas (1955-1974) el mundo entero creció cosa de cinco veces, mientras nosotros sufríamos parálisis. De ser un país todavía rico (en 1870 habíamos estado entre los cuatro países más ricos del mundo), pasamos a ser un país pobre. Durante aquel lapso comenzó nuestra diáspora. Cuando la economía se reabrió, al menos relativamente, en los años ’70, el déficit y la inflación nos habían vuelto frágiles frente a las crisis, generalmente de origen regional, que nos sacudieron. Por muchos años la única perspectiva de cambio favorable en que los uruguayos podían pensar era la emigración

Ninguna sorpresa, entonces, en que el EP-FA, marchando bajo el estandarte del cambio, lograse subir al poder. Pero ahora que ha han llegado, es también natural que los ciudadanos nos preguntemos de qué clase de cambio se trata. Yo declaro que estoy estupefacto ante la falta absoluta de cambio en todos los aspectos que lo reclaman durante el primer mes de gestión de las nuevas autoridades. Presuntamente los lectores estarán leyendo este artículo al cabo de esos siete días de holganza cuyo nombre oficial es Semana de Turismo. ¿Es que alguien puede creer que el país puede despertar de su modorra sin que se suprima la Semana de Turismo? Señores, ¡se trata de un símbolo! El símbolo de un país confundido, que cree que el ocio es buen ocio, encima de las vacaciones y los feriados, siempre que haya sido legislado. De un país que no se sonroja si recibe asistencia de otros que ni siquiera llegan a entender qué cosa es esa llamada “Semana de Turismo”. Cuando yo ocupé un puesto de cierta autoridad, como presidente del BCU, hice abrir a este en Semana de Turismo, de lunes a miércoles, y ello forzó al resto de la banca a hacer otro tanto. No es mucho. Pero refleja mi convicción absoluta de que –así de importantes veo los símbolos en la política y el gobierno– este país no levantará cabeza hasta que, desde lo alto, con voz estentórea se le diga: queremos salir de la terrible pobreza en que hemos caído. Y eso se hace trabajando. No hay otra manera

El nuevo gobierno ha designado los directores de los distintos entes. A ese propósito la gran cuestión ha sido sobre si la mayoría absoluta del gobierno dispensaba o no al gobierno de incluir miembros de los otros partidos y, en el segundo caso, cuántos. Pues eso, en mi opinión, carece de toda importancia. Lo importante es que el régimen de los entes autónomos –pienso en las empresas– es disparatado. Y, si la Constitución está ahí, y hay que cumplirla, no se deberían integrar directorios colectivos, concebidos para dar empleo a políticos fracasados en los comicios, sin dejar a salvo el gobierno su responsabilidad, prometiendo que promoverá una enmienda constitucional que imponga el gobierno unipersonal de las empresas, teniendo el presidente-gerente general adosado un directorio honorario, o cuasi honorario, cuyos miembros, naturalmente, no tendrán oficinas, ni secretarias, ni autos ni choferes, y desempeñarán funciones de control y planeamiento, para lo cual una reunión mensual alcanza y sobra. Ah, y me olvidaba: que los presidentes sean expertos en la dirección de empresas, no tecnólogos de los ramos respectivos, y, mucho menos –esto va también para los directores– políticos.

Antes de dejar atrás el tema empresas, destaco que la única lucecita que en un ámbito gubernamental sombrío se enciende es la que irradian las declaraciones de Astori. Hace pocos días le oí hablar, ante las cámaras de TV, repitiendo lo que había dicho antes de las elecciones, acerca de la competitividad de las empresas públicas. No se puede exagerar la importancia de este aspecto. No oí, ni entreveo, la forma que adoptará la iniciativa del ministro, pero expresó el objetivo con toda claridad. Ello de más de una manera, pero, por último, sosteniendo que lo mejor que podía hacerse con las empresas públicas era prepararlas para competir. La gente no se da cuenta de lo importante que esto es. Las empresas públicas monopólicas, que ganan dinero, a veces, gracias al monopolio de que disfrutan, representan una carga brutal sobre la economía del país, y son más responsables de su pobreza que cualquier otra cosa. Un ministro declaró días atrás que no por nada teníamos empresas públicas, sino por el dinero que de ellas detrae el fisco; sin darse al parecer cuenta de que todo ese dinero es un impuesto, que grava pesadamente al pueblo, y que podría percibirse con creces de las empresas privadas. Y, aún, que ni siquiera todo el sobreprecio que cobran va a parar al fisco, sino que otra parte, no lejos de ser la mayor, representa simplemente riqueza triturada por la ineficiencia burocrática.

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