Se llamaba Esthir Verón. Trabajaba en el frigorífico Colonia S.A. Quería volver a trabajar, pese a la declaración de huelga que el Sindicato de la Industria de la Carne había decretado. De hecho, la totalidad de los operarios del Colonia quería volver al trabajo, Esthir entre ellos. El viernes 26 los operarios votaron en ese sentido, fijando el 28 para reintegrarse. A Esthir esa decisión lo llenaba de alegría, después de haberse sentido desolado por la huelga. Tenía 45 años y le entusiasmaba el hecho de que desde que tenía ese empleo, hacía 18 años, estaba ahorrando dinero. Casado, vivía con su mujer, y ambos tenían una hija y una nieta. Esthir quería ayudar a las jóvenes de la familia a progresar, sobre todo a la nietita, que era la niña de sus ojos. Desgraciadamente, sus planes se vieron frustrados en la aciaga madrugada sobre cuyos acontecimientos voy a comentarles
La víspera del día D fue vivido por él con gran ilusión. Aquella noche se encontró con Shirley Velázquez, otra operaria de la misma empresa, que vivía casa por medio con Esthir, y juntos tomaban el mismo ómnibus que los llevaba al trabajo. Shirley recuerda emocionada las palabras de aquél en aquella ocasión. Su vecino y compañero de labor le dijo: “No me afloje, vecina, que mañana tenemos que ir a trabajar”. Aquella madrugada del 28 de diciembre se inició tal como Esthir esperaba, pero no tardaron en manifestarse otras fuerzas adversas. Antes de que el ómnibus llegase al frigorífico con unos 60 trabajadores transportados, los del sindicato, advertidos de la decisión adversa a ellos, tomaron la iniciativa obligando al ómnibus a cortar su ruta, y por tanto a los contrarios a marchar acosados por insultos de toda índole mientras caminaban quilómetro y medio aproximadamente, sin defensa contra un piquete organizado que los agredía.
Shirley, la vecina de Esthir, narró a la prensa la tortura a que todos fueron sometidos por un piquete especializado de aproximadamente 20 hombres, que, según la testigo, les lanzaba toda clase de insultos y amenazas. “Nos trataban de hijos de puta y de carneros. Terminando su tortura, narró asimismo Shirley, cómo su vecino fue descubierto de bruces contra el piso, víctima, según más tarde se supo, de un infarto, con la apariencia de estar sin vida. Cuando pudo comprobarse que aún respiraba, pidieron la ayuda de la emergencia móvil de Tarariras, pero cuando la ambulancia llegó hasta donde yacía el siniestrado, ya era tarde. La ambulancia había puesto cosa de una hora en llegar, según informó El Observador (30/12, pág. 3) porque ella también fue interceptada por un piquete sindical.
El mismo diario en el mismo lugar informó que el sindicato “deslindó cualquier tipo de responsabilidad en el episodio”. Suena a disparate. Si los piquetes de una organización obstruyen el camino de los trabajadores de una empresa y los someten a un tratamiento salvaje de insultos y amenazas durante el cuarto de hora que esos trabajadores estuvieron forzados a caminar, y encima la ambulancia que sus compañeros habían reclamado es retenida algún tiempo por el mismo u otro piquete, al punto de que mientras tanto el siniestrado muere, es mucho tupé pretender el sindicato que él mismo pudiera exonerarse de responsabilidad. Obviamente, sólo un juez penal podría hacerlo
La intervención de piquetes sindicales en una huelga es una característica obligada en el mundo entero. Pero, si nos atenemos a países civilizados, debemos agregar que el comportamiento de los piquetes está estrictamente regulado: el piquete es un grupo de hombres y mujeres que deben ubicarse a una distancia mínima regulada de la puerta del local de la empresa u organismo contra el cual se ha declarado la huelga, sin dirigir la palabra a los trabajadores que entren a trabajar. En consecuencia estoy diciendo que, con la perspectiva de país civilizado, el comportamiento del piquete o piquetes que actuaron con la consecuencia de un obrero infartado y muerto implicó sin duda una ruptura de la ley penal. Quien sienta dudas al respecto haga la prueba de sentirse él mismo desprotegido ante una horda que lo insulta y lo amenaza por largo rato sin interrupción, y pregúntese si es concebible que nadie en este país se vea privado de toda defensa. Recuerde a ese propósito el artículo 72 de nuestra Constitución, que dice: “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. O sea que nuestra Ley Suprema recurre a la ley natural y a las leyes de otros países que pueden suplir el eventual silencio de nuestra legislación. Es inconcebible que el reciente episodio de Tarariras pueda pasar sin más al olvido sin que se haga justicia.
Por otra parte, nuestro derecho no está desprovisto de defensas de los derechos fundamentales. Evidentemente, los piqueteros no cometieron homicidio, porque ese tipo delictual requiere que el agente tenga el propósito de matar, mientras el piquete sólo amedrentar a los trabajadores que se proponían entrar a trabajar. Por tanto no el artículo 310 del Código Penal, pero sí el 319, ”Lesión o muerte ultraintencional”, que se configura cuando la lesión inferida da lugar a una muerte que no deseaba el agresor
O tal vez la sentencia correcta sea aún otra –no soy penalista– pero lo que no puede ocurrir es que el asunto pase al olvido sin consecuencia alguna. O que el ridículo deslinde de responsabilidad resuelta por el propio agresor. ¿Qué perspectiva nos queda de no tener que concluir que los sindicatos mandan en este país, y están por encima de la ley? En la edición ya citada de El Observador se incluye un recuadro con opiniones del vicepresidente de la Cámara de la Industria Frigorífica, Rodrigo Goñi. Allí leemos: “Los piquetes frente a los frigoríficos llevan a los operarios que desean trabajar a caminar más de un kilómetro en un ambiente de ‘violencia’. Ellos van al costado insultándolos, agrediéndolos y amenazándolos. Goñi dijo que la Policía ‘no tenía intervención’. Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que hay orden de no intervenir, ‘salvo’ que haya un delito”. Pues bien, el delito ahora lo tienen, y bien claro. Sería entonces posible decidir si vivimos en un país que tiene algunos rasgos en común con los Estados de Derecho, o concluir que estamos ajustándonos al modelo totalitario.