La democracia trae consigo una exigencia particular para los arquitectos. No para que diseñen la residencia u oficinas del jefe del gobierno, ni para el jefe de Estado, ya que, sin perjuicio de algunas diferencias de estilo y de ornamentos, son semejantes en todos los regímenes políticos; pero sí para el departamento legislativo, ya que los otros regímenes no requieren que se preparen, como en la democracia es de rigor, una o dos salas, según sea el caso, capaces cada una de alojar a amplios conjuntos de personas, que alcanzan un mínimo de varias decenas, y con frecuencia de varios centenares, de represetantes, a los cuales, entre otras cosas, les incumbe discutir sobre las normas y decisiones que son de su competencia, versando sobre una gran proporción de las conductas de la comunidad. Al mismo tiempo, aparte de requerir esos espacios apropiados para la discusión, ésta debe ser una sola, para todos los representantes de la ciudadanía, porque, si así no fuera, si cada diputado hablase, no según la razón, que es una sola, sino de acuerdo con los sentimientos y pasiones de cada uno, que son innúmeros, en los ámbitos legislativos reinaría, no ya el orden, como la lógica exige, sino pura y simplemente el caos.
Los arquitectos, imbuídos sin duda de los principios que acabo de consignar, han optado por proyectar cámaras legislativas con un forma prácticamente generalizada, que llamamos hemiciclo, como en nuestro Palacio Legislativo, es decir, con forma circular, incompleta a fin de dejar sitio al Presidente y sus auxiliares en el espacio descontinuado del círculo, disponiéndose los asientos de los representantes sobre una rampa también circular. Por encima de las filas de asientos, suelen verse uno o dos pisos de galerías. Todo esto tiene un sentido en la filosofía política. El hemiciclo tiene su razón de ser porque permite que desde cualquier asiento el representante que está haciendo uso de la palabra puede ser visto y oído por sus colegas. (Actualmente existen medios técnicos que resuelven la cuestión de la recepción auditiva, pero en la historia parlamentaria también el oído, y no sólo la vista, cuenta.) Y las galerías nos recuerdan que los ciudadanos tienen legítimo interés en seguir de cerca lo que los parlamentarios discurren.
En una palabra, la arquitectura de la democracia nos ha servido para concluir que la democracia es un sistema que tiene en su base la razón. Sí, es cierto, en último término, el partido que tiene más votos se sale con la suya, pero sus defensores en las cámaras habrán tenido antes que pasar la prueba de apoyar su iniciativa en la razón. Y contestar las críticas de la oposición en lenguaje que se tenga en pie a la luz de la razón. Lamentablemente, estos principios han perdido gran parte de su fuerza en muchos países, el nuestro inclusive.
Un par de semanas atrás presencié por TV una entrevista a un senador del Partido Nacional, por Tacuarembó, don Héber Da Rosa, que comentaba lo difícil que le resultaba averiguar el sentir de sus votantes –si la memoria no me engaña– con la educación sexual en los liceos y los derechos de los padres al respecto. Sin duda, el senador Da Rosa hacía suya la tesis dominante en la cultura política de nuestro país: el legislador debe sentirse un intérprete de los conciudadanos a cuyo apoyo debe la banca que ocupa. Sin duda, una actitud honrada; pero no la esencial del régimen democrático.
Hay una ilustración histórica de lo que quiero decir, de cuya elocuencia voy a valerme. Edmund Burke, el gran escritor y parlamentario inglés entró en conflicto con sus electores de la ciudad de Bristol. Éstos le recriminaban haber votado contra el gobierno inglés, y a favor de los colonos americanos, que se habían rebelado contra la decisión británica de imponerles un impuesto sobre el té. Los colonos pagaban impuestos, que ellos mismos votaban, con los que las colonias se administraban; este impuesto, contra el cual los colonos se habían levantado, lo había votado el parlamento británico. Los colonos invocaron un principio inglés, el mismo que un siglo atrás, el parlamento, y parte de la población, se alzaron en armas contra Carlos I: “No hay impuesto sin representación”. A los colonos no se les reconocía derecho de elegir diputados para el parlamento inglés, ergo, sostenían, el impuesto sobre el té, sancionado en Inglaterra, no les era aplicable. Los electores de Bristol enrostraron a Burke haber votado contra el gobierno de su país, poniéndole el ejemplo del segundo representante elegido por la misma ciudad, que había votado a favor del impuesto, contemplando así sus sentimientos.
Burke respondió con una carta, en 1774, en la que les decía que nada le haría más feliz que estar en armonía con sus electores, pero que había una cuestión de principio en juego. “El gobierno y la legislación”, continuó, “...son cuestiones de razón y juicio”. Y ¿qué clase de razón sería ésa, en la que el legislador recibiera primero la conclusión y sólo después se discutiese? “Un mandato impuesto, que el representante deba aceptar ciegamente, e implícitamente obedecer, para votar, y argumentar en su favor, aunque sea contraria a su más clara convicción de juicio, ésas son cosas íntegramente extrañas al Derecho de este país.”
Y continúa así: “El Parlamento no es un congreso de embajadores, representativos de intereses diferentes y hostiles; que deben defender, como abogados, contra otros abogados; sino que el Parlamento es una asamblea deliberativa de una nación, con un interés, el del conjunto, donde, no son propósitos parciales los que deben guiar, sino la realización del bien común, resultante de la razón general a todos”.
Es obvio que en el parlamento, en un parlamento como el que describió Burke, que en muchos lugares se ha transformado en norma, y en todos debería hacerlo, el mandato imperativo no tiene lugar, cada representante debe formar su posición en el ámbito de una deliberación abierta, orientada hacia el bien común del país. Naturalmente, todos los ciudadanos, todas las instituciones, todos los medios, tienen derecho de influir sobre los representantes, y más que nadie su partido: pero nadie lo tiene para forzar su opinión. Si es que queremos una verdadera democracia.