Hace unos dos años y medio, poco después de la designación de Végh Villegas para ocupar el Ministerio de Economía, el gobierno decretó una rebaja general de los recargos de importación. La mayoría de esos gravámenes, establecidos para proteger la industria nacional, eran por entonces prohibitivos (es decir: de hecho impedían totalmente la importación de los productos gravados). Después de aquella rebaja, relativamente muy pequeña, no dejaron de serlo, pero la medida con todo subrayaba elocuentemente el anuncio oficial de que se persistiría por la misma ruta. Otros anuncios similares se formularon desde entonces, el último por el Ministro Arismendi inmediatamente después de la reciente reunión gubernamental del Parque Hotel; pero ya ninguna de esas ulteriores declaraciones recibió como la primera confirmación en el terreno de los hechos.
Dos años y medio son mucho tiempo para dejar transcurrir entre una etapa y otra de un programa gubernamental cualquiera. Un par de pasos por lustro se nos antojan un ritmo de marcha más apropiado para los planes de Zeus referentes a sus súbditos olímpicos que para cualquier política cuyos destinatarios sean simples mortales. No parecerá aventurado, pues, si en esta zona creemos detectar en el ánimo de las autoridades una actitud de duda o inseguridad que, sin llegar a cambiar la línea de la política declarada, enerva la voluntad oficial para ponerla en ejecución.
Toda política comporta, junto con los beneficios que de ella cabe esperar, ciertos costos, y es natural que sea en torno a éstos que se sitúe la incertidumbre gubernamental. Una reducción progresiva de los gravámenes a la importación debe traer aparejada una reasignación de los recursos productivos del país. Si no lo hiciera sería ineficaz, y no serviría para corregir el defecto estructural básico que la sustitución de importaciones indujo en la economía uruguaya. Pero esa reasignación entraña costos que sería ilusoria querer ignorar. Algunos empresarios perderán buena parte del valor de sus inversiones. Lo que es mucho más sensible desde el punto de vista social, y gravita decisivamente sin duda para generar la hesitante actitud de las autoridades, muchos trabajadores deberán soportar lapsos de desempleo, y someterse a laboriosos procesos de readiestramiento.
Sin embargo, es precisamente de la construcción del bienestar de los trabajadores que el gobierno debe extraer la energía que le permita salir del impasse actual. Y para hacerlo debe tomar clara conciencia de que el camino hacia la meta a que, pensamos, él asigna el primer lugar entre todas las del ámbito económico –el crecimiento del salario real– pasa necesariamente por la apertura de la economía hacia el resto del mundo.
Por el momento vemos la política salarial absorta ante el dilema: mayores salarios con más inflación, o mayor estabilidad con menos salarios. No sólo el dilema es falso –lo que ha de proporcionarnos tema para otro artículo– sino que deja intacto el terreno donde la cuestión, más tarde o más temprano, habrá de definirse: el terreno real, que el velo monetario oculta a la vista de la mayoría, aparentemente también del gobierno.
Nada de ésto implica negar el costo de la apertura económica. Implica sólo negar la inevitabilidad el mismo. Cuanto antes las autoridades lo comprendan, y se aboquen a la difícil e insalteable tarea de reducirlo cuanto sea posible y repartirlo equitativamente, mejor será para el país en general.