Hay quienes quieren perpetuar el monopolio estatal en la enseñanza universitaria y se proclaman al mismo tiempo defensores de la libertad. ¿Podría concebirse mayor contradicción? Estos mismos, si alguien propusiera un monopolio de la prensa en manos gubernamentales, explotarían de indignación. No advierten, por lo visto, que el dominio por el estado de las cátedras universitarias representa un ataque contra la libertad no menos grave que el implícito en el monopolio oficial de las tribunas periodísticas.
El laicismo, la libertad de cátedra, un método apolítico para la selección de los docentes, basado en la excelencia académica: he aquí algunas supuestas salvaguardias institucionales contra la intromisión del poder etático en la universidad. Nosotros sabemos por experiencia que no funcionan. Durante los largos años en que el marxismo detentó el gobierno en nuestra enseñanza superior, los profesores fueron destituidos por razones políticas y se designaron para reemplazarlos a personas cuyas únicas credenciales radicaba en su ortodoxia política. Los mecanismos constitucionales, presuntamente en plena vigencia, no proporcionaron la menor ayuda a los valores pisoteados. El laicismo, la libertad de cátedra y todo lo demás sufrieron algo así como un escarnio continuado durante varios años. ¿Se dirá que el marxismo no ocupaba al mismo tiempo el gobierno nacional? ¿Qué ello demuestra que el peligro no reside en la vinculación de la Universidad con el gobierno? Ante esa posible pretensión cabría responder dos cosas.
En primer término, que la escisión entre un gobierno nacional democrático y un gobierno universitario marxista no fue sino uno de los síntomas de la crisis institucional que sacudió al país. Algo accidental, que no roza el meollo de la cuestión. En ambos centros se ejercía poder etático. En el gobierno nacional, entre otras cosas, para recaudar miles de millones de pesos que se canalizaban hacia el otro centro de poder, que los gastaba en altísima proporción en desembozados programas de adoctrinamiento, y sometía a los indefensos estudiantes, ejerciendo poder etático, es decir, negándoles alternativas por la fuerza, a una repugnante coacción.
En segundo lugar, si las salvaguardias institucionales pueden preservar la libertad bajo un régimen de monopolio estatal, ¿por qué no aceptar que la prensa pueda estar monopolizada por el gobierno? ¿Cómo descartar la posibilidad de que pueda existir libertad de prensa bajo el comunismo? ¿No podría también seccionarse a los periodistas con criterios apolíticos y garantizarles la libre expresión de sus opiniones en los periódicos gubernamentales? Quien crea que esto es factible tiene pleno derecho a defender el monopolio estatal de la enseñanza superior. En cambio, todo aquél capaz de percibir que la única garantía adecuada de libertad está en el pluralismo en la titularidad plural de escuelas, de universidades, de órganos de prensa, de empresas en general, debe saber que incurre en la más flagrante inconsistencia si defiende nuestro status que en la materia. Más aún, debe saber que con ello se convierte, de hecho, en un enemigo de la libertad.
La universidad estatal está estrechamente asociada en la conciencia nacional a la supuesta gratuidad de sus servicios. Una universidad “gratuita” es, se argumenta, accesible a jóvenes de todos los estratos sociales. Un sistema de universidades privadas, en cambio, sería “clasista”, tendería a preservar los privilegios de los grupos dominantes.
Antes de seguir adelante, una cuestión semántica. “Gratuito” es lo que se da “de gracia”, aquello que puede obtenerse sin consumir recursos escasos, como la luz del sol, el oxígeno del aire, o el gesto solidario de un amigo. La enseñanza superior gasta recursos humanos y de capital en abundancia. Nada hay de gratuito en ella. Sencillamente no se cobra a los perceptores de los servicios el costo que insume prestarlos. sino que se financia con impuestos.
Quienes resolvieron utilizar este esquema financiero para resolver el problema de los estudiantes sin medios suficientes incurrieron en un flagrante error. El método no sólo implica una transferencia de ingresos de la comunidad en general a los estudiantes de escasos recursos, lo que puede esperarse qua redistribuya más igualitariamente la riqueza, sino también una transferencia de la comunidad en general a los estudiantes pertenecientes a los estratos económicos medios y altos, lo que no puede sino ampliar la desigualdad existente.
Los sectores sociales de menores ingresos suelen estar representados débilmente en la población universitaria, tanto porque sus jóvenes experimentan, por sus orígenes familiares, una desventaja cultural, como porque el costo de oportunidad de estudiar (la pérdida de ingresos por dedicar al estudio una porción apreciable del día) suele resultarles prohibitivo. Esto hace que la transferencia de la comunidad a los estudiantes de ingresos bajos sea mucho menor que la transferencia que la misma comunidad lleva a cabo en favor de los estudiantes pudientes.
Aaron Direktor, Profesor de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, fue el primero en demostrar, por el procedimiento que acabo de esbozar, que una sociedad que decida prestar la enseñanza superior cobrando a los educandos menos del costo que generan aumenta el grado de desigualdad económica que en ella reina. Tan concluyente ha resultado la demostración que en la literatura económica ha sido elevada al rango de ley científica: La “Ley de Direktor” suele llamársela.
El problema de los estudiantes de recursos insuficientes es solucionable sin actuar de manera regresiva sobre la distribución del ingreso y la riqueza, y a la vez en modo de contemplar al mismo tiempo el costo de oportunidad de estudiar, al que me refería hace un instante, que el método presente deja sin solución. Las soluciones posibles –becas y préstamos– ya han sido examinadas en BUSQUEDA y, sin perjuicio de volver sobre ellas en otra ocasión, no puede ser ésta la oportuna para analizarlas. Aquí sólo deseo preguntar: si la causa de la libertad y de la justicia social hablan sobre el tema con una sola voz, ¿cómo es que la opinión pública uruguaya se muestra inerte al respecto? ¿Cómo es que las autoridades se encierran en un silencio obstinado?
¿Realmente nos hemos resignado a ser un país de segunda o tercera categoría? O tal vez de cuarta: depende de cuantas categorías haya. Por el momento, en América Latina estamos, en punto a prescindir de las universidades privadas, solos con Haití. ¿O es que no nos hemos dado cuenta de la importancia decisiva de la enseñanza superior para el desarrollo del país?
Brasil tiene cien universidades, muchas de ellas privadas, Perú y Bolivia tienen algo así como siete cada uno, Paraguay tiene tres, Guatemala otras tantas…
Nosotros una, oficial y monopolista; una y ésa –¿quién osaría negarlo?– plagada de deficiencias. Una que tiene que restringir el ingreso a algunas facultades. dejando a los excluidos sin más alternativas que la emigración, que usa por aulas salas de teatro totalmente inadecuadas para ese fin, que se desentiende de la excelencia académica para seleccionar a sus docentes; una, en una palabra, que exhibe la característica indiferencia de quién está protegido contra toda emulación acerca de la calidad de sus servicios.
Si no hacemos nada para correguir nuestros viejos errores tampoco en un terreno como éste, donde todo es tan meridianamente claro, ¿qué esperanza nos queda de zafar de nuestra actual mediocridad?