No quise ser grandilocuente en el título, pero, en rigor, debería decirse que la Constitución es sagrada, que se le debe dispensar un trato que parta de reconocerle que es el augusto fundamento de nuestras libertades. En todo caso, la ciudadanía debería situarse en las antípodas de quienes consideran que el cumplimiento de sus preceptos –de los buenos y los menos buenos y los malos– es opcional.
Según parece el gobierno actual está precisamente en esa tesitura. La reforma constitucional sobre el agua fue plebiscitada junto con las elecciones nacionales, y en ellas refrendada por amplia mayoría. Pero, por más que su (entonces) candidato a presidente de la República le dio su apoyo durante la campaña, lo mismo que el candidato blanco Jorge Larrañaga, parece ahora que la reforma no gusta al gobierno y no se aplicará. Es más, en el lapso que medió entre las elecciones y la asunción del presidente el 1º de marzo, se pensó en obviar la aplicación inmediata de la reforma constitucional mediante una ley interpretativa con carácter transitorio. A más de mes y medio del cambio de mando, ni se conocen los lineamientos de ese estatuto interpretativo, ni se sugiere dentro de qué plazo ha de esperarse su sanción. Y el sábado pasado corrió la versión de que el proyecto de ley ha sido descartado. Por el momento, habría que entender, el gobierno decidiría, simplemente, dejar la Constitución de lado.
Pero veámoslo más despacio. La reforma constitucional de marras dice así: “El servicio público de saneamiento y el servicio público ... de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.” ¿Qué hay de “interpretable” en este texto? Nada, realmente. Se trata de una orden terminante para que, en el lapso más breve posible (literalmente se de a entender que el tránsito debe ser instantáneo, pero estrictamente no puede serlo) el gobierno ponga fin a las concesiones pendientes y OSE asuma las responsabilidades del caso. Cuando el asunto se manejó después de los comicios, alguien pretendió que la reforma, al estar redactada en tiempo futuro (“serán prestados exclusiva y directamente...”), tendría una iniciación de vigencia incierta. Los servicios que tienen que ver con el agua, más arriba especificados, “...serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.” Lo serán, ¿cuándo? Vaya uno a saberlo. Por el momento es como si no se hubiese reformado nada.
Es con sonrojo que transmito lo que leí en la prensa, sin que el autor o autores anónimos de ese esperpento jurídico fuesen identificados. Una vergüenza. El tiempo futuro en una disposición legal se interpreta como orden, no como evento por venir. “El que, con intención de matar, diere muerte a otra persona, será castigado...” con pena tal y cual. ¿Cuándo ha de serlo? Pues desde que se aprobó el Código Penal. La propia Constitución está escrita en no menos de la mitad de sus disposiciones en esa modalidad del futuro por la que el constituyente manda ya, no anuncia una nueva normativa para algún tiempo a determinar. Y lo mismo si tomamos las leyes y la Constitución de cualquier otro país. Inequívocamente. Y si hay algo claro como el agua, es que la reforma sobre el líquido elemento está vigente y el gobierno está violando con ello la Constitución de la República. Caso grave en todos los casos, pero máxime que la norma vulnerada proviene del propio cuerpo político del gobierno y recibió el apoyo expreso del presidente Vázquez antes del acto comicial
Cada ciudadano debe decretar para su fuero interno un alerta permanente. El peligro indiscutible es que el gobierno del EP-FA interprete su mayoría absoluta en el Parlamento como señal de que el país le pertenece y puede hacer con él lo que le venga en gana. Noten los lectores lo que ha ocurrido con la congelación de las ejecuciones judiciales. El anuncio se hizo respecto del BROU, fundamentalmente. Dejemos, por hoy, lo relativo a la banca privada. El ofrecimiento de espera a los deudores del BROU, presumía yo, habría sido consultado con el directorio de la institución. Pero la prensa del sábado de la semana pasada contiene declaraciones fuertemente adversas a la oferta, provenientes de Fernando Calloia, actual presidente del banco. Quiere decir que todas las disposiciones de la Constitución relativas a entes autónomos han dejado de regir y el Ejecutivo habla por ellos sin consultarlos. Los directores vienen a desempeñar el papel de marionetas, que Vázquez y sus ministros se encargan de que hagan como que se reúnen y como que deciden.
Y esto, increíblemente, pese al poco tiempo que el gobierno está en el poder, no es todo. El 6 de abril este diario informó que el gobierno se propone emitir un decreto prohibiendo a las mutualistas realizar publicidad. ¡Por decreto! La Constitución proclama enfáticamente: “Es enteramente libre, en toda materia, la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor ... con arreglo a la Ley por los abusos que cometiere.” Es entre otras cosas la libertad de prensa lo que, según Daniel Olesker, se dispondrían a tronchar por decreto. Dejemos los fundamentos que alegó, infantiles como son, para otro momento. El diagnóstico sobre el gobierno que por ahora se puede formular –parcial porque hay voces prudentes y fundamentadas que se pierden en la maraña de nuevos funcionarios de todo nivel que se desesperan por ganar notoriedad–, el diagnóstico, decíamos, es que la devaluación que la dignidad de la Constitución de la República le pone a uno los pelos de punta. No sé cuántos lectores han reflexionado, frente a esa devaluación colectiva, el mayor valor que la Constitución representa para los que no tienen interés en hacer una revolución a fuerza de decretos. Para ellos, para nosotros, porque yo me cuento en su número, el único baluarte que nos queda es la Constitución. Con todas sus fallas, que no son pocas y llevan cerca de un siglo creciendo. Si no logramos hacernos fuertes en la Constitución, para evitar la vigencia de las leyes que la contrarían, seguiremos el camino de los otros países latinoamericanos que están perdiendo rápidamente, o han perdido ya, la libertad de que otrora gozaron.