Los romanos del tiempo de la república sabían que el orden constitucional normal no podía funcionar en tiempos de crisis. Para capear los temporales institucionales su derecho –una de las pocas auténticas maravillas de la historia– preveía regímenes transitorios que llamaban dictaduras. Un magistrado –el dictador– era investido conforme a la ley de poderes excepcionales por un cierto tiempo y, lo que ahora nos interesa destacar, con una finalidad igualmente determinada.
Lo que los romanos de la gran época sabían, los pueblos de nuestra parte del mundo están descubriendo a tientas y tropezones. Vale la pena, pues, recurrir a la inapreciable memoria de nuestra civilización. Teniendo, al hacerlo, presente la sentencia de George Santayana: las naciones que ignoran la historia están condenadas a repetirla indefinidamente.
La “lex-curiata” preveía dos clases de dictaduras: la “dictadura seditionis sedandae” –la dictadura para vencer la sedición– y la “dictadura rei gerundae causa”– la dictadura para hacer las cosas. Cuando una facción procuraba desalojar por la fuerza a las autoridades legitimas era preciso conferir a éstas potestades extraordinarias. También era imperativo hacerlo para introducir en la estructura del estado reformas de gran envergadura, porque los mecanismos normales de gobierno, por regla general, no son, ni es bueno que sean, aptos para semejante tarea.
Si tuviésemos que definir en pocas palabras el meollo de nuestra actual coyuntura política, diríamos que la cuestión radica en que nos hemos dado un régimen de emergencia “seditionis sedandae”, pero aún no hemos logrado acoplarle el complemento “rei gerundae causa” sin el cual la obra del primero será fatalmente efímera.
El gobierno uruguayo ha esbozado un calendario del tránsito hacia la normalidad política. El régimen de emergencia reconoce con ello su carácter de tal, y su implícita transitoriedad. Pero no está de igual modo claro qué se está haciendo para asegurar la factibilidad del cronograma.
No es posible dejar de reconocer que la crisis institucional de 1973 fue precedida por un largo período en que el antiguo régimen, por así llamarlo, funcionó mal. Ni sería realista negar que ese mal funcionamiento tuvo causas endógenas, autogeneradas por el sistema. Por fin, a nosotros nos parece fácil la identificación de los principales agentes responsables del proceso. Se llaman inflación y burocracia. Y en este último término englobamos une administración que inflige al sector privado costos incalculables, y un gigantesco conjunto de empresas estatales, que parecen concebidas para lograr un máximo de ineficiencia.
Mientras esta estructura permanezca ¿por qué habríamos de esperar que un nuevo ensayo de institucionalidad republicana diera resultados distintos de los que padecimos?
Esta es nuestra convicción. Desearíamos que se calibraran las exigencias que la hora hace gravitar sobre los hombros de las autoridades.
Que se analice si en los aspectos de fondo –rei gerundae causa– no está todo por hacer, y si el tiempo que resta, desde la perspectiva del cronograma fijado, no es dramáticamente breve.