… y no se atreve a preguntar. ¿Cómo conoce este articulista lo que los ciudadanos querrían saber y nadie les aclara? Pues es muy sencillo: por introspección. A mí me consta que, en la gestión de la cosa pública, muchos aspectos permanecen a oscuras, y que hay por lo menos un ciudadano –un servidor– que ansía que la luz penetre en aquella sombría región. Y debo suponer que no soy el único que participa de esa curiosidad cívica. Si no se oye a muchos vocear análogas inquietudes, debe ser porque demasiadas interrogaciones han permanecido indefinidamente ignoradas por las autoridades. Sin ir más lejos, este articulista ha fracasado, tras varios esfuerzos, en el asunto de las pérdidas de una millonada de dólares de los casinos municipales, entre 2000 y 2005, al inquirir, no sobre culpabilidades, incógnitas ésas que deben ser despejadas ante los estrados judiciales, sino apenas sobre el origen de las pérdidas: o bien en el juego en sí, y cuánto en los diversos rubros, o bien del exceso de los costos; todo lo cual en un país civilizado lo sabría quien tal quisiera desde la primera audiencia. Pero aún si las inquisiciones fracasan, y quienes tienen el derecho a la respuesta –legisladores, ediles, en un grado menor, periodistas– miran hacia otro lado, el día de las responsabilidades no demorará indefinidamente.
# Financiación de la carestía. En Financiación de la carestía una república organizada conforme a la tradición occidental, el Ejecutivo tiene la iniciativa de proponer los recursos con que llevar adelante su gobierno, y someterlos a consideración del Legislativo. El núcleo de la aprobación del gasto, en relación al plano nacional, se rige, en líneas generales, por los literales A) y B) del art. 214, inc. 2º, que constituyen la esencia del presupuesto, y se reproducen a continuación
“A) Los gastos corrientes e inversiones del Estado distribuidos en cada inciso por programa”.
“B) Los escalafones y sueldos funcionales distribuidos en cada inciso por programa”.
El gobierno ha declarado haber hecho un gran esfuerzo en materia fiscal y monetaria para detener el alza de los precios que se resumen en el IPC. En su léxico, y en el de la prensa, lo que se obtuvo fue detener la inflación. Las medidas monetarias, siempre que sean restrictivas, son aceptables como instrumento de política antiinflacionaria. No hay indicios de que tales medidas se hayan puesto en práctica, pero no es posible negar que se hayan aplicado. Las medidas fiscales, en cambio, que no podrían ser más que nuevos impuestos, para evitar el efecto expansivo del déficit, nos consta a todos, no han entrado a tiempo para acreditarles el cese de la carestía. Por lo tanto, la alusión tiene que referirse al gasto público en subsidios para que los precios no subiesen. Ahí es donde me proponía llegar, porque me asalta el temor de que tales desembolsos pudieran no estar previstos en el presupuesto. ¿Cómo imaginar, en efecto, que el Ejecutivo iba a incluir en el presupuesto el subsidio al transporte urbano, a la cuota mutual, a las tarifas de UTE, a la producción de combustibles, etc., sin haber hecho al respecto ninguna mención? Por tanto, ¿cómo procurará ahora superar la violación de la Constitución en que parece haber incurrido?
# La notable depreciación del dólar en términos de pesos. en términos de pesos. Una reducción del tipo de cambio del dólar contra el peso desde la asunción del gobierno del FA es motivo de honda preocupación de numerosos agentes económicos, particularmente de los exportadores. El aumento de los precios de las commodities es el origen del boom que disfruta el país, pero el descenso de la cotización del dólar erosiona el potencial de esa área de negocios, a lo cual hay que agregar el alza interna de los rubros del costo, notablemente los salarios y los impuestos. En una palabra, el Uruguay se ha vuelto más y más caro –uno de los 10 países más caros del mundo– tratando de exportar materias primas, un negocio que en pesos locales va perdiendo atractivo. Si tomamos conciencia de que las bonanzas, como la que nos visita desde hace cuatro años, no son eternas, siendo por tanto una gran lástima dejar de aprovecharla, máxime cuando estamos lejos de haber conseguido el pleno empleo ni nos hemos librado de la emigración sistemática de mano de obra valiosa e intelecto de obra inapreciable.
Frente a críticas de este género el gobierno invoca la necesidad, derivada de irresistibles fuerzas económicas. Las divisas derivadas del comercio y el turismo reporta una oferta de la moneda norteamericana superior a su demanda en el país, por lo cual la caída sostenida de su precio es inevitable y sería mayor si no fuera por las compras de dólares que repetidamente lleva a cabo el BROU. Esa observación ha trascendido el ámbito del gobierno, habiéndose aceptado generalmente que hemos desembocado en una política a medias de tipo fijo-libre, como Argentina, a diferencia de Brasil, que se ha apegado al tipo libre rigurosamente. No estoy de acuerdo y paso a fundar mi posición
En los primeros tramos del recorrido del gobierno, se impuso a las AFAP’s desistir de las inversiones concebidas en dólares que tenían por costumbre realizar, dentro del ámbito en que las normas lo permitían, que eran sumamente restrictivas (podían comprar bonos emitidos en dólares dentro del país, pero no otros papeles emitidos afuera) como es de suponerse que serían los valores más apropiados para tener una entidad financiera en sus activos. La decisión del gobierno se entendió dirigida a provocar la caída de la cotización del dólar y, en efecto, así ocurrió. El gobierno redujo así el peso financiero de la deuda externa, en lo que obviamente es un impuesto más a gravitar sobre las castigadas espaldas de los (futuros) jubilados y pensionistas, ese sector con el cual el poder político siempre se ha ensañado. La pregunta del ciudadano es: ahora que se sabe que la caída del dólar opera acumulativamente sobre su demanda, y pone en peligro las exportaciones del país, ¿por qué no liberar totalmente las inversiones de las AFAP’s? Y, de paso, ¿por qué no se empieza una reducción gradual de los aranceles de importación, con miras de llegar al nivel de Chile? ¿Por qué arriesgar, sin ningún fundamento, agravar la pobreza y la tendencia de más emigración del pueblo uruguayo?