La educación, en el Uruguay, está estrechadamente vinculando con el Estado. La enorme mayoría de las instituciones dedicadas a esa labor le pertenecen. Funcionarios suyos redactan los programas y eligen los docentes que han de llevarlos a la práctica. Durante más de un siglo la única institución de tercer nivel era estatal. Sólo en 1984 se admitió la primera universidad privada, bajo un régimende facto, y sólo con el andar del tiempo fueron autorizándose entidades de ese nivel. Esa posición privilegiada en materia de educación no resulta de la Ley Suprema. La evolución en el terreno universitario lo demuestra. Aun después de retornarse al régimen de iure, se dictaron leyes nacionales ampliando el ámbito de nivel terciario hacia el área privada. Pero, como veremos, tal parece que han resuelto decir: ¡basta!
¿Por qué el Estado se aferra a la supremacía del saber, al menos en materia educacional? Nadie, sin duda, podría sustentar esa pretensión, y si lo intentase sería obviamente inconstitucional. Simplemente es el ansia de poder, especialmente en este tiempo en que un partido goza de una mayoría absoluta, lo que incita a los suyos a aprovechar sin límite la ventaja. A continuación el lector encontrará al respecto una prueba irrefutable. Ella tiene que ver con la preparación de profesores de enseñanza media, y el otorgamiento de títulos para desempeñar esa actividad. Mis fuentes sobre el episodio han sido dobles. En primer término, la Universidad de Montevideo, que, habiendo obtenido del Codicen una licencia para preparar y diplomar a profesores de diversas asignaturas de enseñanza secundaria y, habiéndosele dejado luego sin efecto, publicó una solicitada en El Observador del 9 de mayo, pág. 6, y, en segundo término, en Búsqueda de 15 del mismo mes, pág. 18, cubriendo el mismo tema con interesantes detalles.
Primer punto: ¿Cómo se instala entre nosotros un instituto para preparar un sistema dedicado a formar profesores de enseñanza media y autorizar a una entidad universitaria para que actúe en esa dirección? Yo habría pensado que la universidad interesada en ejercer esa actividad se dirigiría a una autoridad docente con las facultades del caso, a fin de que le concediese lo que deseaba, y pudiese ponerse a trabajar conforme a la designación concedida, o, en caso de haberle denegado la petición, apelaría, si hubiese a quién, o archivaría los papeles y se pondría a pensar en otras cosas con más potencial de resultados positivos. Así imaginé yo que las cosas se desenvolverían una vez que la Universidad de Montevideo (UM)comunicase su pretensión en el sentido indicado; pero los hechos mantuvieron con la imagen aquí trazada sustanciales variaciones. Variaciones tales, en realidad, que —como lo verá el lector— la historia se vuelve en buena parte ininteligible
El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) fue el órgano a que la UM oficialmente se acercó, con el que conversó durante años (tres años y cinco meses sobre su petición) y en definitiva (definitiva aparente, al menos) le concedió a la UM lo que había pedido y, desde el comienzo del año lectivo 2008, con sumo interés de los aspirantes a profesores, comenzó a trabajar. Voy a transcribir de la nota de Búsqueda las referencias que se relacionan a la autorización a la UM para su nueva actividad y el cese de la misma.
Papel del Codicen en la marcha adelante. “A lo largo de tres años de tramitación el expediente recibió más de cinco informes favorables, pero el rector de la UM mantuvo varias reuniones con los jerarcas de la ANEP para pedir que se agilizara el proceso... Debido a que la ‘tramitación de los obrados no insumió el tiempo regular que hubiera comprendido’, el Codicen resolvió que esa habilitación se otorgara en forma retroactiva al momento de la solicitud (agosto de 2004), en base al dictamen de la asesoría letrada.”
Papel de Codicen en la marcha atrás. “Cuando el tema parecía laudado, el 6 de febrero el Codicen resolvió en sesión extraordinaria suspender la habilitación, luego de que algunos consejeros plantearan la presunta existencia de vicios formales en cuanto a retroactividad otorgada a la UM
“El 25 de abril último, tras recibir los informes, el Codicen revocó por mayoría la habilitación para expedir el título de profesor secundario...”
“Consultado por Búsqueda, el presidente del Codicen, Luis Yarzábal, sostuvo que se revocó la habilitación porque se le dio ‘carácter retroactivo’ a algo que no debía tenerlo.”
Los factores de peso
En lo descrito hasta ahora es probable que el lector se encuentre confundido. Una universidad plantea una solicitud para preparar profesores de enseñanza media. Primero habla con la institución oficial con competencia en la materia. Luego se dirige a ella según sus propias instrucciones. Presenta su petición. Pasa cosa de tres años y medio, término durante el cual el diálogo UMCodicencontinúa. Hasta que el verano pasado la UM recibe el deseado sí. Por qué la actitud hamletiana del Codicen al fin cesa, no lo sabemos. Pero en marzo empiezan los cursos, y fuerzas irresistibles contrarias a la nueva institución se hacen sentir. Fuerzas incomprensibles a la vez que irresistibles. El Codicen deja sin efecto la autorización con tanta prisa que le falta tiempo para darle vista a la UM, en violación de la ley. Sin imputarle a la UM error ni omisión algunos. Sólo por mayoría pero a la vez cesando en su función de asesora letrada a la abogada del organismo que recomendó la “habilitación”. Todo es incomprensible, a menos que otros factores que los contenidos en los escritos se tomen en cuenta. Hoy me falta espacio para hacerlo en esta misma nota, pero la semana próxima procuraré llenar ese vacío.