El gobierno habrá conseguido una sensible mejora de su popularidad con la congelación de precios de los artículos escolares, y de los colegios privados, y con la concesión de un aumento salarial, resuelto a fines de febrero y retroactivo al primer día del mismo mes.
Ese incremento de apoyo popular durará cosa de un mes. Difícilmente queden rastros de él al cabo de dos. Lo que entonces conservará en su ánimo el uruguayo medio que ahora recibe complacido esas medidas, cuando sus efectos se hayan evaporado, y la realidad económica que deba enfrentar sea la misma hosca realidad de todos los días, será el resentimiento de quien advierte que ha sido defraudado con falsas esperanzas.
La historia económica del Uruguay del último cuarto de siglo –esa etapa que el régimen cívico-militar enjuicia tan severamente –no es más que una secuencia ininterrumpida de medidas como las que ahora se han adoptado. Sobre el carácter evanescente de su popularidad –no más duradera que sus efectos económicos– los políticos que por entonces gobernaban tenían la más clara conciencia. Pero frente a esa fugacidad del apoyo, aquellos hombres tenían su respuesta: la renovación permanente de las medidas, la repetición ad nauseam, bajo infinitas variaciones, de un mismo tema: la dádiva fácil por decreto.
En otras palabras, había coherencia en la irresponsabilidad. Ahora no puede haberla. Sin que por implicación pueda interpretarse que atribuimos a los hombres de este régimen una inclinación frustrada a esa odiosa clase de coherencia, sencillamente no puede haberla ahora, porque ella se nutría de una reserva de prosperidad que ya se consumió. Sólo pueden dilapidar riqueza los que la poseen. La dilapidan, por lo general, los que la han heredado. Y cuando una familia ya ha recorrido ese camino, sólo puede optar entre instalarse en la miseria y volver a practicar las virtudes que le habían permitido conquistar la fortuna perdida; pero la coherencia en el derroche ya no está en su repertorio de posibilidades.
El régimen actual liberó el mercado de cambios, eliminó los cupos de importación, borró el tope a las tasas de interés, descongeló la gran mayoría de los precios, devolvió el incentivo a la inversión agropecuaria, ajustó las tuercas a la recaudación fiscal y anunció la rebaja arancelaria; todas medidas que conllevaron alguna medida de impopularidad en el corto plazo; todas medidas que darán frutos en término no lejano, algunas que ya lo han dado generosamente. Los hombres que tienen actualmente la responsabilidad del gobierno deberían hacer, con frecuente periodicidad, un repaso de la historia reciente del sector externo uruguayo –todo aquello de las crisis de pagos, las misiones refinanciadoras que iban por el mundo sombrero en mano, las dificultades de abastecimientos y la exclusión del país del circuito de los prestatarios respetables– y derivar de ello una conciencia vívida de que la actual holgura de reservas, la actual fluidez de las importaciones, la actual óptima clasificación en los ambientes crediticios mundiales –cosas que no son el bienestar popular pero que sí son su prerrequisito inevitable –se deben a la política impopular del ‘74.
Ni que decir, no hemos reconocido en las medidas que motivan este artículo al gobierno que previamente se ha comportado con realismo y óptica de largo plazo, y ha recuperado para el país buena parte de su reputación de ente confiable. Tampoco él mismo puede haberse reconocido en ellas. Tiene que tener la íntima convicción de que ha incurrido en una inconsecuencia flagrante, de que inopinadamente se ha salido del terreno de la verdad.
Lo que no creemos es que calibren adecuadamente los hombres del régimen es el costo de ese paso en falso, en términos de imagen que se desdibuja, justamente cuando iba cobrando nitidez, justamente cuando más y más miradas la tenían en el foco de su atención. Porque si hubiesen calibrado correctamente sus costos, y la extrema trivialidad de sus beneficios, las medidas no se hubiesen adoptado nunca.
De vuelta en el terreno de la verdad, el gobierno se topará con el gran trabajo que le espera, que es el redimensionamiento y la reforma radical del sector público, sin lo cual el éxito de la empresa de recuperación en que el país está empeñado nunca podrá fructificar plenamente. La indudable dificultad de esa tarea no debería disuadirle de acometerla cuanto antes. De su seguramente sincera preocupación por el bienestar popular, el gobierno podrá extraer sin duda las fuerzas para ello. Al mismo tiempo debería extraer la lucidez necesaria para no volver a permitir que tan sana inquietud se desviara en pasos atrás como el que ahora acaba de darse.