¿Eso es lo que el FA quiere hacer con los vicios sociales? ¿Fomentarlos? La Constitución dice lo contrario, en su artículo 47: “El Estado combatirá ... los vicios sociales.” Pero en Montevideo, en el período 2000 a 2005, siendo intendente Mariano Arana, y jefe de los casinos capitalinos Juan Carlos Bengoa, el juego en los casinos del Municipio fue subvencionado en US$ 14 millones por los vecinos de la capital. Algo increíble. El juego se cuenta entre los vicios sociales que mayores estragos causa en la vida de mucha gente y en la durabilidad de muchos hogares. El que entes públicos tenga empresas dedicadas hacia su difusión, como igualmente lo hace el Estado y, con las bebidas alcohólicas ANCAP, presupone una decisión que difícilmente pueda atravesar un filtro ético. Es del caso recordar el gesto de Getulio Vargas en los años 30, al cerrar el famoso Casino da Urca, y sacar al sector público brasileño del negocio infamante, castigando sus finanzas pero limpiando la moral de su régimen. Si nosotros hacemos la vista gorda a la ética, el mínimo contrapeso que puede volver defendible la actividad, es que el juego le reditúe a los órganos políticos muy altos rendimientos, capaces de reducir significativamente el salvaje castigo fiscal que nuestra población soporta.
Se ha negado ese efecto, sin la menor razón. Es el ex director de casinos municipales, Juan Carlos Bengoa, quien afirma tajantemente: “Sigo sosteniendo... que: ni un centavo del juego va a ser bancado ni por un pesito de contribución ni por un peso de patente ni por un peso de impuesto de puerta”. Lo cual es una solemne tontería. Lo que se perdió, se perdió. Lo que se debía ser ganado y no se ganó, también tiene que gravitar sobre el bolsillo del contribuyente. No hay otra alternativa. En sus declaraciones recogidas en Búsqueda de 22/2, que confusamente tendría que ver con este tema, se menciona una transferencia de los casinos estatales, pero si los colegas nacionales le llenaron parte del agujero del colega departamental, será creándose ellos mismos un agujero equivalente. Pero en esas declaraciones recién citadas, Bengoa da sobradas pruebas de carecer de las credenciales mínimas para desempeñar el cargo que tuvo en la Intendencia, y el que tiene en el Estado.
Antes de seguir con el caso montevideano, algunos datos para que el lector que no ha estudiado teoría de las probabilidades pueda comprender mejor el meollo de este asunto. Si el meollo no es el juego –por ejemplo, lo son chanchullos con proveedores, o sobreempleo en los casinos, como lo sugiere Bengoa– el meollo es más detectivesco que matemático. Pero la teoría del juego, como parte de la teoría de las probabilidades, está superestudiada. Y ella dice que una banca, con un capital respetable, no puede perder. En los grandes números, se sobreentiende. Por supuesto que no hay ningún teorema que permita pronosticar si la banca va a ganar o perder en una determinada ocasión. Pero en un año sí, y no te digo nada en un lustro. La reserva que se ha invocado, de casinos en las Vegas que han dado quiebra, se explican porque, dado el grado de competitividad que allí reina, fijan a veces demasiado alta la postura máxima. En efecto, la matemática no puede asegurar que en una noche de suerte un multimillonario acierte un pleno cargado con una verdadera fortuna, y la banca entonces quiebre. Pero dadas dos condiciones, una postura máxima acorde con la liquidez del casino, y una ventaja para el banquero (por ejemplo, en ruleta, un cero, o sea ventaja de 37/36 o 2,7 % en las chances simples) el negocio es seguro, en el sentido de que el casino no puede perder. El saber popular lo dice bien: “De enero a enero, la ganancia es del banquero”, pero el saber científico puede decirle al banquero con bastante precisión cuánto ganará el banquero en función de las apuestas esperadas.
Por eso estimo que es una incalificable conducta la de haber dado una suma redonda (US$ 14 millones) de pérdidas, pero sin distinguir entre el resultado del juego en sí y los gastos de personal y demás de carácter comercial. Yo recibí una información sobre una estafa en la ruleta, consistente en lo que sigue: al comenzar la jornada, una persona se aproxima a una mesa de ruleta y pone una postura. No hay nadie en torno a la mesa salvo croupiers y el fiscal respectivo. El jugador no acierta, pero el croupier arrima las fichas al cuadro ganador y proclama su acierto. El jugador, sin comprender lo que pasaba, le dio mecánicamente una propina para “profesionales”, y, a fin de ver si estaba soñando, puso otra postura, repitiéndose la misma secuencia, excepto que, acto seguido, el jugador se ausentó aterrado. Sabiendo cuánto ganó la banca y a cuánto sumaron las apuestas, puede estimarse si hubo fraude en el manejo del juego y compararlo con los US$ 14 millones de pérdidas netas.
Naturalmente, el cálculo de la ganancia por juego es neta de costos del casino, así como de chanchullos con proveedores. Pero sabiendo cuál es la diferencia entre la ganancia estimada por teoría de la probabilidad y la registrada por los casinos municipales, tendríamos una visión clara de dónde se produjo la filtración, y eso con bastante rapidez, en comparación con la investigación a ritmo de caracol que están practicando las autoridades municipales. Lo razonable, por otra parte, es suponer que la investigación está sesgada para reducir las pérdidas debidas al dolo del personal y al sobreempleo. Es una verdadera vergüenza que se esté escondiendo información descaradamente. En particular, es impresionante el ansia de los líderes del FA para defender a Arana, cuando es evidente que su responsabilidad objetiva, como jefe del total, y consiguientemente de vigilancia general, es indiscutible. Ello hace pensar que la Justicia debería tomar intervención cuanto antes. Por supuesto, la intervención de los magistrados no depende de la previa solicitud de las autoridades municipales. Una espera mayor no podría evitar la impresión de que la mayoría del FA le confiere el control de la judicatura.